Colombia: de la integración a la criminalización de los migrantes 

En días pasados, el presidente De la Espriella anunció el inicio inmediato de expulsiones de quienes denomina “inmigrantes ilegales” que permanecen en Colombia. Para ello, impartió instrucciones a la Policía Metropolitana de Barranquilla y a Migración Colombia para realizar operativos dirigidos, en un primer momento, contra extranjeros que presuntamente estén cometiendo delitos y, posteriormente, contra aquellos que no tengan regularizada su situación migratoria, con el propósito de iniciar los correspondientes procesos de deportación.

El anuncio no constituye simplemente una nueva medida de control migratorio. Es la fiel copia del acoso e intimidación que se está dando en los Estados Unidos contra los migrantes, en una clara intención del actual presidente colombiano de congraciarse y mostrar su incondicionalidad ante los intereses norteamericanos. Se da así un preocupante cambio de orientación en la política que Colombia había construido durante los últimos gobiernos de Santos, Duque y Gustavo Petro. El país había avanzado en mecanismos de acogida, regularización e integración de la población migrante, particularmente ante la llegada masiva de venezolanos. Esa política convirtió a Colombia en un referente regional y obtuvo un importante reconocimiento internacional.

Hoy parece producirse un giro lamentable: de regularizar e integrar a perseguir, detener y expulsar. La nueva orientación resulta todavía más preocupante por el lenguaje utilizado para justificarla. Hablar de “inmigrantes ilegales” no es una cuestión meramente semántica. Las personas no son ilegales. Pueden encontrarse en una situación migratoria irregular por carecer de determinados documentos o autorizaciones administrativas, pero esa condición no las convierte automáticamente en delincuentes. Confundir irregularidad migratoria con criminalidad contribuye a construir socialmente al migrante como amenaza.

El cambio resulta paradójico si se recuerda lo que fue la política colombiana frente a la migración venezolana durante la administración del derechista Duque. En aquellos años, la recepción de venezolanos fue utilizada también como elemento del discurso político frente al gobierno de Nicolás Maduro y para las diversas elecciones. Paralelamente, Colombia implementó mecanismos como el Permiso Especial de Permanencia y posteriormente avanzó hacia fórmulas más amplias de regularización. Esos instrumentos tuvieron limitaciones y la regularización documental no siempre significó una integración efectiva ni garantizó plenamente el acceso al empleo digno, la salud, la educación o la protección social. Ahora el discurso político parece invertirse. Parte de esa población de la cual se sirvieron diferentes sectores económicos y políticos, comienza a ser presentada como un problema de seguridad y, de manera directa o indirecta, como corresponsable de la violencia y la delincuencia que afectan al país.

Este desplazamiento discursivo es peligroso porque convierte una condición administrativa —carecer de un estatus migratorio regular— en una característica sospechosa de la persona. La asociación entre migración y criminalidad parece no manejarse con responsabilidad. No basta señalar la participación de extranjeros en determinados delitos para concluir que la inmigración genera inseguridad, debe haber pruebas. Diversas investigaciones realizadas en Colombia y otros países han advertido que la relación entre incremento de los flujos migratorios y aumento de la delincuencia no solo es débil, sino que es menor a la que percibe el Gobierno. Esto no significa negar que algunos migrantes cometan delitos, el problema surge cuando el comportamiento delictivo de individuos determinados se utiliza para estigmatizar a una población completa. Precisamente por ello resulta indispensable separar dos cuestiones: combatir la delincuencia y criminalizar la migración son cosas completamente diferentes que el presidente colombiano parece no entender.

En medio de la actual retórica de seguridad parece olvidarse otro aspecto fundamental: los migrantes no solamente demandan servicios; también producen riqueza, consumen, pagan impuestos, crean empresas, trabajan y contribuyen a las economías de las sociedades receptoras. Durante los últimos años, empresas colombianas pequeñas, medianas y grandes se han beneficiado del trabajo de miles de migrantes. Muchos de ellos, precisamente debido a su vulnerabilidad migratoria, aceptaron salarios bajos, empleos informales, jornadas extensas, ausencia de prestaciones sociales, salarios insuficientes y escasa capacidad para reclamar derechos laborales. Además, después de varios años, numerosos migrantes han dejado de ser simplemente personas “de paso”. Han formado familias, establecido relaciones laborales, creado negocios, escolarizado a sus hijos y construidos vínculos comunitarios. Son parte de la sociedad colombiana.

El problema es que las redadas y las deportaciones masivas al estilo americano difícilmente eliminan las causas que originan los movimientos migratorios, no necesariamente detienen la movilidad, pero si puede alimentar la xenofobia, generar mayores tensiones sociales y aumentar la vulnerabilidad de quienes ya se encuentran en condiciones precarias. Pero sobre todo promueven la clandestinidad y favorecen que traficantes de personas, redes de explotación laboral, extorsionadores y organizaciones criminales sean los verdaderamente beneficiados. ¿Será que eso se quiere? Hay que recordarle al presidente De la Espriella que estar en condición migratoria irregular no es lo mismo que ser delincuente. Y migrar no es un delito.

Investigador CIALC-UNAM

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