Este jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos publicó dos sentencias que le permiten a la administración del presidente Donald Trump continuar con la implementación de sus políticas migratorias.
Permisos temporales bajo amenaza
En 1990, el Congreso aprobó el programa Temporary Protected Status, el cual permite a las personas trabajar y vivir en territorio estadounidense cuando las condiciones de sus países de origen no son seguras debido a conflictos armados, inseguridad o fenómenos naturales. Este permiso tiene una duración de entre 6 y 18 meses, con posibilidad de renovación sin límites. La segunda administración Trump intentó eliminar este programa sin una justificación detallada y el caso llegó a los tribunales hasta presentarse ante la Corte Suprema.
El tribunal decidió, en una votación de 6 a 3, que la ley federal prohíbe a los tribunales revisar las determinaciones que el Poder Ejecutivo realiza sobre la designación, terminación o extensión de estos permisos. Además, la Corte rechazó las acusaciones de que la administración había tomado la decisión de terminar los permisos con base en hostilidades raciales.
Esta sentencia le da luz verde al presidente para deportar a 350,000 personas haitianas y 6,100 personas sirias, además de que facilitará la cancelación de permisos para personas de otros países.
En un voto disidente, la ministra Elena Kagan citó ampliamente los comentarios despectivos que el presidente Trump ha hecho sobre las personas haitianas. Kagan destacó, además, que “las declaraciones gritan con bastante claridad, tanto por sus connotaciones raciales implícitas como explícitas, que la raza influyó en la determinación del presidente de expulsar a los haitianos de este país”.
Asilo bloqueado en la frontera
En 2016, la administración Obama implementó medidas para controlar el flujo de migrantes que entraban a territorio estadounidense, luego de un incremento de solicitudes por parte de personas haitianas en San Diego. Después, la administración Trump expandió de manera significativa esas medidas para impedir que las personas que buscaban solicitar asilo entraran a territorio estadounidense. La administración Biden terminó por completo con esa política en 2021.
La segunda administración Trump le pidió a la Corte permiso para que el gobierno pudiera revivir la política y, en una votación de 6 a 3, el tribunal lo aprobó. La ley establece que cualquier persona que no sea ciudadana y que esté físicamente presente en territorio estadounidense, o que “llegue” a Estados Unidos, puede solicitar asilo. El caso analiza a qué se refiere la ley con la palabra “llegue” y el tribunal determinó que las personas deben cruzar completamente la frontera para poder tener derecho a solicitar asilo. Es decir, las personas que se encuentran en la frontera, pero en territorio mexicano, no pueden solicitar asilo en Estados Unidos.
Ambos casos tienen en común las historias de miles de personas que huyen de contextos de violencia, inestabilidad e inseguridad en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y de vida para sus familias. Estados Unidos ha creado leyes y procedimientos que permiten a las personas inmigrantes formar parte de sus comunidades de manera ordenada y pacífica. Sin embargo, la administración de Donald Trump ha buscado por todos los medios cerrar esas puertas y la Corte Suprema le ha dado su aprobación una y otra vez.
El tribunal indicó que el próximo lunes se publicarán nuevas sentencias. Aún quedan pendientes ocho casos por resolver, los cuales definirán cuestiones de gran importancia, como el derecho a la ciudadanía por nacimiento, el derecho de mujeres trans a participar en competencias deportivas y la capacidad del poder presidencial para despedir a servidores públicos de agencias federales.
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