En la administración de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) se dispararon las investigaciones abiertas por el Órgano Interno de Control (OIC) contra funcionarios por faltas graves y no graves, como incumplimiento en la declaración patrimonial, cohecho, desvío de recursos, desacato y abuso de funciones, lo que sumó, hasta junio pasado, 15 mil 243 expedientes abiertos.
EL UNIVERSAL hizo una revisión a los informes entregados por el OIC de la FGR ante la Cámara de Diputados desde 2019 hasta junio de 2025, que es el último disponible, pues el correspondiente al segundo semestre deberá entregarse en febrero de 2026.
La mayoría de las investigaciones en contra de funcionarios son por acusaciones consideradas “no graves”, pero tienen que ver con omisiones o deficiencias en su trabajo, así como inconsistencias en su declaración patrimonial o faltas de respeto entre ellos y hacia la ciudadanía. La clasificación de “no graves” tiene que ver con que no son acciones constitutivas de un delito, pero no porque no se considere un indicio de corrupción.

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Entre las faltas graves, aunque no son la mayoría, también se registró un aumento. Cuando en los primeros años se hablaba de una o dos faltas al año, 2023 cerró con 12 faltas graves y 2024 con 10; en lo que va de 2025 se tienen registradas tres.
Por cantidad, 58% de estas faltas graves están relacionadas con abuso de funciones, 17% por desvío de recursos, otro 17% por cohecho y 8% por desacato.
En diciembre de 2018, Alejandro Gertz Manero ingresó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como encargado de despacho y para el 18 de enero de 2019 tomó protesta como el primer fiscal general del país, como consecuencia de la reforma de 2014 que buscó dotar de autonomía a los ministerios públicos.
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En ese primer año, 2019, se abrieron mil 355 investigaciones en contra de funcionarios públicos de la FGR. Eso significó un aumento respecto al último año de existencia de la PGR (2018), cuando se abrieron mil 66 expedientes en la administración del exprocurador Alberto Elías Beltrán.
Para 2020 se abrieron mil 162 investigaciones, pero esa disminución pudo achacarse a las limitaciones de trabajo presencial que trajo consigo la pandemia de Covid-19 y las restricciones gubernamentales para combatir los contagios, según lo registra el mismo OIC en su informe de ese año.
También en ese año comenzó el retraso en la resolución de los expedientes, también derivado de la pandemia, pues mientras de 2019 a 2020 sólo se arrastraron 101 investigaciones, de 2020 a 2021 se quedaron pendientes 584.
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Para 2021, el Órgano Interno de Control abrió mil 812 investigaciones contra funcionarios y en total debían resolverse 2 mil 107, entre esas y las que se arrastraban de 2019. En 2022 se abrieron mil 356 investigaciones, pero ya debían resolverse 2 mil 944 en total.
Fue precisamente en 2022 cuando el OIC comenzó a entregar dos informes al año ante la Cámara de Diputados, uno en agosto y otro en febrero, dividido en periodos de enero a junio y otro de julio a diciembre.
En 2023 fue cuando se dispararon las investigaciones abiertas contra funcionarios de FGR, pasando a 2 mil 801. Además, se arrastraban expedientes desde 2019 y la mayoría se arrastraban de 2021, cuando antes sólo se debían de dos años atrás.
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En los informes de 2024 se registraron 2 mil 154 investigaciones en el primer semestre, de enero a junio; y mil 866 en el semestre de julio a diciembre, dando como resultado un total de 4 mil 20 expedientes abiertos en un solo año, una cifra que no se había registrado ni en la existencia de la PGR.
No sólo eso: para ese año aún se debía un expediente de 2019 por resolver y más de 39% de los 2 mil 876 pendientes correspondían a 2023.
Entre esos años las investigaciones abiertas por faltas graves, es decir, delitos como abuso de funciones, cohecho o desvío de recursos, nunca superaron las cuatro al año.
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