Se reaviva conflicto histórico por transporte turístico en Los Cabos

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LA PAZ, BCS. - Permisionarios de transporte turístico federal denunciaron actos de hostigamiento, abuso de autoridad y una “cacería de brujas” de parte de inspectores estatales en el municipio de Los Cabos, situación que ha derivado en afectaciones a turistas, teniendo que bajar de las unidades.

Desde el pasado miércoles comenzaron a denunciar públicamente esta situación, incluso realizaron un bloqueo carretero que generó un caos vial en el destino; sin embargo, aseguraron que llevan semanas con este conflicto debido a que los inspectores solicitan un nuevo método para verificar las reservaciones y que puedan realizar el traslado de turistas.

“Han estado acosando a las transportadoras con servicios a bordo, con turistas, acosando con patrullas, con torretas prendidas, como si hubiéramos cometido un delito y bajando a la gente para que se fuera caminando”, declaró Benjamin Peña, líder de transportadoras turísticas.

Desde el pasado miércoles comenzaron a denunciar públicamente esta situación, incluso realizaron un bloqueo carretero. | Foto: Especial.

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Añadió que, de manera arbitraria, autoridades estatales y municipales retiraron cinco unidades, sin actas circunstanciadas ni multas, por lo que decidieron emprender actos de protesta, como bloqueos carreteros y manifestaciones.

Al concluir esta semana, incluso llevaron un ataúd y varias coronas de flores a las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte en Los Cabos, para indicar que la ley federal que los rige “es letra muerta”.

David Lechuga, otro de los permisionarios y manifestantes, explicó que llevan meses intentando llegar a acuerdos con autoridades federales, pero no se ha logrado y su demanda es clara –dijo–: “Que se frene la exigencia de 70 horas de anticipación para el registro de prestación de servicios”, pues los limita en su capacidad de operar adecuadamente el servicio de traslado de los turistas a sus hoteles y actividades.

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Durante el encuentro con autoridades de la SICT, expusieron sus inconformidades y “sellaron” las oficinas como protesta, con cartulinas y coronas de flores.

Además, reiteraron la demanda de destitución del director de Transporte del estado, Martín Salinas Ceseña, a quien acusaron de implementar operativos que afectan a los turistas.

Durante el encuentro con autoridades de la SICT, expusieron sus inconformidades y “sellaron” las oficinas como protesta, con cartulinas y coronas de flores. | Foto: Especial.

Las tensiones siguen este viernes con reportes de conductores que acusaron que inspectores estatales les impidieron recoger a visitantes en sus hoteles, pese a que —aseguran— cuentan con permisos y amparos vigentes para operar.

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El conflicto actual se detonó por la implementación de un sistema obligatorio de códigos QR para los servicios de transporte turístico precontratado, impulsado por autoridades estatales y federales como mecanismo de control y combate al transporte irregular.

Transportistas sostienen que este esquema de operación presenta fallas operativas y no se ajusta a la dinámica turística de Los Cabos, donde buena parte de las reservaciones se realizan con poca anticipación.

Reiteraron que continúan los operativos y revisiones que consideran discrecionales, además de acusar falta de acuerdos reales en las mesas de diálogo instaladas con autoridades.

Transportistas sostienen que este esquema de operación presenta fallas operativas y no se ajusta a la dinámica turística de Los Cabos. | Foto: Especial.

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La confrontación por el control del traslado de turistas en Los Cabos lleva casi dos décadas y ha enfrentado frecuentemente a taxistas locales, transportadoras federales y, más recientemente, plataformas digitales.

Durante estos años se han registrado bloqueos, caravanas y enfrentamientos entre transportadoras federales y taxistas locales que exigen que el servicio sea para ellos. Las disputas se han llevado a los accesos al aeropuerto y corredores turísticos, así como a hoteles, donde además turistas han sido obligados a descender de unidades para abordar otros vehículos.

Empresarios y hoteleros han advertido que el problema dejó de ser una disputa gremial y comenzó a impactar la movilidad, la operación turística y la imagen internacional del destino, y pidieron a las autoridades una solución de fondo.

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Por su parte, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, aseguró que la actuación del estado ha sido conforme a la ley y sostuvo que no cederá a presiones.

“Las detenciones se han hecho conforme a la ley y vamos a seguir actuando. Deben acatar la ley. Los bloques no sirven de nada. Se los digo a todos los grupos, a unos y a otros. No vamos a ceder a presiones. Los que anden chuecos se tendrán que enderezar”, puntualizó.