Robert Alexy murió el pasado 5 de septiembre, cuatro días antes de cumplir 81 años. Con él desaparece uno de los juristas que más contribuyeron a modificar la forma en que, durante el último medio siglo, se pensaron los derechos fundamentales, la argumentación y la jurisdicción constitucional. Su trayectoria permite advertir algo que suele olvidarse: las transformaciones de la ciencia jurídica no comienzan necesariamente con grandes respuestas, sino con preguntas suficientemente incómodas.
Alexy nació en Oldemburgo en 1945. Estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de Gotinga. Esa doble formación terminó convirtiéndose en el programa intelectual de su vida: pensar el derecho sin reducirlo ni a la mera autoridad ni a la pura moralidad. Su tesis doctoral, publicada en 1978 como Teoría de la argumentación jurídica, partió de una dificultad elemental: si las normas no contienen por anticipado todas las respuestas posibles, ¿cómo distinguir una decisión jurídicamente justificada de una mera expresión de voluntad?
Alexy no inventó el problema de la argumentación, pero dio una de las formulaciones más influyentes de su tiempo. Allí donde el texto no determina por sí solo una solución, el jurista debe ofrecer razones y someterlas a ciertas exigencias de racionalidad. La decisión jurídica dejó de concebirse únicamente como resultado de una operación de subsunción y pasó a entenderse también como una práctica de justificación.
Su Teoría de los derechos fundamentales profundizó ese desplazamiento. La distinción entre reglas y principios, y la caracterización de estos últimos como mandatos de optimización, proporcionaron una nueva manera de comprender los conflictos entre derechos. Si libertad, igualdad, seguridad o privacidad pueden entrar en tensión, no basta con declarar que uno de esos bienes debe prevalecer. Hay que explicar por qué.
De ahí la centralidad que adquirieron la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. La teoría de Alexy terminó influyendo en tribunales constitucionales, cortes supremas y universidades de numerosos países. En Europa y América Latina su vocabulario se convirtió en parte habitual del constitucionalismo contemporáneo.
Ese éxito, sin embargo, produjo también un problema.
La ponderación fue concebida como un intento de racionalizar decisiones difíciles, pero sus críticos advirtieron desde temprano que podía convertirse en una vía para ampliar la discrecionalidad judicial. Si todo puede ser pesado y comparado, ¿qué impide que el juez presente como racional una preferencia que en realidad fue adoptada intuitivamente?
La objeción no es menor. Tampoco ha sido resuelta de manera definitiva.
Por eso la obra de Alexy importa no sólo por las respuestas que propuso, sino por las controversias que obligó a mantener abiertas. Se ha discutido su distinción entre reglas y principios, la racionalidad de la ponderación, la fórmula del peso y, sobre todo, su tesis acerca de la conexión necesaria entre derecho y moral.
En El concepto y la validez del derecho, Alexy sostuvo que el derecho formula una pretensión de corrección. Frente a las concepciones positivistas que niegan una conexión necesaria entre derecho y moral, propuso que la juridicidad no puede agotarse en la competencia de quien decide ni en la eficacia de lo decidido. El derecho, en su concepción, contiene también una dimensión crítica.
Puede disentirse de esa conclusión. De hecho, buena parte de la filosofía jurídica contemporánea lo ha hecho. Pero una teoría transforma una disciplina no cuando elimina las controversias, sino cuando consigue que incluso sus adversarios deban discutir los problemas que ella ayudó a formular.
Ésa quizá sea la medida más adecuada para valorar a Alexy.
Después de su obra resulta difícil hablar de derechos fundamentales sin preguntarse por las condiciones de su restricción; hablar de jurisdicción constitucional sin discutir la justificación de las decisiones; o hablar de validez jurídica sin enfrentarse, de algún modo, a la cuestión de la corrección.
¿Qué significa entonces tomarse en serio la justicia?
No significa aceptar sin reservas la teoría de Alexy. Tampoco convertir la proporcionalidad en una fórmula ritual ni utilizar la ponderación como sustituto de la argumentación. Significa exigir que entre el ejercicio del poder y la afectación de los derechos exista algo más que autoridad: razones susceptibles de ser defendidas y discutidas.
Robert Alexy dejó libros, conceptos y debates. Dejó también una exigencia que conserva plena vigencia: allí donde el poder decide sobre los derechos de las personas, la razón debe poder pedir cuentas.
Tal vez ésa sea una de las formas más exigentes de tomarse en serio la justicia.
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