TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - El poder Legislativo de Chiapas aprobó por urgente y obvia resolución el decreto presidencial que reforma el artículo 73 de la Constitución federal en materia de feminicidio.
La iniciativa, se indicó, representa "un marco jurídico de avanzada" al homologar dicha ley federal a las leyes estatales.
La minuta, propuesta por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reforma el artículo 73, fracción vigésima primera, inciso A, de la Constitución Política del país en el rubro de feminicidio.

La Sexagésima Novena Legislatura en el Congreso de Chiapas enfatizó que la reforma fue aprobada en atención a las políticas "del humanismo" y de pleno respeto a los derechos humanos.
Durante la sesión, encabezada por la presidenta de la Mesa Directiva Alejandra Gómez Mendoza, (Morena), legisladoras de diferentes partidos validaron el proyecto de reforma constitucional.
Bajo el pronunciamiento: “Nos queremos vivas”, las diputadas enfatizaron la importancia de la aprobación de la iniciativa, y destacaron que el Congreso de Chiapas fue el tercero en el país, "que propone un marco jurídico de avanzada al homologar dicha ley".
Argumentaron en que el fondo de la iniciativa se considera el feminicidio no como un delito aislado, sino como una expresión externa "de un espectro continuo de violencias de género", arraigadas en desigualdades históricas entre mujeres y hombres.
Al homologar el delito, expusieron, con las leyes estatales, evita la fragmentación y la falta de coherencia que existe entre las entidades federativas respecto al tipo penal, sus agravantes y sus sanciones.
Además, no se trata sólo de descentralizar, sino de establecer "un piso mínimo de protección" en el país, a fin de que haya una definición homogénea del delito.
Que también se tengan criterios claros y precisos para investigar el delito, que las medidas de protección y las sanciones, no dependan del estado en el que vive una mujer, "porque ninguna mujer debería tener más o menos protección dependiendo del estado en el que vive".
Las legisladoras chiapanecas subrayaron que con la citada reforma no acabará el delito, pero en la práctica representa un paso importante para su homologación, que permitirá el fortalecimiento de acciones entre los tres órdenes de gobierno respecto a la violencia contra las mujeres.
Con relación a la pena máxima para quien cometa feminicidio, en Chiapas, a partir de 2025, se estableció la sanción máxima de 100 años de prisión que no se modificará con la homologación.
Las argumentaciones las establecieron, entre otras diputadas, Silvia Esther Argüello García, del Partido Redes Sociales Progresistas y Marcela Castillo Atristain, del Partido Movimiento Regeneración Nacional.
Participaron, asimismo, Ana Karen Ruíz Coutiño, del Partido Revolucionario Institucional y Andrea Negrón Sánchez, del Partido Movimiento Ciudadano.
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