El caso de las autoridades de Sinaloa señaladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, representa una oportunidad para demostrar que las instituciones mexicanas pueden actuar con legalidad, firmeza y transparencia.
Lo que está en juego es sumamente delicado: la confianza ciudadana en sus autoridades, la capacidad del Estado para enfrentar la infiltración del crimen organizado y la certeza de que la ley puede aplicarse sin privilegios ni excepciones.
La gravedad del caso no radica únicamente en las acusaciones, sino en el contexto que las rodea. Durante años, México ha acumulado señales alarmantes: aumento de la violencia, denuncias sobre la intervención del crimen organizado en procesos electorales, desapariciones y regiones enteras sometidas al miedo. El problema no comenzó con los señalamientos internacionales; comenzó cuando las advertencias fueron ignoradas y la violencia empezó a normalizarse.
La verdadera soberanía se demuestra garantizando que una mujer pueda regresar segura a casa, que las familias vivan sin miedo y que ningún servidor público esté por encima de la ley.
En medio de esta crisis, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión adquiere una relevancia fundamental, pues es el espacio idóneo para escuchar, debatir y confrontar las distintas posturas sobre este tema. Los problemas de México no desaparecen por dejar de hablar de ellos.
El caso de Sinaloa constituye una prueba decisiva para el sistema de justicia mexicano. Si las autoridades optan por encubrir o evadir responsabilidades, estaríamos ante la existencia de una justicia desigual: una para los ciudadanos y otra para quienes detentan el poder. Hoy, el discurso que impulsó la prisión preventiva oficiosa enfrenta su mayor contradicción: ¿la ley se aplica por igual a todos o depende de la posición política de cada persona?
México necesita cerrar filas, pero no alrededor de partidos o intereses políticos, sino en favor de la seguridad, la legalidad y el Estado de derecho. La ciudadanía no espera discursos vacíos ni patriotismos de ocasión; exige instituciones capaces de actuar con valentía y congruencia. El verdadero desafío no es resistir el escrutinio internacional, sino demostrar que México aún tiene la capacidad de mirarse con honestidad y de aplicar la ley.
El pilón: La Fiscalía General de la República informó que en Chihuahua fueron asegurados más de 55 mil litros de sustancias líquidas y más de 50 toneladas en estado sólido; así como cerca de 2 mil litros de metanfetamina; además de diversos artefactos para la confección de drogas sintéticas en un narcolaboratorio clandestino. Estos son los resultados que México espera. Mi reconocimiento a la gobernadora Maru Campos Galván.
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