En medio de una crisis de imagen institucional, por las investigaciones de Estados Unidos contra altos funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta resistencias de fabricantes internacionales de medicamentos para invertir en plantas productivas en México, a pesar de que estas inversiones ya estaban comprometidas con acuerdos de compra multimillonarios.
Ayer expuse la urgencia que tiene la administración federal por fomentar la inversión privada, al grado que la Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich, está comprometiendo con los laboratorios globales contratos de suministro multianual de medicamentos a cambio de producir a futuro esos mismos fármacos en territorio mexicano.
El caso más reciente es el del laboratorio británico AstraZeneca, que en el país lleva Leticia Murray. Resulta que éste extendió una promesa al gobierno mexicano para fabricar de manera local —en un centro de manufactura totalmente nuevo— su producto de amplio volumen de ventas Forxiga, indicado para tratar la diabetes tipo 2, la insuficiencia cardiaca y la enfermedad renal crónica.
El compromiso se hizo a través del subsecretario de Integración y Desarrollo del sector Salud, Eduardo Clark, quien en recompensa garantizó al laboratorio trasnacional que las compras totales de la clave de ese medicamento, cuya sustancia activa es la dapagliflozina, se destinarían durante los próximos cinco años exclusivamente a la marca comercial Forxiga. Se trata de unos 20 mil millones de pesos acumulados.
Cada año el sistema de salud nacional compra unas 20 millones de piezas de ese fármaco a AstraZeneca por un precio de 200 pesos por unidad, a pesar de que el estudio de mercado de la dapagliflozina establece que el costo promedio por pieza de este producto es de 170 pesos. Los 30 pesos adicionales se justificaron, según quienes participaron en la negociación, con la instalación de una planta farmacéutica a futuro.
Pero el tiempo sigue corriendo y en el laboratorio británico todavía no hay planes de anuncio de inversión. Se sabe que la explicación que se da a funcionarios mexicanos es que la sede central de la compañía en Reino Unido no ha terminado de aprobar los planes, principalmente por el clima de incertidumbre que prevalece ante la ya próxima renegociación del T-MEC y las investigaciones de Estados Unidos contra políticos mexicanos en funciones.
Otro ejemplo de estos acuerdos que firma directamente la Secretaría de Salud es el que se anunció recientemente con el laboratorio norteamericano de biotecnológicos Moderna, que dirige Stéphane Bancel, para producir a futuro en México vacunas contra Covid-19. El acuerdo compromete recursos por 12 mil millones de pesos provenientes del erario para comprar a esta compañía 60 millones de dosis del antígeno, con la esperanza de que a finales de 2027 el mismo sea de fabricación nacional.
Este último acuerdo de producción de vacunas se asemeja al que en 2009 firmó la administración de Felipe Calderón con la farmacéutica francesa Sanofi, el cual ha sido ampliamente criticado por los gobiernos de la 4T, pero que tiene su vigencia asegurada más allá de 2030, bajo la promesa de que el laboratorio transfiera su tecnología de producción a Birmex, que dirige Carlos Ulloa.
La paradoja es que buena parte de estos mecanismos fueron duramente cuestionados por Morena durante los gobiernos del PRI y del PAN, bajo el argumento de que comprometían recursos públicos durante años en favor de corporativos privados. Hoy, ante la falta de inversión y el deterioro del entorno económico, la administración federal está recurriendo a esquemas similares para intentar asegurar nuevas plantas y transferencia tecnológica.
La desesperación del gobierno mexicano por la inversión privada se reflejó en el mensaje que emitió a principios de semana la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez, durante la presentación del proyecto de simplificación de trámites que contempla el Plan México: “Cero excusas, necesitamos más inversión”.
Posdata 1
Se publicó el dato de Inversión Fija Bruta de febrero: cayó 2.98%, de acuerdo con cifras del Inegi, con lo que acumuló su segundo revés consecutivo en términos mensuales. El dato confirma que el freno económico alcanzó al consumo y a uno de los principales motores del crecimiento: la inversión productiva. La caída volvió a concentrarse en maquinaria y equipo, el componente que el gobierno de Claudia Sheinbaum esperaba detonar el Plan México.
El golpe llega apenas unos días después de conocerse la contracción de 0.8% del PIB mexicano en el primer trimestre de 2026 y de la caída de 15.6% en la inversión física del sector público federal. Es decir que se acumularon señales negativas sobre el estado real de la economía mexicana. Mientras en Palacio Nacional continúan las reuniones con empresarios, fondos y organismos empresariales, los indicadores siguen reflejando desaceleración y menor dinamismo económico.
En el sector financiero y empresarial comienza a extenderse la percepción de que México no logró capitalizar plenamente el fenómeno de relocalización de cadenas productivas. A la incertidumbre por la revisión del T-MEC se suman los conflictos regulatorios, la debilidad del consumo interno y la caída de la inversión pública. Los datos de febrero muestran además que las empresas siguen posponiendo decisiones de expansión y compra de equipo, pese a que Estados Unidos mantiene un mayor ritmo de crecimiento.
El asunto es que la inversión suele anticipar el comportamiento futuro de la economía. Sin expansión de capacidad productiva difícilmente habrá crecimiento sostenido, generación de empleo formal o mayor recaudación fiscal. Y eso comienza a complicar el margen financiero para mantener subsidios a la gasolina y los proyectos heredados del gobierno de López Obrador, así como los programas sociales y proyectos ferroviarios en la segunda mitad del año.
Posdata 2
El SAT anunció ajustes para dar “certeza jurídica” a inversionistas y empresas extranjeras luego de que más de 300 multinacionales estadounidenses denunciaran presuntos abusos fiscales, auditorías agresivas y obstáculos para recuperar devoluciones y deducciones en México. La presión escaló rápidamente y terminó convirtiéndose en un asunto económico y diplomático para el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el contexto de la desaceleración económica y la caída de la inversión.
El cambio ocurre apenas unos días después del anuncio del llamado “Plan México” para impulsar inversiones. Ahí, el Consejo Coordinador Empresarial pidió medidas concretas que el gobierno aseguró estar dispuesto a implementar: autorizaciones inmediatas para proyectos, simplificación regulatoria, acceso a energía, operación eficiente de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y certeza fiscal sin criterios retroactivos. Son los mismos temas que empresas nacionales y extranjeras llevan años señalando como frenos estructurales para invertir en el país.
Sin embargo, mientras Hacienda intenta enviar señales de apertura y certidumbre hacia el exterior, hacia adentro avanza un movimiento que generó preocupación entre fiscalistas y empresarios. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) perderá autonomía y quedará bajo control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El cambio debilita al principal organismo creado para equilibrar la relación entre contribuyentes y autoridad tributaria.
Posdata 3
“Si México no hace el trabajo, nosotros lo haremos”. La frase de Donald Trump sobre los cárteles mexicanos no fue solo otra provocación de campaña ni una declaración aislada. Llegó acompañada de una nueva ofensiva judicial, financiera y política de Estados Unidos contra las estructuras criminales mexicanas y contra los funcionarios presuntamente vinculados con ellas. La estrategia se concentra en capos y decomisos de droga, y también en las finanzas, las cadenas de suministro, los operadores logísticos y las redes políticas que sostienen a los grupos criminales.
La advertencia escaló todavía más este miércoles cuando el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó que vendrán nuevas acusaciones contra políticos mexicanos relacionados con cárteles. Blanche aseguró que las investigaciones abiertas tras los cargos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa apenas son el inicio y adelantó que la cooperación de líderes criminales extraditados a Estados Unidos podría derivar en nuevos expedientes judiciales. “Eso continuará”, dijo el funcionario estadounidense al referirse a los casos contra políticos y hasta jueces mexicanos.
Al buen entendedor…
@MarioMal
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