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Zacatecas.— El hallazgo de siete cuerpos en los límites de Aguascalientes y Zacatecas ha revelado nuevas tácticas del crimen organizado: el abandono de cadáveres en zonas limítrofes de dos entidades como parte de una estrategia criminal, así como la elaboración de cédulas de búsqueda apócrifas de sus propias víctimas, que las difunden como instrumento noticioso para generar impacto social mediático.
En un análisis para EL UNIVERSAL, el experto en seguridad pública y temas de delincuencia organizada, Rafael Cortés Medellín, señala que estas nuevas acciones del crimen “son muy graves“ y pueden tener muchos objetivos, “desde generar incertidumbre, confusión, pugnas entre autoridades, desorden institucional y territorial, incluso, puede ser una forma no sólo de desacreditar, sino también de presionar a las autoridades (…) Lo cierto es que aquí todos pierden, menos el crimen que busca control e impunidad”.
Advierte que si este modus operandi fue positivo para la delincuencia, se corre el riesgo de que se replique en otras entidades. “Parece que sí resultó, se logró que la sociedad se indignara, se confundiera, además del descrédito de la autoridad y mayor desconfianza en la función policial”.
Señala que eso “cae en la perversidad, porque se armó una estrategia lucrando con el dolor de las familias de los desaparecidos”.
El experto refiere que es la primera vez que sabe que el crimen fabrica fichas de búsqueda, y no descarta que también tenga como objetivo “construir una narrativa de que hay desaparecidos, pero no muertos”, pues afirma que no sólo el gobierno federal y autoridades estatales buscan que los homicidios vayan a la baja, también conviene a los grupos criminales que buscan no atraer las incursiones de las fuerzas armadas en sus zonas, porque ahí tienen sus negocios ilícitos, al recordar que la motivación del crimen es la cuestión económica.
Abandonar cuerpos en zonas limítrofes de dos entidades, dice, “también es una ventaja para el crimen porque es el lugar del hallazgo, no el lugar de los hechos; en ese trayecto ya se perdieron los indicios y eso complica más la investigación, por ende, más difícil la localización de los perpetradores”.
El hallazgo y las fichas apócrifas
El fiscal Cristian Camacho Osnaya dijo que cerca de las 9 de la mañana del 1 de mayo tuvo el reporte de la localización de siete cuerpos —cinco hombres y dos mujeres— en límites de Zacatecas y Aguascalientes, como el hecho fue en la comunidad de Mesillas, municipio de Tepezalá, la investigación quedó a cargo de Aguascalientes.
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Las alertas se encendieron en la fiscalía zacatecana después de la 1 de la tarde, cuando acudieron tres familias que buscaban a dos hombres y una mujer, no se conocían entre ellos, pero fueron angustiadas porque vieron los rostros de sus familiares en unas fichas de búsqueda en las redes sociales y querían conocer la identidad de los cuerpos de Tepezalá.
Ahí detectaron que eran cinco fichas de búsqueda apócrifas, difundidas la noche del 30 de abril, horas antes de que ocurriera el hallazgo de los cuerpos, y fueron subidas “por perfiles relacionados con grupos delictivos”.
El fiscal admite que el crimen ha comenzado a usurpar funciones y actividades de las autoridades. “Nos llamó la atención que las cédulas de los masculinos tenían logo del protocolo Alba, que sólo aplica para la búsqueda de las mujeres (…) Fueron elaboradas con datos específicos, fotografías, nombres, características, hasta el lugar del extravío (…) eso indica que se trata del grupo autor de estos hechos”.
Al colaborar con Aguascalientes para la identificación, finalmente se confirmó que seis de los siete cuerpos eran de personas zacatecanas, ya que resultaron positivos con los informes de las tres familias; además de otra persona que sí tenía denuncia por privación ilegal de la libertad, el 17 de abril, pero su cédula no fue publicada por no tener autorización de los familiares.
Los otros dos cuerpos fueron identificados por huellas dactilares, porque “contaban con registro de antecedentes criminales”.
La Vocería de Seguridad de Zacatecas reveló los nombres de los identificados: José Eduardo Jara Elías, Manuel de Jesús Jacobo Castro, desaparecido el 29 de abril en el municipio de Guadalupe, a bordo de un taxi cuando se dirigía a su trabajo; Coral Esmeralda Muños Vargas, Miguel Adán Mena Saucedo, vistos por última vez el 29 y 28 de abril, respectivamente; así como Antony Sifuentes Redin y Frida Michel Muro Espinoza.
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Los muertos que nadie registra
Este caso de abandono de cuerpos confirmó la pugna por las cifras, ya que ninguna entidad contabilizó estos cadáveres como homicidios en el Informe Nacional de Homicidios Dolosos que diariamente publica la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El experto precisa que “los muertos los debe contar la entidad donde se encuentran”, pero al entrar en pugna “se convierten en los muertos que no son de nadie, ni nadie quiere contar para que no les alteren sus estadísticas de homicidios”.
En ocho meses, Zacatecas ha registrado otras dos pugnas por cuerpos abandonados en zonas limítrofes con San Luis Potosí y Jalisco. El pasado 23 de noviembre, en una comunidad del municipio de Villa de Cos, Zacatecas, se encontraron siete cuerpos, donde también ocurrió la detención de cuatro policías potosinos, a quienes se les relaciona con el abandono de esos cadáveres.
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El otro caso ocurrió el 16 de septiembre cuando se encontraron seis cuerpos en Ojuelos, Jalisco, pero las autoridades jaliscienses exigían que se les contabilizaran a Zacatecas, tras considerar que fueron movidos varios metros para que aparecieran en aquella entidad.
Rafael Cortés menciona que “esa pugna conviene a los gobiernos estatales, porque ambos se avientan la bolita, generan duda en su población y se convierte en una pugna política si las entidades son de diferente partidos”, aunado a que esos pleitos entre autoridades también convienen a organizaciones del crimen organizado.
El especialista considera que el reporte diario de homicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es el instrumento de medición que usa el gobierno federal y el más mediático, por ser el que se consulta de manera inmediata, pero se convierte en “una seguridad subjetiva” porque son las cifras momentáneas, “ahí a las entidades no les gusta aparecer con una mala nota”.
Mientras que “la seguridad objetiva” la concentra la contabilidad real del Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP), porque ahí las fiscalías de cada entidad deben reportar de manera mensual sus índices de delitos, de acuerdo con las carpetas de investigación, donde se contabilizan el número de homicidios investigados: “pero, para ese corte y esas fechas, la ciudadanía ya no se acuerda cómo quedaron esas cifras”.
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