Comisión Interamericana alerta a México por crisis de desaparición de personas; documenta más de 130 mil casos desde 2006

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a México en su informe anual 2025, dentro del capítulo acerca de tendencias regionales, donde, a pesar de reconocer avances en política social, advirtió por el deterioro en materia de derechos civiles y políticos, seguridad y justicia.

En su balance, dicho organismo reconoce progresos en derechos sociales, como vivienda y condiciones laborales, pero subraya que estos no deben ocultar retrocesos que implican una regresión democrática. “Reconocer avances en derechos sociales no tiene porqué implicar guardar silencio ante retrocesos en derechos civiles y políticos”, advierte el informe.

Sobre la crisis de desapariciones, la CIDH documenta más de 130 mil personas desaparecidas desde 2006 y señala la ausencia de cifras oficiales acerca de cuerpos sin identificar. Además, alerta del desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana, la inoperancia del Banco Nacional de Datos Forense y considera insuficiente la reciente reforma a la Ley General en la materia.

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Además, documenta los peligros que enfrentan quienes buscan a personas desaparecidas y quienes defienden derechos humanos. Destaca que más de 20 mujeres buscadoras han sido asesinadas a partir de 2011, así como los ataques y homicidios contra personas defensoras registrados durante 2025.

En materia de seguridad, el órgano retoma preocupaciones de organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acerca de la militarización, particularmente por la nueva ley de la Guardia Nacional y su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que ampliaría sus facultades de inteligencia sin controles civiles suficientes y en un contexto de opacidad y falta de rendición de cuentas del Ejército.

También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte de la persistencia de la tortura en el país, la falta de armonización de la Ley General contra esta práctica y la tardía publicación del Programa Nacional correspondiente, tras más de siete años de omisión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Con referencia a la prisión preventiva oficiosa, el CIDH expresa preocupación por la reforma constitucional que amplió el catálogo de delitos a los que aplica, lo que ha derivado en un aumento de personas detenidas bajo dicha figura. Asimismo, alerta sobre la violencia y sobrepoblación en centros penitenciarios, así como el incremento de fallecimientos de personas privadas de la libertad, posiblemente vinculados a la falta de atención médica.

Por último, el informe señala la baja participación en la elección judicial y cuestiona la idoneidad de algunas personas electas para integrar el Poder Judicial. También advierte sobre el uso de “acordeones” en los comicios y retoma preocupaciones por la reforma a la Ley de Amparo, que restringe el interés legítimo y limita el acceso a la justicia.

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