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El diputado local de Morena Juan Rubio Gualito propuso expedir la Ley de las Personas Trabajadoras al Servicio del Gobierno de la Ciudad de México, que busca, entre otras cosas, crear un Tribunal Burocrático que garantice el acceso afectivo a la justicia laboral, e impone que la jornada de trabajo será de seis días a la semana
La iniciativa dispone que el Tribunal cuente con una integración tripartita, representada por el gobierno, las personas trabajadoras y el Congreso, lo que busca asegurar un equilibrio institucional y una visión plural en la resolución de las controversias.
También se definen los requisitos para la designación de sus magistraturas, que serán tres, resaltando la necesidad de experiencia, integridad y conocimientos especializados en derecho laboral y administración pública, a fin de garantizar profesionalismo e independencia jurisdiccional.
En cuanto a su funcionamiento, se prevé un procedimiento predominantemente oral, guiado por los principios de concentración, inmediatez y celeridad, de modo que las personas trabajadoras puedan acceder a un proceso claro, sencillo y protegido por el debido proceso. Se incluyen reglas precisas para la presentación de demandas, audiencias, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos, emisión de laudos y vías de impugnación.
Finalmente, se confiere al Tribunal la capacidad de ejecutar sus resoluciones mediante herramientas efectivas, como órdenes de pago, medidas de apremio y la facultad de imponer sanciones cuando sea necesario garantizar el cumplimiento de sus determinaciones. Con ello, el diseño institucional aspira a que la justicia laboral burocrática no se limite a declaraciones formales, sino que logre materializarse plenamente en la vida de las personas trabajadoras.
Desde tribuna, el legislador morenista enfatizó que el espíritu de la propuesta radica en la dignificación del empleo burocrático, partiendo de la premisa de que “un gobierno comprometido con su gente debe también garantizar condiciones laborales justas, certeza jurídica y pleno respeto a los derechos de quienes sostienen el servicio público”.
Agregó que esta ley es un reconocimiento necesario para las miles de mujeres y hombres que sostienen el funcionamiento del gobierno, la mayoría de las veces desde el anonimato de las oficinas y espacios del servicio público.
La iniciativa propone reglas claras para todo el sistema laboral del gobierno local, incluyendo a los poderes públicos, las alcaldías y las instituciones que ejercen funciones públicas, bajo la lógica de que el trabajo al servicio del Estado debe ser sinónimo de derechos plenamente garantizados.
Al respecto, el legislador local señaló que “esta ley reconoce algo que durante mucho tiempo fue ignorado: que el trabajo público también es trabajo digno”, subrayando la importancia de que los servidores públicos cuenten con seguridad jurídica y procedimientos efectivos que eviten la incertidumbre ante los cambios de administración.
Como parte fundamental de esta modernización, también se establecen parámetros para las condiciones de trabajo, se regulan las jornadas laborales y los periodos de descanso. “Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras disfrutarán de un día de descanso con goce de sueldo”.
Asimismo, se fortalece la vida democrática dentro de las instituciones al garantizar la libertad sindical y el derecho de las personas trabajadoras a organizarse y elegir a sus dirigencias mediante procesos transparentes de voto libre y secreto, lo que permite una representación auténtica y profesional ante el Estado.
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