En las últimas semanas, dos debates aparentemente aislados han provocado intensas discusiones en redes sociales. El primero surgió a partir de una cumbre de liderazgo femenino organizada en Texas por la organización conservadora Turning Point USA, en donde algunas asistentes defendieron la idea de que las mujeres deberían ceder su voto a sus esposos bajo un esquema de “un voto por familia”, argumentando que los hombres deben representar los intereses de su hogar. El segundo se originó en México, cuando una abogada sugirió que las personas deberían recibir un curso de formación cívica antes de ejercer su derecho al voto.
Ni en Estados Unidos ni en México existe actualmente una iniciativa de ley seria para limitar el sufragio femenino o condicionar el voto al nivel educativo de las personas. Sin embargo, el debate alrededor sugiere que persisten concepciones estrechas sobre lo que significa vivir en una democracia y sobre los principios que la sostienen. Es decir, sobre la igualdad política, la universalidad del sufragio y el derecho de cada persona a participar, por sí misma, en las decisiones colectivas.
Ante el ascenso de líderes populistas en sociedades polarizadas, resulta tentador pensar que el problema de la democracia radica en que ciertas personas votan “incorrectamente”. Después de cada elección aparecen las mismas preguntas: ¿deberían votar quienes no conocen las instituciones? ¿Es razonable que personas desinformadas tengan el mismo peso político que quienes cuentan con una mayor preparación? ¿No sería mejor que alguien más decidiera en nombre de quienes aparentemente saben menos?
Estos debates no son nuevos. Durante siglos, el sufragio estuvo reservado para ciertos sectores de la población. En Estados Unidos, uno de los argumentos utilizados para oponerse al voto femenino sostenía que las mujeres ya se encontraban políticamente representadas por sus esposos. Su participación era vista como innecesaria e incluso peligrosa para la estabilidad de la familia y del orden social.
El movimiento sufragista sostuvo con gran firmeza que una persona no puede considerarse plenamente libre si otra decide políticamente en su nombre. La aprobación de la Decimonovena Enmienda en 1920 transformó la propia idea de ciudadanía al reconocer que las mujeres poseen la misma dignidad política y, por tanto, el mismo derecho a participar en la vida pública.
Algo similar ocurre con las propuestas que buscan restringir el voto a partir del conocimiento de las personas. En la teoría política existe una corriente conocida como epistocracia, la cual sostiene que quienes poseen mayor información o preparación deberían tener una mayor influencia en las decisiones públicas. A primera vista, la idea puede resultar atractiva. Después de todo, nadie quiere que las decisiones más importantes de una comunidad se adopten desde la ignorancia.
El problema es que la historia demuestra los riesgos de este razonamiento. Durante décadas, diversos estados de Estados Unidos utilizaron exámenes de alfabetización y otras pruebas aparentemente neutrales para impedir que las personas afroamericanas ejercieran su derecho al voto. El verdadero problema nunca fue únicamente el conocimiento, sino quién tenía el poder para determinar qué conocimientos eran suficientes y qué personas eran dignas de participar políticamente.
La democracia constitucional descansa sobre la idea de que todas las personas poseen la misma dignidad política. El voto de alguien con estudios de posgrado vale exactamente lo mismo que el de una persona que nunca tuvo acceso a la educación superior. No porque ambas tengan los mismos conocimientos, sino porque ambas forman parte, en condiciones de igualdad, de la comunidad.
Por supuesto, las democracias enfrentan enormes desafíos derivados de la desinformación, la polarización y la manipulación política. Pero la respuesta no puede consistir en reducir la ciudadanía ni en reabrir debates que costaron siglos de lucha y movilización social. La historia del constitucionalismo ha sido, en gran medida, la historia de la expansión del “nosotros” y de la incorporación de quienes durante mucho tiempo fueron considerados incapaces, inferiores o indignos de participar en las decisiones públicas.
La tarea de la abogacía no es decidir quién merece votar. Su responsabilidad es traducir las leyes, las sentencias y la teoría constitucional para que la ciudadanía pueda comprenderlas, apropiarse de ellas y participar de manera más informada en la vida pública. Esta labor exige acercar las instituciones a las personas, no utilizar el conocimiento jurídico como una frontera que separe a quienes supuestamente están preparados para la democracia de quienes no lo están. La educación cívica es indispensable, pero debe ser un derecho y, al mismo tiempo, una responsabilidad; nunca una condición para que una persona pueda ejercer sus derechos políticos. El objetivo de cualquier democracia nunca ha consistido en encontrar a los votantes perfectos. Más bien, consiste en asegurar que nadie posea un poder absoluto para gobernar sobre los demás.
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