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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 467 votos a favor, reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en materia de feminicidio, la cual establezca el tipo penal y las sanciones. Fue enviado a las legislaturas locales.
Establece que el Congreso deberá expedir dicha ley dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la reforma; y las disposiciones legales federales y locales en materia del feminicidio continuarán vigentes hasta la entrada en vigor de la nueva ley general.
Durante la discusión del dictamen, la diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) señaló que 75% de las muertes de mujeres se clasifican como homicidio doloso o suicidios; y cuestionó las políticas del gobierno federal en la materia.
“En este sexenio se ha registrado 2 mil 439 feminicidios y 4 mil 849 homicidios dolosos de mujeres; hay más de 29 mil 113 mujeres y niñas desaparecidas… el gobierno no hizo mucho. Primero, desapareció la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dejando el seguimiento de un mecanismo efectivo, como la alerta de género, a cargo de la Secretaría de la Mujer, una dependencia que, por cierto, hoy no tiene titular y además sufrió un recorte presupuestal del 2% en este ejercicio”, lamentó.
La diputada Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN, refirió que es indispensable que la legislación secundaria incorpore mecanismos efectivos de coordinación entre federación, entidades y municipios, con intercambio de información, sistemas de supervisión y rendición de cuentas.
“¿De qué sirve 32 leyes si al final del día sólo el 15% de los casos sobre feminicidio llegan a una carpeta de investigación? ¿De qué sirve tener 32 fiscalías si piden dinero para buscar a las mujeres desaparecidas? No, no festejemos logros. Cuando la primer Secretaría de las Mujeres de este país renunció, porque le importan más las elecciones”, expresó.
Su compañera de bancada, Annia Sarahí Gómez Cárdenas manifestó que no todos los feminicidios son investigados o sancionados como tal, porque se clasifican de otra forma.
“La violencia letal contra las mujeres no se limita a los casos tipificados como feminicidio, de acuerdo con datos de la Comisión de los Derechos Humanos. De enero a octubre de 2025, se registraron mil 781 homicidios dolosos de mujeres, lo que demuestra que una parte de las muertes violentas no es clasificada bajo el tipo feminicidio”, comentó.
La diputada Laura Hernández (MC) afirmó que la ley contra feminicidio “llega muy tarde, si tomamos en cuenta que desde 1993 se comenzaron a denunciar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez”; y propuso realizar parlamento abierto para elaborar la ley contra feminicidio.
“Consideramos fundamental que se lleve a cabo parlamentos abierto para la elaboración de esta Ley; en los que se incorpore a personas defensoras de los derechos de las mujeres, abogadas especialistas que han luchado por la justicia para las víctimas de feminicidio, a las organizaciones de la sociedad civil; y principalmente a las madres y a familiares de víctimas que por décadas han visibilizado esta problemática”, dijo.
La diputada Laura Ballesteros, también de MC, aseguró que el Congreso de la Unión no ha hecho bien su trabajo, por lo que le debe “una disculpa pública al país y a las más de 35 mil familias cuyas mujeres han sido asesinadas por feminicidio”:
“Tomemos responsabilidad, el Poder Legislativo tiene responsabilidad y no está de adorno; no hemos instalado las comisiones bicamerales de seguridad, no hemos instalado la comisión bicameral de seguimiento al Ejército mexicano, no hemos aprobado aquí la reforma constitucional para sacar la ley general contra feminicidio”, subrayó.
En su turno, la diputada Olga Sánchez Cordero (Morena) expresó que la reforma constitucional busca “poner un alto definitivo a la impunidad que ha normalizado la violencia extrema contra las mujeres en este país”.
“Una ley general en materia de feminicidios traería consigo múltiples beneficios, en primer lugar, al establecer bases mínimas y uniformes para todo el país, permitiría que las fiscalías cuenten con protocolos claros y homologados de investigación, lo que facilitaría la recolección de pruebas, reduciría la impunidad y evitaría la discrecionalidad con la que hoy se reclasifican estos crímenes, como simples homicidios o, incluso, como suicidios”, explicó.
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