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La asociación civil Artículo 19 expresó su preocupación por la iniciativa que busca reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Tamaulipas, al advertir que la creación de un “Colegio de Periodistas” podría convertirse en un mecanismo de control estatal y de hostigamiento contra la prensa.
La propuesta fue presentada por la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Cynthia Lizabeti Jaime Castillo, y, a pesar de que en su exposición de motivos asegura que no busca censurar ni controlar el ejercicio periodístico, dicha organización no gubernamental advirtió que en los hechos abre la puerta a un sistema de “quejas” por posibles faltas éticas que podrían hacerse públicas.
De acuerdo con Artículo 19, el diseño del Colegio —o su vínculo con la Coordinación Estatal del Mecanismo de Protección— permitiría crear procesos que derivarían en exhibición pública de periodistas, en un contexto donde el gremio ya enfrenta campañas de desprestigio constantes.
Entre los principales focos de alerta, señaló la falta de claridad sobre la independencia de este Colegio, aunque la iniciativa lo define como un organismo autónomo. La organización advirtió que su cercanía con instancias estatales podría comprometer su actuación y abrir espacios de intervención indirecta del gobierno.
También cuestionó la definición restrictiva de quién puede ser periodista, al limitarla a quienes ejerzan “profesionalmente” la actividad, lo cual contraviene criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen el periodismo como una función social que no depende de títulos ni acreditaciones formales.
Otro de los puntos críticos es la facultad del Colegio de Periodistas con la intención de recibir quejas, emitir recomendaciones y hacer pronunciamientos públicos, lo cual —según la organización— podría derivar en “listas negras” o señalamientos que afecten la reputación de periodistas y medios de comunicación.
Además, pese a que la iniciativa establece que las resoluciones no serían sancionatorias, contempla medidas como sugerencias de disculpas públicas, capacitaciones o cambios en prácticas editoriales, lo que en la práctica podría convertirse en mecanismos de presión.
Dicha asociación civil expresó que preocupa que el Estado pretenda establecer criterios de “moralidad” o “ética” en el ejercicio periodístico, ya que, como ha señalado la SCJN, no existen parámetros universales para definir estos conceptos, por lo que el Estado debe mantener una postura de neutralidad.
Si bien la organización reconoció que existen colegios de periodistas en otros países, subrayó que los mismos deben operar con plena autonomía del Estado y con mecanismos internos que garanticen su independencia.
Recordó que promover estándares éticos en el periodismo es un objetivo legítimo, como lo plantean los Principios de Camden, pero advirtió que no debe traducirse en la creación de órganos que evalúen o exhiban públicamente el trabajo individual de periodistas, ya que ello pondría en riesgo la libertad de expresión.
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dft/bc
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