Comisiones aprueban reforma a la Ley de Vivienda; PAN alerta uso de ahorros de trabajadores

Sin el respaldo de la oposición, las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Primera, aprobaron la minuta a la reforma a la Ley de Vivienda, ley reglamentaria de la reforma constitucional avalada en 2024, que permitiría al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste) crear empresas filiales para comprar terrenos, construir o remodelar vivienda para su venta o renta.

Al fijar la postura de la bancada del PAN en contra del dictamen, el senador Ricardo Anaya Cortés señaló que el diagnóstico de Morena en cuanto a la falta de vivienda suficiente es correcto, pero advirtió que su partido no puede apoyar una reforma que pretende tomar los recursos de las Afores de los trabajadores para arriesgarlos y utilizarlos discrecionalmente en la construcción de vivienda.

“Es verdad, hacen falta más casas para maestros, para médicos, para maestras, para trabajadores de gobierno, eso está bien. Hace falta que las casas sean dignas, que sean más grandes, que estén bien ubicadas, que la gente no se tarde dos horas, tres horas en el transporte público para llegar, que tengan servicios de calidad. En eso estamos de acuerdo.

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“El problema es de dónde quieren tomar el dinero para construir esos fraccionamientos. (…) El problema de esta reforma es que le permite al gobierno de Morena tomar estos recursos, no recursos públicos, recursos de la gente que hoy están bajo su administración, para ponerse a construir fraccionamientos”, alertó.

“Este es dinero que está en las cuentas de banco de los ciudadanos. Y si sale mal el proyecto, la gente va a perder su dinero. Claro que queremos que haya vivienda digna, pero de ninguna manera vamos a acompañar este atraco, y es por eso que nuestro voto va ser en contra”, expuso.

Del PRI, la senadora Mely Romero denunció que detrás de una fachada de derechos humanos, “se esconde un asalto sin precedentes al patrimonio de las familias”.

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“Resulta inadmisible que el Ejecutivo federal pretenda tratar los fondos de la subcuenta de Vivienda como si fueran una extensión del presupuesto de egresos de la Federación. Debemos ser tajantes. Los más de 2.4 billones de pesos acumulados en el Infonavit y Fovissste son propiedad privada de trabajadores. Es el fruto de su esfuerzo personal, peso por peso se han ganado y peso por peso han aportado”, recalcó.

Dijo que la subcuenta de Vivienda que tienen los trabajadores en sus Afores no es una caja chica para proyectos de gobierno en turno y advirtió que la reforma del artículo 56 abre la puerta a que estos organismos utilizan ahorros individuales para actividades de alto riesgo, como adquisición de suelo, demoliciones y construcción directa.

“Este dictamen condena, sí, a repetir errores del pasado que no podemos permitir. El Estado ha demostrado ser ya un mal administrador en proyectos emblemáticos plagados de opacidad y de fallas. Qué decir de Segalmex, del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas. Y al permitir que el gobierno utilice discrecionalmente y los recursos, y decida dónde construir, dónde comprar suelo, etcétera, es como si estuviéramos entregando un cheque en blanco para el clientelismo electoral, y eso es lo primero que debemos evitar. El ahorro de los mexicanos no puede convertirse en capital de riesgo. Apoyamos la vivienda adecuada, pero rechazamos el despojo financiero en la práctica”, enfatizó.

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Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano (MC), bancada que votó en abstención, coincidió con PAN y PRI en rechazar que se haga uso de los ahorros de los trabajadores para que empresas filiales construyan vivienda.

“No estamos de acuerdo en que se delegue la construcción de vivienda a una empresa filial, de derecho privado, y sin participación tripartita. Mucho menos estamos de acuerdo en que se pongan en riesgo los recursos, los fondos de los trabajadores, que es dinero directamente recogido, recabado, de sus ahorros”, puntualizó.

Por Morena, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, defendió la reforma y aseguró que la oposición miente y quiere engañar al pueblo.

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“El dictamen establece un límite correcto y necesario para que ninguna de las acciones pueda comprometer la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos de vivienda y los derechos adquiridos de las personas trabajadoras. El decreto prevé que no habrá ampliaciones presupuestales derivadas de su entrada en vigor. (…) Hay que leer bien y no querer engañar a los que no van a poder engañar, porque el pueblo sabe que lo que se está haciendo es correcto y sí va a haber obviamente privados, tiene que haber, se necesitan, pero tiene que haber también más control y más participación de toda la sociedad”.

Huerta Ladrón de Guevara explicó que el cambio central es que se deja atrás la noción de vivienda digna y decorosa, y se adopta un concepto jurídicamente más preciso, más exigible y más útil para orientar la política pública, como es el de “vivienda adecuada”.

Destacó que la minuta incorpora en la ley los siete elementos de la vivienda adecuada: accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura; habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación.

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“Esto es especialmente relevante porque convierte un mandato constitucional en parámetros concretos para diseñar programas, evaluar resultados y, sobre todo, para que las personas sepan que pueden exigir legítimamente del estado este derecho.

Señaló que la reforma, en el artículo 56, da base legal expresa para que organismos del Infonavit y Fovissste, previa autorización de sus órganos de gobierno y conforme a sus programas, puedan adquirir, rehabilitar y construir vivienda, financiar la autoproducción, adquirir o urbanizar suelo, enajenar o arreglar viviendas e incluir servicios complementarios en conjuntos habitacionales.

“Al mismo tiempo, el propio dictamen establece una salvaguarda de que las acciones no podrán comprometer estas la la solvencia financiera de los fondos ni los derechos adquiridos de las personas trabajadoras.

“En suma, esta minuta fortalece la coherencia del marco jurídico, actualiza la ley conforme a la Constitución y estándares internacionales, amplía el alcance social de la política habitacional y dota de instrumentos más claros a las instituciones encargadas de hacer efectivo el derecho a la vivienda”, concluyó.

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