El pasado domingo, siete de las nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron asistir a un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum para celebrar dos años de su triunfo electoral. No fue un acto de Estado o de carácter protocolario, como un informe de gobierno o una conmemoración histórica; se trataba más bien de un evento de naturaleza política y partidista al que acudieron simpatizantes de Morena y personas cercanas al movimiento conocido como la Cuarta Transformación.
Este hecho abrió un amplio debate en redes sociales. Si bien las ministras y los ministros de la Suprema Corte no violaron ninguna disposición legal al asistir, su presencia y participación activa en el evento plantea interrogantes sobre su imparcialidad e independencia, principios fundamentales reconocidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. En el contexto de esta discusión, algunas personas recurrieron al caso de Estados Unidos para comparar el comportamiento esperado de quienes integran un tribunal constitucional.
En ese país, cada año se celebra el discurso sobre el Estado de la Unión, un acto oficial previsto en la Constitución estadounidense en el que se reúnen representantes de los tres poderes para escuchar el informe que presenta el presidente sobre la situación del país. Con el paso de los años, las cámaras han puesto especial atención en las y los integrantes de la Corte Suprema, quienes suelen permanecer serios, silenciosos y prácticamente inmóviles durante toda la ceremonia, incluso cuando el presidente destaca los logros de su administración o critica decisiones de otros poderes. Este año fue particularmente especial, el presidente Donald Trump criticó abiertamente una sentencia de la Corte Suprema en la que declaró inconstitucional los aranceles que impuso a otros países sin consultar al congreso. Mientras Trump manifestaba su desacuerdo, las y los ministros se mantuvieron en silencio, sin hacer ningún gesto y manteniendo la calma.
Esto se debe a que las y los jueces de la Corte Suprema interpretan la Constitución y resuelven controversias que involucran constantemente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Por ello, cualquier gesto de aprobación o desaprobación podría ser interpretado como una señal de afinidad o rechazo hacia alguna de las partes que eventualmente podrían comparecer ante ellos.
Más allá de las diferencias institucionales entre ambos países, este comportamiento refleja una idea profundamente arraigada en la ética judicial: la independencia no solo debe existir, sino también parecer existir. Es decir, la confianza pública en los tribunales depende tanto de la imparcialidad real de sus integrantes como de la percepción ciudadana de que actúan sin compromisos políticos.
Por ello, en muchas democracias constitucionales las y los jueces mantienen una actitud de particular prudencia en el espacio público. Participan poco en actividades políticas, conceden pocas entrevistas y procuran evitar situaciones que puedan generar dudas sobre su neutralidad.
Desde esta perspectiva, la imagen de ministras y ministros de la Suprema Corte aplaudiendo a la presidenta de la República durante un discurso dirigido a simpatizantes de Morena transmite un mensaje problemático. No porque demuestre necesariamente una falta de independencia, sino porque puede generar la percepción de cercanía política con uno de los actores que eventualmente podrían ser parte de un caso que se analice ante el propio tribunal.
La legitimidad de una corte constitucional no depende únicamente de una sola fotografía ni de un único evento. Sin embargo, son precisamente estas situaciones las que las y los jueces deben procurar evitar. La ética judicial exige comprender que la confianza pública es uno de los activos más valiosos de cualquier tribunal y que, una vez erosionada, resulta difícil recuperarla.