A las 17:00 horas de este jueves 16 de abril estalló la huelga en la Universidad de Sonora, luego de que el Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus) votaran a favor de suspender labores, en medio de un conflicto legal que había dejado sin efecto el proceso formal de emplazamiento.
Desde la tarde, trabajadores colocaron banderas rojinegras en accesos y salidas de la institución, desafiando la resolución del juez A del Primer Tribunal Laboral del Distrito Judicial 1, quien ordenó archivar de manera total y definitiva el expediente promovido por el gremio.
La dirigencia sindical calificó el fallo como ilegal, arbitrario y sin sustento jurídico, por lo que anunció su impugnación inmediata.

El secretario general Alejandro Manzanares Morales informó que la notificación judicial fue recibida el 15 de abril a las 14:35 horas.
El líder sindical sostuvo que el Steus cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, incluyendo la presentación en tiempo de la revisión contractual y la entrega del pliego petitorio.
Sin embargo, el tribunal argumentó una supuesta omisión formal al considerar que el sindicato debió especificar en qué campus estallaría la huelga, criterio que el gremio rechazó al señalar que la Universidad de Sonora es una sola entidad jurídica y que la suspensión abarcaría a toda la institución.
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Manzanares Morales acusó que la autoridad laboral introdujo exigencias no previstas en la ley y contradijo resoluciones previas, lo que vulnera derechos colectivos como la huelga, la negociación colectiva y la libertad sindical. Ante ello, el sindicato promoverá recursos legales para revertir el archivo del expediente.
Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño hizo un llamado a ambas partes a no romper el diálogo y evitar la paralización de actividades académicas.
“No privemos particularmente a los estudiantes de sus clases por más justo que pueda ser el estallamiento a huelga”, expresó.
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El mandatario reconoció la legitimidad de las demandas laborales, pero advirtió sobre limitaciones presupuestales para atenderlas en su totalidad.
Aseguró que el Gobierno del Estado acompañará el proceso para buscar una solución.
El conflicto se intensificó tras el fallo judicial que archivó la revisión salarial y contractual, lo que fue interpretado por los trabajadores como un golpe a sus derechos constitucionales.
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En este contexto, la Universidad de Sonora anunció un incremento del 13% dirigido únicamente a los tres niveles más bajos del tabulador, medida que el personal consideró insuficiente, al señalar que cerca del 80% de los empleados percibe salarios por debajo del mínimo.
El ambiente al interior de la máxima casa de estudios es de incertidumbre y tensión, en un conflicto que amenaza con prolongarse en las próximas horas.
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