Nuevamente el presidente Donald Trump cumple su promesa, así que no debería ser sorpresa para el gobierno mexicano el escenario que se avecina; la parte más importante, y potencialmente más disruptiva, de la Estrategia contra las Drogas 2026 anunciada hace unos días por Washington, no es solamente el combate al fentanilo ya designado como arma de destrucción masiva (WMS). Es la redefinición completa de la relación México-Estados Unidos bajo una lógica de seguridad nacional condicionada.
La (no) novedad de la Casa Blanca es que ya no se está tratando el narcotráfico como un problema bilateral de cooperación policial, ergo de una velada certificación de facto, sino que se plantea una doctrina implícita que entra de lleno a la mesa de la revisión-negociación del T-MEC.
México conservará acceso privilegiado al mercado estadounidense, amplia cooperación estratégica y estabilidad económica si comienza a demostrar control efectivo de su territorio y combate verificable a las organizaciones terroristas y a sus socios político-criminales asentados dentro de la burbuja Morena.
La punta del iceberg Rocha Moya y asociados marca con mucha claridad la hoja de ruta. No hay maroma desde Palacio Nacional y/o Palenque que pueda detener el efecto boomerang que ya siente y resiente en la burbuja en el poder.
Ahora, gracias al manto de impunidad del régimen por arropar al exgobernador sinaloense, han logrado que el T-MEC se materialice en el instrumento de presión geopolítica. Éste nació como un tratado comercial pero Washington desde hace varios años lo ha enfilado como una herramienta de seguridad hemisférica. Y la próxima revisión en julio ocurre exactamente en medio de esta nueva doctrina.
Las múltiples amenazas y señales del gobierno estadounidense, vistas por el equipo de Sheinbaum como retórica electoral y no creíbles, hoy son una realidad irrefutable. El término utilizado en diversas esferas bilaterales señalando un narcogobierno amplifica la crisis reputacional —que viene arrastrando el régimen hace meses— porque cuestiona directamente la legitimidad, capacidad y autonomía del Estado frente al crimen organizado.
La batalla de la percepción pública y de la confianza doméstica e internacional la está perdiendo Sheinbaum. No hay matices suficientes para las cifras económicas, la incertidumbre en materia judicial y esa sostenida protección al iceberg Rocha Moya que muestre lo contrario. El conflicto en los discursos sigue escalando entre actores de ambos gobiernos y desgraciadamente el sine qua non emergente del T-MEC para Washington será que Sheinbaum actúe en línea con la postura clara y franca de las demandas del magnate estadounidense con respecto a los narcopolíticos mexicanos.
No hay rutas de salida fáciles. No hay margen para politiquería.
Qué parte no entenderán los asesores presidenciales y las lumbreras palaciegas sobre la designación de los cárteles como organizaciones terroristas y el fondo y las formas del lenguaje de la Estrategia contra las Drogas 2026 —donde México aparece mencionado más de ¡30 veces!— y su amplitud del margen legal estadounidense.
La ruta claramente apunta hacia esa dirección conceptual desde ciertos sectores políticos y de seguridad en los Estados Unidos; México es percibido no nada más como un desafío bilateral en materia de seguridad sino como un potencial riesgo sistémico para la estabilidad regional.
Y ésta es la narrativa rumbo a las mesas de negociación.
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