Las reglas del futbol son sencillas. Un jugador comete una falta, el árbitro decide aplicar una sanción por medio de tarjetas y el partido continúa. Este hecho puede generar enojos, reclamos, desacuerdos, discusiones interminables en televisión y millones de aficionados convencidos de que se cometió una injusticia. Pero, al final, la autoridad toma una decisión basada en la idea de que las reglas deben aplicarse a todos por igual.
Sin embargo, la controversia alrededor del jugador estadounidense Folarin Balogun y el presidente Donald Trump nos permite analizar cómo es que un evento deportivo puede contarnos mucho sobre la manera en la que opera el poder.
El delantero de la selección de Estados Unidos fue expulsado en el partido contra Bosnia y Herzegovina. La tarjeta roja implicaba, en un principio, una suspensión automática que le impediría jugar en el siguiente partido del Mundial. Este lunes nos enteramos, gracias a sus propias declaraciones, que el presidente Trump llamó por teléfono al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que revisara la sanción. Poco tiempo después, la FIFA suspendió el castigo y Balogun quedó habilitado para jugar.
Entre la discusión sobre si la tarjeta roja fue correcta o si la FIFA contempla en su reglamento la facultad de revisar las sanciones, conviene enfocarnos en lo que significa que el presidente de un país anfitrión pueda contactar al presidente de la organización que administra el torneo para intervenir en una decisión disciplinaria que afecta directamente a su selección.
Es aquí donde se encuentra el problema porque la corrupción no siempre aparece como imaginamos. Es decir, este fenómeno no siempre se presenta en forma de un soborno, una transferencia, un sobre con billetes o un contrato público entregado a cambio de favores. En este caso, apareció como una llamada informal, como una conversación entre dos personas poderosas que, sin necesidad de dejar una orden escrita, alteran la percepción de independencia de una institución.
Transparency International define la corrupción como el abuso del poder encomendado para obtener un beneficio privado. Esta definición es de gran utilidad para visibilizar que la corrupción no se reduce al dinero. Este fenómeno también puede consistir en utilizar una posición de poder para obtener una ventaja indebida. Esa ventaja puede ser económica, pero también puede ser política, simbólica, personal o, en este caso, deportiva.
Trump no llamó a Infantino como un aficionado o un ciudadano indignado por la decisión arbitral. Llamó como el jefe de Estado de uno de los países anfitriones y como una de las personas con mayor poder político frente a una organización que depende, en buena medida, de relaciones diplomáticas, sedes, contratos, seguridad, patrocinios y legitimidad pública.
FIFA podrá salir a decir que sus órganos disciplinarios actuaron con independencia; podrá explicar que la decisión fue adoptada por los canales previstos o que la tarjeta roja no fue eliminada, sino que la suspensión quedó sujeta a un periodo de análisis. Sin embargo, el problema estructural no desaparece. En cualquier sistema que pretende impartir justicia, no basta con resolver conforme a las reglas. También importa que la decisión pueda ser percibida como independiente.
La analogía con los tribunales es clara. Imaginemos que un presidente o un servidor público llama al titular de un tribunal para pedirle que revise una sentencia que afecta a una persona aliada políticamente. Aquí se rompe con la garantía de que toda persona tiene derecho a que su caso sea resuelto por una autoridad independiente e imparcial, sin presiones externas y sin accesos privilegiados. Debemos entender que la independencia judicial no es un privilegio de quienes juzgan; es un derecho de la ciudadanía frente al poder. Este principio existe para asegurar que las decisiones se tomen conforme a la ley, no conforme a la cercanía política de una de las partes.
El caso de Trump no es él único. Durante años, la FIFA ha cargado con una reputación marcada por escándalos y procesos judiciales. En 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a funcionarios de la FIFA y ejecutivos corporativos por crimen organizado, fraude electrónico y lavado de dinero. Aquella investigación reveló una red de sobornos y beneficios indebidos vinculados con derechos comerciales, transmisiones y decisiones alrededor del futbol internacional. Desde entonces, la FIFA ha intentado presentarse como una institución renovada. Pero cada episodio como éste recuerda que el futbol también es una maquinaria global de dinero, prestigio y poder político.
La llamada entre Trump e Infantino representa la manera en que el poder intenta ocupar espacios que deberían estar protegidos por reglas comunes. La sanción de Balogun podía revisarse, pero esa revisión debía ocurrir mediante los procedimientos ordinarios, con razones públicas y sin la sombra de una intervención desde la Casa Blanca. En el deporte, como en la justicia, la legitimidad depende de que las decisiones no parezcan reservadas para quienes tienen acceso directo a quienes mandan.
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