San Cristóbal de las Casas, Chis. - Cuatro funcionarios del fueron detenidos por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y abuso de autoridad, por el quebranto del presupuesto de ese organismo público.

El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que con la ayuda de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y de la Auditoría Superior del Estado, se encontró una serie de irregularidades en el manejo del presupuesto del Instituto de Salud, donde el titular, Omar Gómez Cruz, fue destituido el mes pasado.

De los cuatro detenidos, dos hombres y dos mujeres, se encuentra Rosario Esmeralda Coutiño Roblero, que fue directora de Infraestructura de Salud, desde el 8 de diciembre de 2024 hasta la renuncia de Gómez Cruz.

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Rosario Esmeralda “N” fue directora de Obras Públicas en el ayuntamiento de Tapachula (2019-2020), candidata del PVEM a la alcaldía en el 2024 y había alcanzado la sexta regiduría del ayuntamiento de Tapachula.

Otros detenidos son Sindar Rodrigo “N”, jefe de recursos materiales; Cleofas “N”, director de servicios generales; y Soneli “N”, de recursos materiales.

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En la investigación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y de la Auditoría Superior del Estado, se encontró “falta de dictámenes de cuadros comparativos, ausencia de dictámenes económicos y de adecuación, carencia de evidencia documental de ejecución física de servicios, insuficiencia de documentación y soporte comprobatorio de diversas acciones que se llevaron a cabo”, informó el Fiscal.

Los cuatro detenidos han quedado a disposición de un juez, pero continúan las investigaciones para saber si hay más funcionarios involucrados en el desvío de recursos del erario, aseguró Llaven Abarca.

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Detienen a otros dos funcionarios de educación por desvío de recursos

Otros dos funcionarios del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos fueron detenidos por desvío de recursos del programa Chiapas Puede, con el que se busca combatir el .

Los detenidos son el jefe de departamento de planeación, Luis Manuel “N”, y Lidia Isabel, de la que no proporcionó su cargo en el Instituto.

En cateos en sus viviendas se encontraron dos mil 500 hojas que corresponden a igual número de beneficiarios del programa que se les había dado de alta, pero no se les entregaban los recursos económicos.

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dmrr/rmlgv

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