Al presentar el informe “Desaparición de Personas en México”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que si bien las desapariciones ya no se promueven desde el Estado, prevalecen la impunidad y la complicidad de policías y funcionarios locales con el crimen organizado.
En el Museo Memoria y Tolerancia, la CIDH destacó que hasta el corte de junio de 2025 había en el país 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos sin identificar, lo que revela la crisis humanitaria y de derechos humanos que vive México en esa materia.
La Comisión Interamericana reconoce que la gran mayoría de las desapariciones son originadas por el crimen organizado, pero también se han documentado casos de connivencia entre criminales y autoridades encargadas de tareas de seguridad y de procuración de justicia.

“La desaparición forzada en México persiste y es un fenómeno masivo, generalizado y perpetrado principalmente por el crimen organizado, con participación o convivencia de agentes estatales. La impunidad es la regla y mientras no haya justicia a todos los niveles, la desaparición continuará. Es urgente revertir la impunidad y fortalecer la prevención y la justicia”, advirtió Andrea Viviana Pochak, vicepresidenta de la CIDH.
A la presentación del informe asistieron diversos colectivos de madres buscadoras, así como los subsecretarios de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina; y de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa, quienes remarcaron la voluntad del gobierno de la República por mantener un diálogo con organismos internacionales.
Arturo Medina resaltó que el gobierno de México estará construyendo “puentes y canales de comunicación” con la CIDH.
“La desaparición de personas es una prioridad nacional que requiere coordinación entre todos los niveles de gobierno y diálogo permanente con familias y colectivos. Hemos avanzado en reformas legales, protocolos de búsqueda, fortalecimiento institucional y creación de herramientas como la alerta nacional y bases de datos forenses. Reconocemos los retos pendientes, valoramos las recomendaciones de la CIDH y reafirmamos el compromiso de combatir este delito, atender a las víctimas y consolidar una política de Estado construida junto a las familias”, enfatizó el subsecretario de la Segob.
En tanto, Enrique Ochoa afirmó que el gobierno mexicano reconoce la magnitud que representa este flagelo, y reitera su firme compromiso para erradicarlo. “Si bien pueden existir enfoques distintos en el análisis y en el diagnóstico de este fenómeno, esto en ningún motivo, por ninguna circunstancia se niega ni se minimiza. No se minimiza el dolor de las personas y de las familias afectadas. Por ello, es que agradecemos sinceramente su presencia el día de hoy, y les transmitimos nuestra empatía, nuestro respeto y nuestra solidaridad”.
El subsecretario de Relaciones Exteriores señaló que México reconoce y valora el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las personas afectadas, así como su interés y diálogo constructivo por contribuir a los esfuerzos que se realizan en las distintas instituciones del Estado.
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“Solo en un marco de cooperación genuino vamos a poder lograr avanzar en la búsqueda de la verdad y de la justicia”.
Dijo que México es uno de los países que más coopera con los organismos y los mecanismos internacionales en materia de derechos humanos. “Mantenemos una relación de estrecha y abierta colaboración con los sistemas Universal e Interamericano de derechos humanos”.
Por su parte, Bibiana Efigenia Mendoza, del colectivo “Hasta encontraste”, calificó la actuación del gobierno de México de “vergonzosa”, al denunciar que desde 2018 los funcionarios federales se han cerrado al diálogo con organizaciones de madres buscadoras y de la sociedad civil.
“El gobierno federal jamás nos ha abierto las puertas a pesar de que de las hemos venido a tocar en múltiples ocasiones”, aseguró.
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