Después de varios días de cuestionamientos públicos sobre los resultados del examen de ingreso a la UNAM, el rector Leonardo Lomelí ordenó elaborar un informe detallado e integrar una comisión técnica de especialistas. Tres días después, la Universidad suspendió provisionalmente la entrega de documentos y las inscripciones de nuevo ingreso, mientras la comisión revisa el procedimiento y presenta sus conclusiones.

La decisión fue correcta, pero llega tarde. Una institución no debería esperar a que estalle un escándalo para comprobar que los resultados de un proceso tan importante son confiables. Al mismo tiempo, la reacción de la UNAM permite discutir dos problemas distintos que no debemos confundir: las injusticias del sistema de admisión y las posibles trampas cometidas durante un examen.

El concurso de selección de la UNAM es uno de los procesos de admisión más competidos del país. En el ciclo 2025-2026 se registraron 196,194 aspirantes y solamente 19,554 fueron seleccionados y asignados a una carrera. En otras palabras, alrededor de nueve de cada diez personas quedaron fuera.

Esos resultados no pueden explicarse únicamente por el esfuerzo o el talento individual porque el examen mide conocimientos adquiridos en condiciones profundamente desiguales. Aquí importa quién pudo pagar un curso de preparación, disponer de tiempo para estudiar o recurrir a una universidad privada si no obtenía un lugar. La modalidad en línea buscaba eliminar, al menos en principio, el costo de trasladarse a una sede, pero también hizo relevantes otras diferencias como contar con una computadora adecuada, una conexión estable y un espacio tranquilo para presentar la prueba.

Por ello, es legítimo preguntar si un examen de conocimientos generales es el mejor instrumento para decidir quién obtiene uno de los escasos lugares disponibles en una institución pública. También es necesario discutir el presupuesto destinado a la educación superior, la capacidad de las universidades y la calidad desigual de la formación que reciben los estudiantes antes de llegar al concurso.

Sin embargo, reconocer esas injusticias no convierte la trampa en una forma de justicia. Hacer trampa no aumenta el presupuesto universitario, no crea un solo lugar adicional ni mejora la educación pública. Únicamente permite que una persona obtenga una ventaja indebida frente a otra que probablemente enfrenta muchas de las mismas desigualdades. Peor aún, cuando esa ventaja depende de pagar servicios fraudulentos, utilizar dispositivos adicionales o conseguir respuestas, puede beneficiar nuevamente a quienes tienen más recursos.

La trampa no democratiza el mérito, más bien, privatiza la ventaja. Además, contamina los resultados, perjudica a quienes respetaron las reglas y dificulta conocer qué capacidades evalúa realmente el examen. Un procedimiento injusto debe transformarse, pero la respuesta no puede consistir en hacer todavía más arbitraria la distribución de los pocos lugares existentes.

El aspecto más valioso de este episodio consiste en que los análisis difundidos públicamente, los testimonios de aspirantes y la discusión en medios colocaron a la UNAM bajo escrutinio. No podemos asegurar que esa presión haya sido la única causa de su reacción, pero después de los cuestionamientos llegaron las acciones como el informe, la comisión técnica y la suspensión provisional de las inscripciones.

Ahora, corresponde exigir que la Universidad publique la metodología del estudio, la distribución completa de los resultados, las anomalías identificadas, el número de casos revisados y las medidas que adoptará para los próximos concursos. También debe garantizar que ninguna persona sea sancionada sin pruebas suficientes y que quienes participaron honestamente tengan certeza sobre sus resultados.

Ese es el poder de la movilización colectiva: convertir una inconformidad dispersa en una exigencia pública de rendición de cuentas. Una injusticia estructural se combate con la organización colectiva para obligar a las instituciones a explicar sus decisiones y transformar sus procedimientos. Si algo debe dejarnos este episodio es precisamente que la trampa reproduce el problema, pero la acción colectiva puede cambiarlo.

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dft

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