A punto de cumplirse 250 años de la emblemática Declaración de Independencia, Estados Unidos vuelve a mirarse en el espejo de su propia promesa. En 1776, trece colonias tomaron la decisión de romper con un rey para defender la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ese acto fue insólito, pues abrió la puerta a la construcción de lo que hoy conocemos como una democracia constitucional fundada en la idea radical de que el poder no debía concentrarse en una sola persona, sino dividirse, contenerse y someterse a reglas.
Como todo experimento, la trayectoria estadounidense nunca ha sido lineal. Ha enfrentado momentos luminosos, retrocesos brutales, contradicciones profundas y reparaciones tardías. La última semana del periodo de este año en la Corte Suprema lo deja claro y nos invita a reflexionar sobre ese camino recorrido. En apenas unos días, el tribunal resolvió casos sobre poder presidencial, ciudadanía, migración, financiamiento electoral, privacidad digital y derechos de las personas LGBT. Si analizamos la imagen en conjunto, el cierre de esta temporada parece ser una radiografía del país que nació de aquella declaración y que, dos siglos y medio después, sigue discutiendo las mismas preguntas fundamentales.
El primer cuestionamiento que enfrentaron los padres fundadores fue cómo evitar el ascenso de otro monarca. La Revolución estadounidense nació bajo el rechazo rotundo a la concentración del poder en una sola persona. Por ello, cuando años después se redactó la Constitución en Filadelfia, el diseño institucional buscó reemplazar al rey por un sistema de frenos y contrapesos. El presidente tendría poder, pero éste no sería absoluto. El Congreso legislaría, los tribunales controlarían y las agencias administrativas, con el paso del tiempo, se convertirían en una pieza central de ese equilibrio.
En este periodo, sin embargo, la Corte volvió a inclinar la balanza hacia el poder Ejecutivo. En Trump v. Slaughter, sostuvo que el presidente puede remover a Rebecca Slaughter de la Comisión Federal de Comercio, pese a que la ley y el precedente de la propia Corte protegían a sus integrantes contra despidos injustificados. La decisión debilitó una tradición de agencias que actuaban con independencia y que fueron diseñadas para resistir presiones políticas directas. A partir de esta sentencia, adoptada por una votación de 6 a 3, cualquier presidente contará con mayores herramientas para remover a directores de agencias gubernamentales que antes se entendían protegidas frente a los vaivenes de la política presidencial.
El mismo día, sin embargo, la Corte trazó una excepción importante. En Trump v. Cook, rechazó por ahora el intento de remover a Lisa Cook de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. La mayoría sostuvo que el gobierno no demostró tener derecho a suspender la medida judicial que mantenía a Cook en el cargo y subrayó la tradición histórica de independencia del banco central. La distinción es reveladora, toda vez que la Corte parece estar dispuesta a proteger la independencia de la Reserva Federal, pero no necesariamente la de otras instituciones creadas para limitar el poder presidencial.
Otra de las contradicciones más profundas del experimento estadounidense ha sido la esclavitud. Los padres fundadores hablaron de libertad mientras aceptaban la permanencia de un sistema que negaba ciudadanía, dignidad y derechos a millones de personas afroamericanas. Esa deuda no se saldó en 1776 ni en 1787. Fue necesaria una guerra civil. Fue necesaria una enmienda constitucional que estableció que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas. La regla fue tan específica que también reconoció excepciones, como las relativas a hijos de diplomáticos extranjeros y, en su momento, a personas pertenecientes a tribus originarias.
Por eso, Trump v. Barbara es quizá el caso más importante de este año. La orden ejecutiva de Donald Trump buscaba negar la ciudadanía a hijos de personas migrantes indocumentadas o presentes temporalmente en Estados Unidos. Los tribunales federales la frenaron y la Corte Suprema la eliminó por completo del juego. El ministro presidente Roberts escribió la sentencia y sostuvo que esos niños sí están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y, por lo tanto, son ciudadanos estadounidenses. La decisión preservó una regla fundamental del constitucionalismo norteamericano, pero el margen resulta preocupante. El resultado fue de 6 a 3, aunque la mayoría constitucional fue de apenas cinco votos. El ministro Kavanaugh coincidió en invalidar la orden por razones estatutarias, al considerar que contravenía la ley federal vigente, pero rechazó la conclusión de que la Constitución cerrara por completo la puerta a nuevas excepciones legislativas.
Precisamente ahí se encuentra el síntoma más inquietante. La ciudadanía por nacimiento parecía una de las respuestas más claras de la Constitución frente a uno de los peores errores de Estados Unidos. La Decimocuarta Enmienda nació para corregir la idea de que la pertenencia podía depender de la sangre o la raza. Aun así, en 2026, un presidente intentó reabrir esa puerta y lo más grave aún es que encontró abogados, académicos y funcionarios dispuestos a sostener teorías para justificarlo.
La migración atraviesa esa misma tensión. Estados Unidos es el país que es gracias a las personas que llegaron de otros lugares buscando una vida distinta. Esa historia de movilidad, refugio y oportunidades convive hoy con una arquitectura jurídica cada vez más hostil. En Mullin v. Al Otro Lado, la Corte sostuvo que una persona situada del lado mexicano de la frontera no llega a Estados Unidos, para efectos de la ley migratoria, hasta cruzar físicamente la frontera. Con ello, avaló una lectura que permite cerrar la puerta a quienes buscan solicitar asilo antes de pisar territorio estadounidense.
Otra pregunta fundacional fue cómo representar al pueblo. Los fundadores temían tanto a la tiranía de uno como a la tiranía de las mayorías. De ahí surgieron mecanismos como el Colegio Electoral, que hasta hoy permiten que una persona llegue a la presidencia sin necesariamente ganar el voto popular. El problema de la representación sigue abierto. La Corte también intervino en disputas electorales que muestran lo complicado que sigue siendo traducir votos en poder real.
En Watson v. Republican National Committee, la Corte permitió que Mississippi siguiera contando boletas enviadas por correo antes del día de la elección y recibidas después. Fue una decisión que evitó una restricción severa al voto por correo. Pero, al día siguiente, en National Republican Senatorial Committee v. FEC, la Corte eliminó los límites federales al gasto coordinado entre partidos y candidatos. Lo hizo bajo la justificación de la Primera Enmienda y por una votación de 6 a 3. El resultado fortalecerá a los partidos y a los grandes donantes, además de agravar una pregunta que Estados Unidos lleva décadas sin resolver: cuánto poder político puede comprar el dinero antes de vaciar de contenido la igualdad democrática.
El paso del tiempo ha puesto a prueba una y otra vez la capacidad de la Constitución para regular conflictos que sus autores no pudieron imaginar. La Cuarta Enmienda protege a las personas contra cateos y detenciones irrazonables. Hoy esa garantía debe aplicarse a teléfonos celulares, datos, aplicaciones y geolocalización. En Chatrie v. United States, la Corte sostuvo que la policía realiza una búsqueda constitucional cuando obtiene de Google datos de ubicación de un usuario. Es una de las sentencias más importantes del periodo porque reconoce que la privacidad no desaparece cuando la vida cotidiana se traslada al mundo virtual.
A la par, siguen abiertas las disputas sobre igualdad e identidad. En Chiles v. Salazar, la Corte protegió, bajo la Primera Enmienda, la práctica de terapias de conversión habladas frente a una prohibición estatal. Semanas después, en West Virginia v. B.P.J., avaló que las escuelas mantengan equipos deportivos femeniles definidos por sexo biológico, rechazando los reclamos bajo el Título IX y la Cláusula de Igual Protección. En ambos casos, el tribunal mostró una disposición cada vez mayor a resolver controversias sobre los derechos de las personas LGBT desde la libertad de expresión, la tradición o la deferencia legislativa, y no desde una comprensión robusta de la igualdad.
Sin duda, Estados Unidos llega a su aniversario 250 en un momento complejo. La Corte expande el poder presidencial en algunos frentes, protege excepciones institucionales en otros, reduce herramientas de regulación electoral, conserva la ciudadanía por nacimiento por un margen menos cómodo de lo que debería y se atribuye un papel decisivo en debates que cruzan migración, tecnología, identidad y democracia.
La Constitución estadounidense sigue siendo un documento extraordinario, pero ningún texto se sostiene por sí mismo. Su capacidad de supervivencia depende en gran medida de jueces que lo interpreten con responsabilidad, de presidentes que acepten límites, de congresos capaces de legislar para el bien común y, sobre todo, de ciudadanos dispuestos a defender la promesa democrática, incluso cuando esta parece incompleta.
Quizá, la lección más importante a 250 años de la Declaración de Independencia es que el experimento estadounidense nació gracias a la determinación de personas capaces de imaginar una realidad distinta. Sus mejores momentos han ocurrido cuando nuevas generaciones se han atrevido a corregir, ampliar y disputar esa promesa. El cierre de este periodo de la Corte muestra que las preguntas de 1776 siguen más vivas que nunca. La respuesta, como entonces, dependerá de quienes todavía crean que, más que una herencia, la democracia constitucional es una tarea pendiente.