Huachicol fiscal, “los negocios más jugosos al amparo del poder llevan el visto bueno del Presidente”

Una de las frases que más claramente retratan el fenómeno de la corrupción -no sólo en México, sino en todo el mundo- la pronunció el expresidente López que aseguró que “los negocios más jugosos que se hacen al amparo del poder público, llevan el visto bueno del Presidente”.

El subtexto de dicha afirmación sirve para distinguir entre corruptelas y corrupción y da un paso más allá para explicar que existen casos extraordinarios que no podrían ocurrir sin el beneplácito del más alto nivel.

Sirva de breve recordatorio que tanto las corruptelas como la corrupción tienen como fin usar los bienes públicos como si fuesen activos personales para obtener un beneficio; que la diferencia entre ambas es su alcance y daño; que se consume mediante sobornos, desvío de recursos, tráfico de influencias, nepotismo, extorsión, fraude, malversación de fondos, compartir información privilegiada, entre otras acciones.

Para que se pueda consumar una simple corruptela se necesita de alguien que facilite un trámite que no trastoque la natural vida administrativa de instituciones y presupuestos y que el monto recibido por el servidor público no modifique sus finanzas ni su modo de vivir.

En esta situación los involucrados suelen ser una o pocas personas y por su naturaleza no necesita incluir a algún mando.

Para ejecutar un acto de corrupción -es decir un acto que afecte sustancialmente el presupuesto de una institución, que ponga en riesgo la ejecución de algún programa, que dañe la vida de una comunidad- es necesario contar con una red de personas que autorice gastos o movimientos extraordinarios y otra que calle y no exponga la anomalía del hecho.

Mientras más grande sea el daño al erario y/o a las comunidades, más alto es el nivel jerárquico requerido de los participantes y mayor el número de personas que deben permanecer en silencio dentro de las instituciones.

En una institución de gobierno muchos se dan cuenta cuando un trámite, un gasto o un movimiento de otros recursos, no corresponde a los procesos, a programas y presupuestos; la mayoría de aquellos que no denuncian lo hacen por temor -a ser sancionados, a perder el trabajo o algo peor-, algunos por apatía -la idea que siempre es así y que nada cambiará si ellos denuncian-; sólo algunos callan porque reciben algún tipo de beneficio.

Lamentablemente quienes denuncian rara vez ven detonarse investigaciones y por lo general pagan en carne propia su valor civil.

Si bien las corruptelas son las más comunes y son aquellas que por su frecuencia merman más la confianza en las instituciones y más favorecen la cultura de la ilegalidad; la corrupción es la que más daña a la sociedad, particularmente aquellos casos extraordinarios que obviamente requieren complicidades a los más altos niveles.

Los grandes desfalcos son en parte responsables del mal estado de las instituciones e infraestructuras, de los altos niveles de incidencia delictiva y violencia, de la mala calidad educativa, de la ausencia de medicamentos, de la marginación social.

Sin embargo, pese a que todo gobierno promete combatirlos, con cada nueva administración la situación empeora y la impunidad en torno a ellos crece.

Los casos más graves de corrupción de la historia de nuestro país ocurrieron en dos sexenios: la denominada Estafa Maestra por 8 mil millones de pesos en el sexenio del ex presidente Peña y los de Segalmex y de Huachicol Fiscal -el primero por 17 mil millones y el segundo por 660 mil millones de pesos- en el sexenio de López.

En el caso de la Estafa Maestra sólo 3 personas fueron sentenciadas por la vía penal y al menos 11 exfuncionarios de manera administrativa. La única funcionaria de alto nivel que fue encarcelada -en un caso plagado de violaciones al debido proceso y pruebas incriminatorias falsas- por 3 años, fue Rosario Robles.

Por lo que se refiere al caso de Segalmex sólo 4 exfuncionarios fueron inhabilitados y se les impuso una multa solidaria de 778 millones de pesos (el 5% del monto del daño al país) por el uso indebido de recursos públicos y nada más; por ejemplo, el entonces titular, Ignacio Ovalle, ha gozado de total impunidad.

El mismo ex presidente López, tras el destape de dicho delito, salió a defenderlo y lo llamó “una gente honesta”, pidió su renuncia y lo premió con el cargo de titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

En la última semana el caso de Huachicol Fiscal ha estado presente en todos los medios de comunicación debido a la expulsión de territorio argentino del contralmirante Fernando Farías; de las entrevistas que su esposa concedió a medios donde defiende la inocencia de su marido y describe la red de complicidades que ocurrieron en dicho caso; tras la noticia de que la Fiscalía General de la República no localiza al ex Secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien fue citado a declarar y tras que los nombres del ex Secretario de Gobernación, Adán López y el hijo del expresidente López, Andy, fueran incluidos en dicha investigación judicial.

A la fecha 14 personas han sido detenidas, el contralmirante Fernando Farías y su hermano el vicealmirante Manuel -son los funcionarios de mayor rango- y 12 personas más -entre las cuales se incluyen 3 empresarios, 5 marinos en activo y 1 en retiro-.

¿Es creíble pensar que menos de 20 personas fueron capaces de engañar a autoridades aduaneras, petroleras, de seguridad federal y local y administrativas? ¡Absolutamente no! Es evidente que faltan muchos, muchos más responsables que investigar y eventualmente sancionar.

Si todos “los negocios más jugosos que se hacen al amparo del poder público, llevan el visto bueno del Presidente”, es hora que no se desaproveche la oportunidad de sancionar a todos los involucrados en el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país: el Huachicol Fiscal.

La investigación debe tener como fin identificar a la red de personas involucradas y su nivel de participación, debe ser conforme al debido proceso; sin proteger a algunos y fabricar culpables en otros; debe llegar a sus últimas consecuencias; debe recuperar montos y reparar daños y debe ser un ejemplo de cómo sí en México se puede combatir la corrupción.

De lo contrario no deberá sorprendernos que el próximo destape de casos de corrupción sea por montos aún mayores y sea capaz de dañar del todo la confianza en nuestro país y sus instituciones.

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