Por Carlos Corral Serrano
El pasado miércoles 25 de febrero, en el Congreso de la Unión, se llevó a cabo un foro sobre el futuro de la vivienda en México, en el marco de los trabajos de la Cumbre Internacional del Hábitat para América Latina y el Caribe (CIHALC) con la participación de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU), entre otras organizaciones, instituciones académicas, consultoras y especialistas en desarrollo urbano, teniendo como anfitriona a la diputada federal Claudia Rivera Vivanco. En ese espacio se planteó una idea que debería cambiar la manera en que México entiende la política habitacional: la vivienda no es solamente una casa, la vivienda es la ciudad. Entender esta diferencia es fundamental, porque durante décadas el país ha producido vivienda, pero no necesariamente ha producido ciudad ni bienestar.
Llevar esta discusión al Congreso de la Unión no es menor. Significa reconocer que el problema de la vivienda en México no es solamente un problema de construcción, financiamiento o subsidio; es, sobre todo, un problema de legislación, de planeación territorial y de modelo de ciudad. Durante años, la política pública trató la vivienda como un producto que debía construirse, cuando en realidad la vivienda es parte de un sistema mucho más complejo: el sistema urbano.
La política de vivienda en México se ha medido tradicionalmente en números: créditos otorgados, viviendas construidas, metros cuadrados autorizados, densidades permitidas. Sin embargo, esa visión ha reducido la vivienda a un objeto físico, a una mercancía o a un trámite administrativo. Se autorizan fraccionamientos, se construyen casas, se entregan créditos, pero pocas veces se evalúa si esas viviendas realmente permiten a las personas vivir mejor, tener acceso a oportunidades o formar comunidad.
Hoy se estima que el rezago habitacional en México supera los 8.3 millones de viviendas. Frente a esa cifra, el gobierno federal ha planteado como meta la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio. Sin duda, se trata de un esfuerzo importante. El problema es la dimensión del reto.
Si se comparan ambas cifras, la meta sexenal equivale aproximadamente a una quinta parte del rezago habitacional actual, es decir, alrededor del 21%. Dicho de otra manera: aun si se cumpliera completamente la meta de este sexenio, el país seguiría teniendo un rezago habitacional enorme.
Pero el problema es aún mayor, porque el rezago no es estático. Cada año se forman nuevos hogares, la población crece, las ciudades se expanden y nuevas familias demandan vivienda. Es decir, mientras se construyen viviendas para reducir el rezago, al mismo tiempo se genera nueva demanda. Por eso, si México mantuviera un ritmo similar al actual, abatir el rezago habitacional podría tomar cinco o seis sexenios, y eso sin considerar el crecimiento futuro de la demanda.
Este dato cambia completamente la discusión: el problema de la vivienda en México no se va a resolver sólo construyendo más casas. Se va a resolver cambiando el modelo de ciudad.
Porque además, no todo el rezago habitacional significa falta de vivienda. Una parte importante del rezago es cualitativo: viviendas sin servicios, sin espacio suficiente, sin calidad constructiva, sin transporte, sin equipamiento urbano o lejos de las oportunidades de empleo y educación. Es decir, el problema no es sólo cuántas viviendas faltan, sino dónde están y en qué condiciones están.
Por eso, el planteamiento central es que la vivienda debe entenderse como parte de un sistema de hábitat que incluye suelo, infraestructura, equipamiento, movilidad, espacio público, servicios y comunidad. Dicho de forma simple: la vivienda inicia donde nuestra casa termina.
Durante muchos años, México construyó grandes conjuntos habitacionales en la periferia de las ciudades porque el suelo era más barato. Pero lo barato salió caro. Llevar agua, drenaje, electricidad, transporte, escuelas, hospitales y seguridad pública a zonas alejadas cuesta enormes cantidades de dinero público. Y las familias pagan ese modelo con su tiempo de vida: horas de traslado, gastos de transporte y menor acceso a oportunidades.
La vivienda barata en la periferia suele ser muy cara para las familias y muy cara para la ciudad. Lo que se ahorra en suelo, se gasta en infraestructura. Lo que se ahorra en la compra de la casa, se paga todos los días en transporte y tiempo perdido.
Por eso, la vivienda accesible no se define sólo por el precio de la casa, sino por su ubicación en la ciudad. Una vivienda bien ubicada reduce gastos, mejora la calidad de vida y permite construir comunidad. La política de vivienda debería medirse en bienestar urbano, no sólo en número de viviendas construidas.
El verdadero reto legislativo es entonces cambiar el enfoque: dejar de legislar la vivienda como un producto inmobiliario y empezar a legislarla como parte del sistema territorial. Integrar vivienda con movilidad, infraestructura, equipamiento urbano, medio ambiente, espacio público y gobernanza.
Porque el problema de la vivienda en México no es solamente un problema de vivienda. Es un problema de ciudad.
Conclusión
México necesita construir vivienda, sí, pero sobre todo necesita construir ciudad. Si el país continúa construyendo vivienda sin infraestructura, sin movilidad, sin equipamiento urbano y sin integración territorial, el rezago habitacional no desaparecerá: sólo cambiará de lugar y de forma.
El gran desafío nacional no es construir más casas. Es construir mejores ciudades. Porque al final, la vivienda no termina en la puerta de la casa. La vivienda empieza en la ciudad que la rodea.
Director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas; contacto@amu.org.mx