Crematorio Plenitud, un año sin justicia

Ciudad Juárez.— Dolor, impotencia, enojo, pero también una gota de esperanza es lo que sienten decenas de familias que hace un año descubrieron que sus difuntos podrían no haber sido incinerados y las cenizas que les entregaron son sólo tierra.

El 26 de junio de 2025 las autoridades encontraron decenas de cadáveres apilados en el interior del Crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, de Ciudad Juárez.

Se contaron 386 cuerpos, algunos aún con las bolsas de plástico en los que fueron entregados por las funerarias; otros tenían ya varios años arrumbados.

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Los cuerpos fueron asegurados por el Servicio Médico Forense (Semefo) y se inició una investigación que involucró, en primera instancia, a los dueños del crematorio y también a funcionarios de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), ya que el lugar operaba sin que existieran las revisiones sanitarias correspondientes.

En ese momento dio comienzo también la lucha de cientos de familias que habían contratado los servicios de distintas funerarias que tenían acuerdos con el Crematorio Plenitud.

Durante semanas, las familias llegaron hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, zona Norte, cargando urnas para preguntar si las cenizas eran de sus difuntos o si los engañaron y el cuerpo podría estar entre los 386 que fueron encontrados.

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Un año después, 135 cadáveres aún no son identificados y decenas de familias exigen justicia, pues el dueño del crematorio, José Luis A. C., está prófugo.

Los colectivos

La falta de respuesta de las autoridades y el lento avance en la identificación de los restos llevó a las familias a organizarse y formar colectivos para exigir justicia.

Dora Elena Delgado Barraza, vocera del grupo Justicia para Nuestros Deudos, señala que las autoridades “simulan la justicia, pero no la hay.

“La autoridad ha atendido entre comillas el tema, que ha sido la identificación de los cuerpos. Al día de hoy suman 251 cuerpos identificados, de ahí se desprenden 157 demandas por fraude… ¿Cómo es posible que una funeraria pueda cometer reiteradamente fraudes y no se penalice? Aquí lo que vemos es esta opacidad, esta simulación de justicia. La pregunta es: ¿por qué al día de hoy todas las funerarias involucradas, algunas han cambiado de nombre, siguen operando”, cuestiona Delgado Barraza.

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Explica que a lo largo de este año han realizado numerosas acciones, desde la entrega de pliegos petitorios al fiscal de zona, Carlos Manuel Salas, y a la gobernadora, María Eugenia Campos, hasta protestas en todas las funerarias involucradas, entre muchas otras.

A decir de Delgado Barraza, ellos se han convertido en investigadores y han señalado a las funerarias involucradas, así como a agentes del Ministerio Público que habrían autorizado cremaciones en el Plenitud de personas fallecidas por arma de fuego o de manera violenta, lo cual se considera ilegal porque si hay una investigación abierta el cuerpo no debe incinerarse.

“Ellos [la autoridad] ni siquiera tenían el total de las funerarias involucradas, sino que nosotros se los hicimos ver. Pero aun así, el tema no ha avanzado, porque sólo es dar números —por parte de la Fiscalía— y decir que se está avanzando e investigando a los titulares de Coespris”, señala.

Durante semanas, familias llegaron hasta las oficinas de la fiscalía estatal para preguntar si las cenizas de sus difuntos eran verdaderas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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Precisa que una funcionaria identificada como Maribel Próspero Cobos tenía a su cargo la normatividad de las funerarias y de los crematorios, y existe un documento oficial que consigna que desde marzo de 2022 dejó de revisar el Crematorio Plenitud.

Al cumplirse un año de que se destapó el caso, Dora Elena Delgado Barraza dice que siguen en busca de justicia y sin encontrar un por qué de todo esto.

Sobre los detenidos, el dueño del crematorio, José Luis A. C., fue liberado por un juez federal en enero pasado y ahora está prófugo, presuntamente en Estados Unidos. A la fecha las autoridades no han emitido una ficha roja que permita detenerlo y extraditarlo. El encargado del lugar, Facundo Teófilo M. R., murió en noviembre pasado en prisión por causas naturales.

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“¿Qué es lo que pasa en este caso? La opacidad, la corrupción, la simulación, la impunidad. No hay en la autoridad un ápice de empatía, de humanismo. Yo veo una total deshumanización, un desprecio a estos 386 cuerpos, un desprecio a las más de mil 500 familias que estarían involucradas”.

“Yo creo que la esperanza es lo único que no nos pueden arrebatar. No es esperanza en ellos. Sabemos que nos están negando la justicia, que simulan la justicia”, dice.

Continúan trabajos

A un año del caso, la Fiscalía General del Estado en Chihuahua afirma que continúan las investigaciones y se busca recabar toda la documentación para emitir la ficha roja de búsqueda de José Luis A. C.

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En cuanto a los cuerpos, a la fecha han identificado 251.

Alejandra López, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), asegura que han brindado apoyo interdisciplinario a las víctimas indirectas de este caso, quienes son familias de los cuerpos localizados, a quienes brindaron atención sicológica y acompañamiento durante todo el proceso de identificación y hasta la entrega del cuerpo de su ser querido para ser inhumado o cremado, de acuerdo con lo que decidan.

Héctor Jácome, coordinador de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Zona Norte, explicó que tras varios procesos se logró individualizar los cuerpos.

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Para su identificación hicieron un llamado a las personas que contrataron servicios de cremación con las funerarias Monte de los Olivos, Del Carmen, Protecto Deco, Luz Divina, Milagros, Latino Americana, Paraíso y Camino al Cielo entre marzo de 2022 y junio de 2025 para que acudan a Servicios Periciales o a Ciencias Forenses para una toma de muestras genéticas para cotejar.

Asegura que su objetivo es lograr la identificación de los 135 cuerpos restantes y la restitución digna a sus familiares.

En tanto, este sábado 27 de junio las familias que integran el colectivo Justicia para Nuestros Deudos realizarán una marcha que saldrá de la funeraria Latinoamericana hacia la Fiscalía General del Estado (FGE), en Ciudad Juárez, para exigir justicia.

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dft