Tras lamentar la pérdida de vidas y expresar su solidaridad con las personas lesionadas por la explosión registrada este viernes en la colonia Minas de Cristo, perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón, la presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso local, la panista Lizzette Salgado, señaló que las investigaciones deberán esclarecer dónde se originó el siniestro, sus causas y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
Sin embargo, advirtió que independientemente de lo que determinen los peritajes, lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las medidas de prevención relacionadas con el uso cotidiano de Gas LP en la Ciudad de México.
“El gas está presente todos los días en viviendas, restaurantes, mercados, tianguis y puestos de comida. Es un riesgo que conocemos y que podemos reducir. La pregunta es qué estamos haciendo antes de que ocurra un accidente”, señaló.

Salgado advirtió que no se trata de un riesgo excepcional, pues entre enero de 2019 y enero de 2026 se registraron casi cuatro mil 500 emergencias relacionadas con fugas de gas en la Ciudad de México, de acuerdo con información oficial.
Por ello, consideró necesario fortalecer los protocolos existentes, las revisiones preventivas y, especialmente, la capacitación para el uso seguro de Gas LP tanto en viviendas como en establecimientos, mercados, tianguis y puestos fijos o semifijos.
“Necesitamos fortalecer la capacitación de quienes utilizan Gas LP, pero también saber quién revisa las instalaciones, con qué periodicidad, bajo qué protocolos y con qué capacitación; qué hacemos para que las personas conozcan los riesgos, mantengan instalaciones seguras y sepan cómo actuar cuando detectan una fuga o una condición peligrosa”, afirmó.
La diputada sostuvo que, independientemente del origen de la explosión, miles de establecimientos y comercios en vía pública utilizan diariamente Gas LP, lo que incrementa el número de personas potencialmente expuestas a este riesgo. Por ello, consideró necesario fortalecer la supervisión preventiva de estos negocios, con la participación de las unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y garantizar que la seguridad de las instalaciones y la prevención de accidentes sean una prioridad de la autoridad.
“El comercio en vía pública es una realidad cotidiana de nuestra Ciudad y representa el ingreso de miles de familias. La respuesta no puede ser perseguir a quienes trabajan ni tolerar condiciones inseguras. La obligación de la autoridad es prevenir, orientar, capacitar y corregir riesgos antes de que se conviertan en emergencias”, señaló.
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