Durante décadas, quienes hemos recorrido los caminos, los campos y los barrios de este país hemos atestiguado una de las lacras más profundas que carcomen la vida pública de México: el cacicazgo. Ese dominio sofocante donde unos cuantos se asumen dueños de las voluntades, del presupuesto y del destino de comunidades enteras, no es más que la negación misma de la justicia social y de la dignidad popular.
Hoy asistimos a un punto de inflexión. El firme posicionamiento de la presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, al encarar de frente el nepotismo electoral y el dinastismo político, toca la fibra más sensible del poder en las provincias y municipios de nuestra patria. Hay que decirlo con todas sus letras y con el reconocimiento que merece: la Presidenta no improvisa en esta postura; desde muy joven, formándose en las luchas sociales y en la defensa de las causas populares, ha sido congruente en combatir los abusos del poder, la corrupción y las viejas inercias de la política tradicional.
Su llamado a erradicar estas prácticas no es una postura de coyuntura, sino la consecuencia natural de una vida de compromiso ético. No podemos llamar democracia a un sistema donde los puestos de elección se transmiten como parcelas privadas o títulos de propiedad. En diversos rincones del país vemos con profunda preocupación cómo gobernadores, alcaldes o legisladores pretenden heredar la silla a sus cónyuges, hijos, hermanos o sobrinas. Se cambia el nombre en la boleta, pero el apellido permanece; la candidatura se disfraza, pero el proyecto de dominación familiar continúa intacto.
Esta simulación —que llega al extremo de instrumentalizar banderas legítimas como la paridad de género para asegurar el continuismo del grupo en el poder— ahoga el surgimiento de nuevos liderazgos auténticos, margina a las bases que trabajan día a día y traiciona la esencia misma del servicio público.
El nepotismo en todas sus variantes —alcance a hijos, hermanos, tíos o sobrinas— no es solo un problema de falta de moral; es un obstáculo estructural que alimenta la impunidad. Cuando el gobierno saliente y el entrante comparten la misma mesa familiar, la rendición de cuentas se convierte en una trágica farsa. Quien llega a proteger al pariente no gobierna para el pueblo; gobierna para resguardar los privilegios de su propia estirpe.
Como legislador y como militante formado en las batallas del campo y de la sociedad civil, lo afirmo categóricamente: la función pública exige vocación, no linaje. La idoneidad para representar a la gente debe sustentarse en el trabajo territorial, la capacidad y la entrega, jamás en el árbol genealógico.
Prohibir en la ley la sucesión directa e indirecta entre familiares es un paso urgente para sanear nuestras instituciones. Sin embargo, la tarea no termina en la norma. Exige congruencia absoluta dentro de los partidos políticos, los cuales deben romper definitivamente con los pactos de cúpula y abrir los espacios a la militancia real, a los dirigentes comunitarios y a las mujeres y hombres que caminan el territorio sin más respaldo que su propio trabajo.
México no luchó durante años para sustituir a los antiguos caciques por dinastías de nuevo cuño. La verdadera transformación de la vida pública exige devolverle el poder al pueblo y garantizar que la patria sea de todas y todos, y no la herencia de unos cuantos.