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Washington. Joe diGenova, el aliado del presidente Donald Trump a quien el fiscal general Todd Blanche, designó para supervisar la investigación sobre los antiguos funcionarios de las fuerzas del orden y de los servicios de inteligencia conspiraron contra el mandatario, informó este jueves de su dimisión al cargo.
Su salida provoca un revuelo inmediato en una investigación dirigida contra antiguos funcionarios del gobierno que han investigado a Trump durante la última década, entre otras cosas en relación con la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y su retención de documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida).
“De hecho, he dimitido”, declaró diGenova a The Associated Press, calificando de “honor y privilegio” haber servido a Trump y al Departamento de Justicia.
Aunque diGenova se negó a hacer declaraciones a la AP sobre las circunstancias de su dimisión, una persona familiarizada con el asunto, que insistió en mantener el anonimato para hablar de una decisión de carácter personal, afirmó que la salida se produjo en medio de una creciente frustración por parte del Departamento de Justicia y la Casa Blanca respecto al ritmo y la gestión de la investigación, fincada en Florida, y que ha avanzado a trompicones desde su inicio hace un año, con unos contornos poco definidos, aunque recientemente había dado muestras de actividad con nuevas citaciones que exigían testificar ante un gran jurado federal.
En una entrevista posterior concedida a The New York Post, diGenova respondió a las críticas sobre su gestión de la investigación afirmando: “Si se quieren presentar acusaciones sin pruebas, eso es un problema ético”.
¿Quién es Joe diGenova?
DiGenova, de 81 años, fue fiscal federal del Distrito de Columbia durante la administración de Ronald Reagan y lleva años siendo un estrecho aliado de Trump, lo que incluye su apoyo a los esfuerzos de este por impugnar su derrota electoral de 2020 y afirmar pública y repetidamente que el presidente fue víctima de una conspiración de los servicios de inteligencia.
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En abril volvió al Ministerio de Justicia y se le encomendó la responsabilidad de una investigación destinada a intentar demostrar la existencia de una conspiración que vulnerara los derechos de Trump.
La pesquisa se centra en si, en funcionarios de las administraciones de Barack Obama y Joe Biden fueron parte de dicha conspiración cuyo objetivo era impedir que Trump ocupara un cargo político.
Sin embargo, cinco meses después, no se han presentado cargos y sigue sin estar claro si se presentarán, ni qué información se ha recabado para respaldar la hipótesis de un complot contra Trump.
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El mandatario alega que una evaluación de la comunidad de inteligencia que determinó que Rusia interfirió en su favor en las elecciones presidenciales de 2016 fue una conspiración del “Estado profundo” para socavar la legitimidad de su victoria.
Además, durante gran parte de su primer mandato se vio acosado por una investigación del fiscal especial del Departamento de Justicia, que concluyó que Rusia había interferido de forma generalizada para ayudar a que Trump resultara elegido, aunque la investigación no encontró pruebas que demostraran una conspiración delictiva entre Moscú y su campaña. Múltiples investigaciones gubernamentales, incluida la del inspector general del Departamento de Justicia, han identificado errores y omisiones significativos en la gestión del FBI de la investigación sobre Trump y Rusia, pero no encontraron pruebas de conducta delictiva por parte de altos cargos de las fuerzas del orden.
Obstáculos en la pesquisa
La investigación sobre la conspiración contra Trump, que lleva ya un año en marcha, ha sufrido tropiezos anteriormente, entre ellos la salida del equipo, el pasado mes de abril, de un fiscal de carrera especializado en seguridad nacional que había desempeñado un papel clave en la investigación, pero que fue sustituido tras plantear dudas sobre el caso.
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Las pesquisas enfrentan, además, un recurso judicial interpuesto por el exdirector de la CIA, John Brennan, quien ha sido investigado por las acusaciones de que mintió al Congreso en 2023 sobre la elaboración del informe de evaluación de la comunidad de inteligencia, algo que tanto él como sus abogados han negado. En julio, Brennan demandó al Departamento de Justicia para obtener una orden judicial que exigiera la conservación de todos los documentos de la investigación, con el fin de poder impugnar cualquier posible acusación que se presente alegando que se trata de un proceso judicial vengativo.
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