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Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño González Elizondo son socios de JDBL y Compañía, S.A. de C.V., una empresa creada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dedicada a invertir en puertos y suministro de combustible.
Documentos en poder de EL UNIVERSAL dan cuenta de que dicha asociación fue creada el 17 de julio de 2020 como una sociedad con domicilio en la Ciudad de México con duración de 99 años.
Recientemente, ambos empresarios sostuvieron una reunión privada con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, cuyo círculo cercano enfrenta acusaciones e investigaciones por presunto huachicol fiscal en las aduanas del país.
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Según el acta constitutiva inscrita en el Sistema Integral de Gestión Registral (Siger) de la Secretaría de Economía, el objeto social principal de la empresa la autoriza a “realizar todo tipo de inversiones de manera directa o indirecta (...) en la prestación de servicios de administración y gestión de puertos, su construcción y de infraestructura en general”.
El documento detalla además que la sociedad puede participar en el “suministro de combustibles y lubricantes” en zonas portuarias, una actividad conocida formalmente en el sector marítimo como avituallamiento o bunkering.
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La conexión entre estos estatutos legales y la política mexicana se hizo visible tras revelarse un encuentro en el restaurante Magazzino de la colonia Condesa, de acuerdo con videos revelados por el columnista de EL UNIVERSAL Héctor de Mauleón. En dicha reunión participaron Beckmann, quien además forma parte del Consejo Asesor Empresarial del gobierno federal; Mauricio Garduño González Elizondo, dueño de diversas empresas (algunas de ellas con contratos a nivel federal), y Andy López Beltrán.
Lo anterior ocurre en medio de una escalada en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y agencias de seguridad de Estados Unidos (como el FBI) en torno a una red de contrabando de combustibles.
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Dicha red, presuntamente operada en los puertos y aduanas fronterizas de Tamaulipas, ha sido vinculada con el círculo político y de operadores del hijo del expresidente, a través de un esquema que incluye el desvío de recursos y la subdeclaración de hidrocarburos importados.
Hasta ahora, la empresa públicamente vinculada a López Beltrán es Portacelis Gas and Oil, de Jorge Amílcar Olán, amigo del hijo del expresidente, la cual es investigada por el SAT y la Secretaría de Hacienda por el impago de 834 millones de pesos en impuestos tras tramitar 139 pedimentos fraudulentos de importación de combustibles con información falsa en ferrotanques.
El accionista mayoritario de JDBL y Compañía, S.A. de C.V., es Juan Domingo Beckmann Legorreta, con un total de 99 mil 999 acciones, en tanto que Mauricio Garduño González Elizondo es socio minoritario con una sola acción.
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La empresa cuenta con cuatro apoderados legales, siendo estos Vianney Ramos Rosales, Alexander Gijs Van Tienhoven, José Alfredo García López Gala y Victoria Isabel Cortés Iturralde.
El blindaje
Para importar, transportar, almacenar o comercializar combustibles de manera real en México no basta con tener una empresa registrada ante el Siger con ese objeto social. Se requiere obligatoriamente un permiso vigente otorgado por la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía.
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Situación Real
Una revisión de EL UNIVERSAL da cuenta de que hasta la fecha, JDBL y Compañía no figura con permisos operativos de comercialización de hidrocarburos ante la CRE, por lo que su participación sería sólo como socio inversionista secundario en otras empresas que sí tengan esos permisos, no como un operador directo.
Los documentos del Registro Público dan cuenta de que JDBL y Compañía, S.A. DE C.V. es una empresa diseñada para inyectar capital en proyectos de terceros, no para operar la infraestructura por sí mismos.
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Además, tiene la facultad de solicitar los permisos para poder participar de forma directa y legal en el negocio de los hidrocarburos y macroproyectos de infraestructura portuaria si así lo decidieran, situación que resulta coincidente cuando Beckmann Legorreta estuvo sentado en una mesa privada con los personajes señalados de controlar políticamente esas áreas aduaneras.
Este lunes, en su columna “Huachicol: la cadena del delito”, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, reconoció que fue en 2018 cuando comenzó el huachicol fiscal en México.
“Es a partir de 2018 que inicia la importación y exportación de hidrocarburos con una clasificación arancelaria incorrecta, lo que favorece la creación de vínculos entre la delincuencia organizada y empresas nacionales y extranjeras, mediante la maximización de ganancias al evitar el pago de impuestos. La dimensión económica del huachicol es gigantesca, el impacto internacional de este delito lo ha convertido en una tendencia global como mercado emergente, pues el robo de combustibles representa una actividad criminal de bajo riesgo relativo y alta demanda garantizada”, dijo.
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