Vecinos de la colonia Del Valle sostuvieron una reunión con la fiscal general de Justicia (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, y el secretario de Gobierno (Secgob), César Cravioto, en la que acordaron instalar una mesa permanente de trabajo para atender los casos de despojo y dar seguimiento a las investigaciones.
Al término del encuentro, la representante de Copaco Del Valle, Alicia Camps calificó la reunión como “larga, pero productiva” y aseguró que existe voluntad por parte de las autoridades para atender cada expediente.
“Se queda instalada una mesa de trabajo permanente; dentro de un mes se le va a dar seguimiento. Hay voluntad tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Gobierno”, afirmó.

Mientras el abogado Arturo Santana informó que, durante la reunión, la Fiscalía captó más de 100 asuntos de personas que acudieron a denunciar presuntos despojos y exigir atención a sus carpetas de investigación. Además, indicó que, hasta el momento, existen alrededor de 300 casos de despojo solucionados en la capital.
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“Se solicitó la detención y la judicialización de todos y cada uno de los expedientes que se encuentran en el Gabinete de Seguridad de Prevención y Lucha contra el Despojo, todos, sin excepción. Se captaron más de 100 asuntos el día de hoy. Se informó que a la fecha tienen 300 casos ya solucionados en materia de despojo, se nos hace muy poco por la cantidad de carpetas de investigación que existen abiertas”, afirmó.
Sobre este tema, Alicia Camps aclaró que esa cifra (300 casos resueltos) corresponde únicamente a lo informado por César Cravioto, ya que “tampoco nos consta sinceramente (que se hayan resuelto los 300 casos) estamos repitiendo meramente de las palabras del secretario”.
Sobre la posibilidad de que sea detenida Virginia, señalada por algunos vecinos como presunta despojadora en la Del Valle, Alicia Camps indicó que ya entregaron toda la información a las autoridades, pero evitó adelantar posibles acciones judiciales.
Y es que la vecina reiteró que, por el sigilo de las investigaciones, las autoridades solicitaron no revelar detalles de los avances, aunque garantizó que cada caso será revisado de manera individual.
“Nosotros ya dimos los datos. Por el sigilo de las carpetas no podemos dar esa información; sólo les puedo decir que hay voluntad”, declaró.
Arturo Santana informó que César Cravioto también asumió el compromiso de reforzar la vigilancia en zonas identificadas como focos rojos para prevenir nuevos despojos, aunque dijo que no se revelarán las ubicaciones por razones de estrategia y para no afectar las investigaciones en curso.
Además, resaltó que la Fiscalía reconoció oficialmente que en la Ciudad de México opera una red dedicada al despojo de inmuebles.
Al respecto, Alicia Camps recalcó que la propia fiscal distinguió dos tipos de casos: los conflictos patrimoniales entre familiares y aquellos cometidos por grupos organizados.
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“Ya admitieron que hay una red articulada de despojo; no es un caso, son muchos. Se va a hacer una investigación a fondo”, señaló.
Ante ello, los vecinos solicitaron que en la siguiente reunión participe también el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y representantes del Registro Público de la Propiedad, pues consideraron que forman parte de la estrategia para combatir este delito.
Arturo Santana también solicitó la judicialización de todos los expedientes relacionados con despojos que integran el gabinete, y agregó que las investigaciones no se deben detener contra ningún servidor público que pudiera estar involucrado en estos delitos.
“Se solicitó que no se detenga la acción penal contra cualquier funcionario que esté coludido; que se proceda porque evidentemente hay colusión”, sostuvo.
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Como parte de los acuerdos, Arturo Santana, hijo de Carlota –mujer que asesinó a dos presuntos despojadores en el Edomex– anunció que impulsarán un paquete de reformas legales para fortalecer el combate al despojo de inmuebles.
A diferencia del aumento de penas por despojo que se realizó en el Edomex inspirado por el caso de Carlota, el también abogado refirió que la propuesta que construirán contempla modificaciones a diversos ordenamientos, además del Código Penal, para agilizar la recuperación de propiedades, endurecer las sanciones y convertir el despojo en un delito grave.
De igual forma planteó aumentar las penas cuando participen servidores públicos y establecer mecanismos que eviten que personas despojadas de viviendas adquiridas mediante Infonavit o Fovissste continúen pagando créditos mientras sus inmuebles permanecen ocupados ilegalmente.
“Entonces, más que homologar (Edomex-CDMX) es crear una legislación eficiente que le dé uñas, que le dé dientes a las fiscalías para que puedan combatir más efectivamente este ilícito (…) son penas, seguimiento a los casos, indudablemente que esto debe de convertirse en un delito grave, por ende, debe de haber incremento de la penalidad para que los invasores no puedan salir de la cárcel de manera inmediata, y evidentemente, cuando se ha cometido por un servidor público, pues la pera se tendrá que agravar”, concluyó.
vr/cr
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