La presidenta Claudia Sheinbaum ya habría dado la instrucción de avanzar en las investigaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra su círculo político más cercano, en una operación que busca anticiparse a los movimientos del gobierno de Estados Unidos.
Los nombres prioritarios, de acuerdo con fuentes del gabinete, son Rocha Moya; su ahijado político y alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza; y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega. También están bajo escrutinio de la FGR los otros seis personajes señalados en los expedientes del Departamento de Justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero la prioridad inmediata estaría concentrada en esos primeros cuatro. El cálculo en Palacio Nacional es que de no indiciarlos, el costo sería mucho mayor.
Todo esto ocurre dentro del plazo que tendría Estados Unidos para solicitar formalmente la extradición de los imputados y mientras la Presidenta mantiene públicamente su exigencia de que Estados Unidos presente pruebas. Ese discurso, que hacia afuera se presenta como una defensa de la soberanía y del debido proceso, hacia adentro busca ganar tiempo para decidir qué hacer con una bomba mediática, política y reputacional que amenaza no solo a su administración, sino a todo el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
La evaluación del gobierno es que procesar a Rocha Moya y a sus colaboradores en México, con medidas cautelares severas como la prisión preventiva, sería políticamente mucho menos costoso que expulsarlos o extraditarlos a Estados Unidos para que sean juzgados allá. En una corte estadounidense, cualquiera de los implicados podría terminar revelando información sobre los vínculos entre el narcotráfico y los políticos mexicanos.
Mucho peor aún sería esperar a que Washington “haga el trabajo”, como lo advirtió esta semana el presidente Donald Trump, y vengan por él o se lleve a cabo una intervención aérea o terrestre de las fuerzas armadas estadounidenses. En el gobierno mexicano existe preocupación real de que el caso Rocha no sea un episodio aislado, sino el inicio de una ofensiva más amplia.
Rocha Moya es apenas el primero de una lista de, por lo menos, una veintena de gobernadores, alcaldes, legisladores y funcionarios mexicanos bajo investigación de agencias estadounidenses por sus presuntos nexos con organizaciones criminales. El temor en Palacio es que, si Estados Unidos empieza a exhibir expedientes de manera escalonada, el daño político se vuelva inmanejable rumbo a las elecciones del próximo año.
El tiempo apremia porque cualquier movimiento de Estados Unidos, ya sea una solicitud formal de extradición, nuevas imputaciones o incluso revelaciones selectivas, podría generar una crisis de gobernabilidad y golpear, aún más, la confianza de los inversionistas.
En Palacio Nacional saben que el discurso público debe ser de unidad y la soberanía. La convocatoria de este jueves con legisladores y miembros del gabinete apuntó en esa dirección. Pero internamente la operación es completamente distinta. Hay muy pocos interlocutores con credibilidad y canales abiertos con Washington, todos en el gabinete de seguridad. Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla y Raymundo Morales son quienes encabezan esa interlocución y la estrategia de contención frente a una crisis que ya rebasó el terreno político.
Al mismo tiempo, Morena comenzó a ajustar su propia narrativa. La instrucción a voceros y cuadros relevantes es no defender a Rocha Moya, no meter las manos al fuego por él y evitar cualquier posicionamiento que comprometa al movimiento. La línea es dejar que las autoridades investiguen y repetir que serán las instancias competentes las que determinen responsabilidades. En otras palabras, empezar a preparar el terreno para una eventual ruptura política con el exgobernador sinaloense.
Porque, aunque públicamente se mantenga la narrativa de prudencia, en privado ya se asume que Rocha Moya tendrá que ser llamado a cuentas. El movimiento tendría que ejecutarse pronto, antes de que Estados Unidos eleve la presión o haga públicos nuevos casos contra otros gobernadores, legisladores o, en el escenario más delicado para Sheinbaum, integrantes de su propio gabinete.
Por lo pronto, a Rocha Moya ya deberían estarle informando que el margen político para protegerlo se agotó.
El tiempo juega en su contra.
Posdata 1
A menos de un mes del relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, una de las primeras pruebas para el nuevo canciller, Roberto Velasco, ya está sobre la mesa y tiene que ver con uno de los contratos más relevantes de la dependencia: la emisión del pasaporte mexicano electrónico.
Se trata de la licitación internacional LA-05-613-005000999-T-48-2026 para los “Servicios Integrales de Apoyo para la Emisión del Pasaporte Mexicano Electrónico”, un proceso que ya arrastra cuestionamientos luego de que una primera convocatoria se declarara desierta, pese a que, según participantes del sector, existían propuestas técnicamente viables. El tamaño del contrato se estima en alrededor de 4 mil millones de pesos.
Las alertas están puestas en los criterios de evaluación incluidos en la nueva convocatoria. Fuentes cercanas al proceso aseguran que varios de los requisitos y la asignación de puntos fueron diseñados con características tan específicas que favorecerían de origen a un solo competidor. Todas las miradas apuntan a Veridos México, filial de la alemana especializada en soluciones de identidad y documentos oficiales, que actualmente opera en el mercado mexicano. Dentro de la cancillería, los nombres que mencionan distintos actores del proceso son los de Daniel Barrera, responsable de definir requerimientos técnicos desde el área administrativa, y Esteban Gutiérrez Fernández, a quien señalan como operador interno del contrato.
El ruido no termina ahí. También se reporta una reconfiguración del equipo operativo vinculado al proyecto, con salidas de funcionarios que conocían la operación del contrato y la mecánica del servicio. El riesgo no es menor. Cualquier falla en una contratación de este tamaño impacta directamente la expedición de pasaportes dentro y fuera del país, además del costo político que implicaría un señalamiento de favoritismo o direccionamiento en una de las primeras decisiones relevantes de la nueva gestión en Relaciones Exteriores.
Este viernes a las 10 de la mañana se lleva a cabo la junta de aclaraciones. Ahí se sabrá si la SRE corrige dudas legítimas de los participantes y garantiza piso parejo, o si mantiene condiciones que alimenten la sospecha de un proceso con destinatario definido. Para el nuevo canciller es una prueba temprana de transparencia y combate a la corrupción.
Posdata 2
La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revisar los 53 consulados mexicanos que operan en ese país es, hasta ahora, la señal diplomática más agresiva de la administración de Donald Trump hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum. La revisión, confirmada este jueves por funcionarios estadounidenses, podría derivar incluso en el cierre de algunas sedes consulares, una medida extraordinaria tratándose de la red diplomática del principal socio comercial y vecino fronterizo de Estados Unidos.
El mensaje va mucho más allá de un asunto administrativo. Los consulados mexicanos son el principal brazo de atención a los millones de connacionales que viven en territorio estadounidense, particularmente en materia de documentación, protección legal y asistencia migratoria. Pero en Estados Unidos crece la narrativa de que esos espacios han dejado de ser solo oficinas consulares para convertirse en plataformas de activismo político vinculadas a la defensa de migrantes y a la confrontación discursiva con la agenda antiinmigrante de Trump. En el entorno de Marco Rubio, hoy jefe de la diplomacia estadounidense, esa percepción comienza a traducirse en decisiones concretas.
¿La Cancillería mexicana dimensiona el alcance del movimiento? Porque una eventual reducción de la presencia consular mexicana en Estados Unidos pegaría directamente a millones de mexicanos y abriría un nuevo frente político para un gobierno que ya enfrenta suficiente presión desde Washington en seguridad, comercio y migración.
Posdata 3
La gira de empresarios mexicanos por Canadá llega en un momento particularmente delicado para la economía mexicana, con señales de desaceleración y tensiones con nuestro principal socio comercial (EU), pero con un dato que en el gobierno quieren presumir como resultado concreto: una misión comercial de 244 empresas mexicanas, en su mayoría pequeñas y medianas, que sostienen más de mil reuniones de negocios con sus contrapartes canadienses en Toronto y Montreal.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó los encuentros empresariales y se reunió con algunos de los jugadores más relevantes del capital canadiense, entre ellos directivos de Scotiabank, Bombardier, Brookfield, CN Rail, Martinrea, TC Energy y fondos institucionales como Ontario Teachers’ Pension Plan.
El mensaje que Ebrard buscó colocar fue que México sigue siendo un socio confiable en medio de la incertidumbre global. Más interesante aún fue la coincidencia pública con el ministro canadiense Dominic LeBlanc, quien habló de ampliar de forma decidida las oportunidades económicas con México y de activar el Plan de Acción bilateral pactado por Claudia Sheinbaum y Mark Carney.
Así, mientras la relación con Estados Unidos sigue condicionada por la seguridad y la política, Canadá comienza a perfilarse como un contrapeso económico y diplomático útil para el gobierno mexicano. Ebrard parece haber entendido que, en tiempos de volatilidad, la diversificación y el fortalecimiento de las relaciones con otros socios comerciales es una necesidad.
Falta ver si el entusiasmo se convierte en nuevas inversiones o se queda en anuncios que terminan desmoronándose con las cifras oficiales de nueva inversión extranjera e inversión fija. Porque en México ya abundan los anuncios, los memorándums y las fotografías con empresarios. Lo que sigue siendo escaso es la inversión real.
@MarioMal
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