El discurso soberanista, maniqueo y demagógico, que nos quiere hacer creer que defender a los narcopolíticos acusados por Estados Unidos es defender a México, se estrellará nuevamente contra la realidad.
Mientras la presidenta Sheinbaum pierde el control de la crisis anunciada que le generó la administración de Donald Trump -e insiste en proteger y garantizar la impunidad de políticos de su partido vinculados a los cárteles de la droga-, el presidente estadounidense eleva el tono y reitera sus amenazas de intervenciones militares contra los narcos en territorio mexicano, si el gobierno de la doctora no empieza pronto a detener y extraditar capos y políticos que están siendo acusados y reclamados por cortes estadounidenses. “Si México no hace el trabajo, nosotros lo haremos”, declaró ayer Trump al hablar de la nueva “fuerza terrestre” estadounidense que está lista para entrar a cualquier país a detener a capos de los cárteles.
Y mientras los morenistas vociferan y se desgarran las vestiduras jurándose inocentes, desde Washington no sólo llegan las reiteradas amenazas del presidente Trump, sino que confirman formalmente que Rocha Moya y los otros 9 políticos sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia, son apenas los primeros y que vienen más nombres, acusaciones y peticiones de extradición contra políticos mexicanos.
"Claro. Sí", respondió ayer Tood Blanche, Fiscal General interino de los Estados Unidos a una pregunta directa de la reportera Ali Bradley, de la televisora conservadora News Nation, sobre si habría más acusaciones del gobierno estadounidense contra políticos mexicanos vinculados al narco. "La semana pasada anunciamos que se ha presentado una acusación formal contra un gobernador de México (Rocha Moya) por parte del Distrito Sur de Nueva York. Creo que es algo que hemos hecho en el pasado, y sin duda continuaremos haciéndolo", dijo Blanche.
Y para que no queden dudas de dónde está sacando el Departamento de Justicia las pruebas, datos y acusaciones contra políticos de México, el fiscal interino, que sustituyó a la defenestrada Pam Bondie, confirmó que son los mismos capos y narcotraficantes que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha entregado a Estados Unidos, los que están aportando información y acusando directamente a sus socios políticos de Morena y otros partidos.
"Una consecuencia de haber traído a muchos de los líderes de algunos de estos cárteles aquí durante el último año, gracias a nuestra cooperación con el gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente van a querer cooperar y esa cooperación puede llevar a cargos adicionales. Ya habíamos procesado a varios funcionarios del gobierno mexicano, jueces, un juez recientemente también. Así que eso es algo que continuará", insistió el fiscal Tood Blanche, cuyos dichos también confirman la versión de que al gobernador sinaloense lo acusaron directamente Los Chapitos, Ovidio y Jesús Guzmán, quienes aportaron evidencias y pruebas al gobierno estadounidense en contra de Rocha, del senador Enrique Inzunza y del resto de los 10 sinaloenses pedidos en extradición.
Hoy, más allá de la demagogia discursiva nacionalista y de que Morena y la Presidenta se envuelvan en la bandera para proteger a sus militantes acusados por Estados Unidos, la realidad es que dentro del oficialismo hay un temor real y un nerviosismo real porque saben que vienen más acusaciones y que no podrán contener por mucho tiempo la ofensiva estadounidense que es en los hechos una cacería contra gobernadores, alcaldes, congresistas, secretarios de Estado y dirigentes mayoritariamente de Morena, pero también se habla de al menos dos gobernadores de oposición, uno del PRI y otro de MC, como parte de la lista de narcopolíticos mexicanos que tienen en Washington.
Esta semana en redes sociales han surgido versiones de periodistas que aseguran que dos nombres que preocupan en este momento, como los que pueden seguir en las peticiones estadounidenses de detención y extradición, son los del secretario de Educación, Mario Delgado, y el senador tabasqueño y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. El periodista Carlos Ramos aseguró el martes pasado en un tweet que desde la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, “se informó a Mario Delgado y Adán López que están siendo investigados en USA. La CNBV ya solicitó información sobre sus movimientos financieros a las instituciones bancarias”, sostuvo el periodista.
Así que ya no quedan dudas y los que crean que con discursos e invocaciones de soberanía lograran evitar las acciones de justicia extraterritorial que ha empredido el gobierno de Trump, y que amenaza con escalar incluso a operativos de sus fuerzas especiales en territorio mexicano, se van a estrellar contra la realidad. Justa o injusta, violatoria o no de la supuesta soberanía que pretende proteger las redes de la narcopolítica, la cacería legal y militar del gobierno de los Estados Unidos y la pregunta que realmente se hacen, temerosos y nerviosos los morenistas, es ¿quién será el próximo o la próxima en aparecer en las peticiones de extradición de la Casa Blanca?
NOTAS INDISCRETAS…
Ya se cumplieron 20 días de que Citlali Hernández renunció a la Secretaría de la Mujer para entrar como “bombera” a tratar de evitar la debacle morenista en el 2027, y todavía la presidenta Sheinbaum no se decide sobre el perfil de quien ocupará esa cartera de su gabinete. Se especulaba que antes de que finalizara abril se haría el anuncio de la nueva titular, pero al parecer la crisis por las denuncias contra narcopolíticos morenistas han llevado a posponer la decisión. Dentro del gabinete suenan varios nombres y perfiles para llegar a la Secretaría. Una de ellas es la senadora chiapaneca Sasil de León Villard, quien ya ocupó una Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento en Chiapas y como legisladora, antes como diputada y ahora desde el Senado, se ha enfocado en presentar iniciativas que favorecen el reconocimiento de derechos y realidades de las mujeres mexicanas. Otra de las que suenan para la Secretaría de las Mujeres es Ingrid Gómez Saracíbar, quien actualmente se desempeña como subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias en la misma Secretaría. Y una tercera opción que analizan en Palacio nacional es la diputada federal Anaís Burgos, quien se autonombra como la “Diputada del Pueblo”. Se decía que después de que regresara de su viaje a Barcelona la doctora tomaría la decisión y haría el anuncio, pero al parecer la crisis de los narcopolíticos sinaloenses la ha obligado a posponer el nombramiento, mientras la dependencia, que atiende una de las prioridades y emergencias en el país donde asesinan diario a 11 mujeres, sigue acéfala…En el mundo financiero sigue llamando la atención el caso de Autofin y de su dueño, el empresario Juan Antonio Hernández Venegas, quien en una acción repentina donó la totalidad de sus acciones de Banco Autofin a sus hijos Juan Antonio Hernández Páramo y Sule Marina Hernández Páramo. Lo que parecía ser una acción generosa de un parte, se vincula hoy con un conflicto legal más profundo: una demanda civil que enfrenta Juan Antonio Hernández por el presunto incumplimiento, durante 28 años, de la obligación alimentaria respecto de su hija menor. El asunto se ventila ante el Juzgado 25 de lo Familiar de la Ciudad de México, bajo el expediente 2756/2024. En ese proceso, Hernández Venegas habría aportado un testimonio notarial que confirma la donación total de sus acciones, operación fechada el 28 de mayo de 2021. Esto abre la posibilidad de que dicha transmisión accionaria haya sido un acto de simulación para sustraer bienes del alcance de una eventual responsabilidad alimentaria. En paralelo, el 18 de diciembre de 2024, los abogados de su hija menor promovieron dos carpetas de investigación penal ante la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales: una por fraude procesal (CI-FIEAE/C/UI_1 C/D/00415/12-2024) y otra por falsedad ante autoridades (CI-FIEAE/C/UI_1 C/D/00416/12-2024), radicadas en las Unidades A-3 y C-4. Un elemento adicional que abona a toda esta controversia es que la defensa de Hernández Venegas está encabezada por Alberto Baz Baz, exfiscal del Estado de México, y tristemente célebre por su intervención en el caso de la niña Paulette en el Estado de México en 2010, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador. La presencia de Baz Baz, dicen los abogados defensores de la hija, coloca bajo sospecha la conducción de una defensa que exige total transparencia. El caso se enreda aún más al considerar que Banco Autofin operaba con licencia federal. Si la donación del 100% de las acciones ocurrió en 2021, surge una pregunta clave: ¿cómo participó Hernández Venegas como accionista en la asamblea del 16 de marzo de 2023, en la que se consumó la venta del banco? A esto se suma la multa impuesta por la COFECE a Hernández Venegas, junto con Kapital, Grupo Autofin, Banco Autofin, Juan Antonio Hernández Páramo y Sule Marina Hernández Páramo, por presuntas irregularidades en dicha venta. Quedan también preguntas sobre el papel de la CNBV: si tenía conocimiento de la transmisión accionaria, ¿por qué no activó una investigación más amplia antes de permitir la venta a Kapital? La controversia en torno a Hernández Venegas, sus hijos, Banco Autofin, Kapital y la actuación de las autoridades regulatorias apenas comienza a desplegar sus consecuencias jurídicas y mediáticas…Nos confirman fuentes de San Lázaro que la decisión de Morena es aplazar la elección judicial, prevista para el 2027 hasta el año 2028. El aplazamiento es un hecho y lo único que falta por definir, en la oficina del Coordinador morenista Ricardo Monreal, es cuándo se convocará al periodo extraordinario de sesiones en donde se discutiría y aprobaría el cambio de fecha de la elección judicial, para que no se empate con las elecciones intermedias de junio del próximo año. Y como se trata de una reforma a las leyes electorales, obligadamente el periodo extraordinario tiene que convocarse antes del 1 de septiembre, cuando inicia oficialmente el año electoral para los comicios federales del junio del 27, porque una vez comenzado ese año no se puede cambiar ninguna norma electoral. Así que entre junio y agosto, en pleno verano, se podría concretar el cambio de la polémica y cuestionada elección judicial…Los dados se detienen. Capicúa y repetimos el tiro.
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