Olivia Garza asume la presidencia del Congreso de la CDMX; escucharé a todos, pero no beneficiaré a nadie, dice

La panista Oliva Garza fue electa como presidenta del Congreso de la Ciudad de México.

Tras una votación por cédula, la legisladora fue elegida con 56 votos a favor.

Al emitir un mensaje tras su nombramiento, aseguró que la presidencia del Congreso no pertenece a quien la ocupa, a un partido político o a una mayoría, por lo que escuchará a todos, pero no beneficiará a nadie.

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La imparcialidad de una presidencia no depende del partido político del que provenga quien la ocupa. Depende de su conducta, de sus decisiones y de su capacidad para aplicar las mismas reglas a todas las fuerzas políticas, aun cuando hacerlo resulte incómodo. No se demuestra imparcialidad renunciando a una identidad política. Se demuestra respetando la ley por encima de cualquier interés partidista”, comentó.

En este sentido, aseguró que no ejercerá una presidencia autoritaria, ni utilizará el Reglamento para silenciar voces, impedir debates o imponer decisiones que le corresponden al Pleno.

“Pero tampoco ejerceré una presidencia débil. No permitiré que la apertura al diálogo sea confundida con permisividad. No aceptaré que el peso político de una mayoría, la presión de una minoría o el interés de una persona se coloquen por encima de las normas que rigen a este Congreso. Nadie será excluido, nadie será favorecido y nadie estará por encima de la ley”, señaló.

Expuso que conducirá las sesiones con orden, respeto al procedimiento y garantías para que la mayoría pueda construir decisiones y las minorías puedan participar, argumentar, disentir y ser escuchadas. “Pero ni la mayoría podrá apropiarse del Congreso ni nadie podrá paralizarlo. “La fuerza de los votos no puede convertirse en abuso y el derecho a disentir no puede transformarse en obstrucción”.

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Olivia Garza argumentó que en esta Legislatura existen diferencias políticas profundas y representa distintas visiones de ciudad, diferentes prioridades y distintas maneras de entender el ejercicio del poder.

“No corresponde a la Presidencia borrar esas diferencias ni resolverlas mediante decisiones unilaterales. Nuestra obligación es conducirlas institucionalmente. Cuando la norma sea clara, la aplicaremos. Y cuando exista una controversia, la resolveremos con argumentos jurídicos, no con cálculos políticos. La ley no puede tener un significado para unos y otro para los demás”, mencionó.

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mahc/LL