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Miami.— Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó su propia guerra contra el narcotráfico en Latinoamérica y el Caribe, nadie puede verificar de forma independiente y completa el supuesto éxito de los enfrentamientos. La versión que domina el debate político sigue siendo la del propio gobierno estadounidense, que ordena y ejecuta los ataques.
El pasado 7 de marzo, Trump anunció el Escudo de las Américas contra los cárteles, conformado por 17 países que, según la administración estadounidense, están listos para “operar el poder duro” contra los cárteles de las drogas, y aseguró que estas organizaciones “narcoterroristas” deben ser “demolidas” hasta donde lo permita la ley. Sin embargo, no presentó un sistema externo de control sobre resultados, errores o víctimas.
Panamá aparece en este esquema como socio activo. La presidencia panameña, encabezada por José Raúl Mulino, dijo que la prioridad sería la “erradicación de los cárteles”, con una política de “tolerancia cero” frente a pandillas y criminalidad.
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Ecuador ocupa un lugar todavía más central. Con EU, han lanzado operaciones contra “organizaciones terroristas designadas” en Ecuador. Entre ellas, una en la frontera, en Sucumbíos, en la que, según ambos gobiernos, bombardearon un campamento de presuntos paramilitares y un área de entrenamiento para narcotraficantes.
Sin embargo, el diario The New York Times informó que el lugar bombardeado no tenía conexión con el narcotráfico y parecía ser “una pequeña granja lechera y ganadera”. El dueño del predio dijo que “es mentira que aquí entrenaban 50 personas”. El gobierno ecuatoriano alegó que encontró armas y “evidencia de actividad ilícita”, pero no la hizo pública.
El Ministerio ecuatoriano ha reportado “nuevos golpes” conjuntos en el mar, la intercepción de tres narcolanchas y otro operativo valorado en 19 millones de dólares, pero no hay alguna organización no gubernamental que pueda corroborar la estela de aparentes colaboraciones exitosas.
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Narcolanchas
En Panamá, en Ecuador y en Washington, los resultados los comunican los mismos gobiernos que diseñan la estrategia, aportan inteligencia, ejecutan las operaciones o capitalizan políticamente su impacto. No hay en los documentos revisados una comisión internacional, una auditoría regional o un mecanismo independiente y permanente que certifique blancos, víctimas o daños.
Un alto funcionario del Pentágono dijo al Congreso que, hasta marzo de 2026, EU había ejecutado 45 ataques cinéticos, en los que mató a 157 supuestos miembros o afiliados de organizaciones narcoterroristas y destruyó 47 embarcaciones. En ese mismo documento sostuvo que los movimientos de lanchas de droga cayeron 20% en el Caribe y 25% en el Pacífico oriental, que el flujo de fentanilo se desplomó 56% y que el de cocaína cayó más de 20%.
“El problema es que esas cifras no están certificadas por una auditoría independiente. Son números producidos por la misma estructura que dirige la campaña”, dice a EL UNIVERSAL la analista Bárbara Gutiérrez.
La afirmación más ambiciosa de Trump fue que la droga que entra a Estados Unidos por mar cayó 97%, pero PolitiFact revisó esa frase y la calificó como falsa; aseguró que los datos usados por la Casa Blanca no permiten medir cuánta droga entra realmente al país y nadie puede afirmar con precisión un porcentaje así. “Esa cifra es imposible de conocer”, resumió la organización enfocada en verificar la información que difunden gobiernos y funcionarios.
La verificación falla también porque el gobierno mezcla indicadores que no dicen lo mismo. PolitiFact mostró, por ejemplo, que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP) registró caídas en algunas incautaciones aéreas y marítimas, mientras la Guardia Costera reportó un aumento de 200% en cocaína decomisada en el año fiscal 2025. “La Casa Blanca presenta una baja de incautaciones como prueba de éxito, mientras otra agencia presenta un alza de incautaciones como prueba de éxito. Las dos cosas no pueden demostrar al mismo tiempo que el flujo real de droga cayó”, subraya Gutiérrez.
PolitiFact subrayó que EU “no ha aportado ninguna evidencia” de que las embarcaciones atacadas en los casos citados por Trump realmente llevaran droga. Esa es una objeción central. “Si el gobierno no exhibe pruebas de que las lanchas transportaban droga, tampoco puede usar esos ataques como evidencia seria de una reducción del tráfico de drogas al interior del país”, señala Gutiérrez.
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Cada quien su recuento
Los recuentos de muertos también están en disputa. En noviembre de 2025, expertos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hablaban de al menos 15 ataques y 64 muertos. En enero, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) dijo que ya iban 36 ataques y al menos 125 muertos. El 31 de marzo, Human Rights Watch elevó el balance a 47 ataques y 163 muertos. Frente a eso, el Pentágono hablaba de 45 ataques y 157 muertos en marzo. No hay una cifra única, verificada por un órgano independiente.
Los datos sobre heridos y sobrevivientes son todavía más opacos. Las notas oficiales resaltan muertos y embarcaciones destruidas. En algunos casos, el Comando Sur ha señalado la existencia de sobrevivientes, pero nunca informa qué pasó con ellos. “El registro público está hecho para mostrar un golpe militar, no para rendir cuentas completas sobre las consecuencias humanas”, afirma Gutiérrez.
La forma en que el gobierno identifica a los muertos agrava el problema, ya que el Comando Sur suele describir a las víctimas como “narcoterroristas” y cerrar el caso en la misma línea del comunicado. Human Rights Watch dijo en diciembre de 2025 que, hasta entonces, 26 ataques habían matado al menos a 95 personas, “ninguna de las cuales ha sido identificada” por el gobierno de Estados Unidos. Si el Estado mata y no identifica públicamente a los muertos, la verificación queda rota desde el inicio.
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AP reconstruyó quiénes eran varios de los hombres muertos y encontró una realidad más compleja que la versión oficial. Entre ellos había un pescador, un excadete, un chofer y también personas vinculadas al contrabando. En muchos casos, señaló la agencia informativa, las personas que viajaban en las embarcaciones trabajaban para redes criminales, pero no aparecían grandes jefes de cárteles.
Expertos de la ONU han condenado lo que llaman “ejecuciones extrajudiciales” y advierten que “el derecho internacional no permite a los gobiernos simplemente asesinar a presuntos narcotraficantes”. “Cuando un organismo internacional como la ONU pide una investigación imparcial de toda esta campaña, está diciendo que la versión del gobierno estadounidense no basta”, concluye Gutiérrez.
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cdm
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