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El pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Vivienda, la cual es reglamentaria a los cambios constitucionales de 2024, que prevé emplear recursos de los fondos de los trabajadores para la construcción de “vivienda adecuada”, la cual inclusive podrá acceder población que no haya cotizado en el Infonavit y Fovissste.
La reforma presidencial, la cual fue turnada al ejecutivo para su publicación, fue calificada por la oposición como un nuevo “huachicol de vivienda”, que permitirá al gobierno federal a través de empresas filiales para comprar terrenos, construir y remodelar viviendas para su venta o renta.
Con votos a 75 favor y 36 en contra se aprobó la reforma que modifica el artículo 48 de la Ley de Vivienda, la cual establece que se permitirán las inversiones y aportaciones que hagan las dependencias y entidades públicas, como el Infonavit para edificaciones, demoliciones o rehabilitaciones de inmuebles.
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Además, financiar la autoproducción de vivienda, adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales, con los recursos de sus fondos, con la finalidad de enajenar o arrendar viviendas, creando las condiciones adecuadas que permita a las personas trabajadoras obtener un crédito barato y suficiente.
En tribuna, la senadora del Partido Revolucionario Intitucional (PRI), Mely Romero, dijo que la reforma del “oficialismo no es un avance en derechos, es un caballo de Troya para el despojo financiero” ya que “es la gestión de un nuevo huachicol de vivienda” pues se “dan permiso a este señor, le entregan las llaves de la válvula de los ahorros de los trabajadores para que el dinero fluya hacia una constructora estatal opaca”.
Por su parte, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Gina Campuzano, indicó que Morena y la 4T “agarran una causa justa, un tema bueno y noble y lo aprovechan para meter el abuso. Y aquí el abuso está clarísimo. El artículo 56 le da al Infonavit y al Fovissste facultades para adquirir, rehabilitar, construir, demoler, urbanizar, arrendar y transmitir inmuebles con los fondos de los trabajadores”.
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De acuerdo a la reforma turnada al Ejecutivo se establece incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que otorguen crédito, financien, ya sea por sí o por terceras personas, o construyan vivienda “para las personas trabajadoras o para cualquier persona que busque resolver sus necesidades de vivienda”.
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la participación de los organismos que tienen la obligación de proveer vivienda a las personas trabajadoras, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Incluye sustituir el concepto de -vivienda digna y decorosa- por el de -vivienda adecuada.
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dft/bmc
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