El aprobó la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una , para establecer criterios homogéneos para su tipificación, investigación y sanción en todo el país.

La modificación al fue avalada por unanimidad en sesión extraordinaria, como parte del proceso nacional de armonización legislativa en torno a este .

En la discusión, se señaló que con esta reforma se busca que exista un marco jurídico uniforme que permita mejorar la eficacia en la investigación y persecución del feminicidio, así como garantizar el acceso a la justicia para las víctimas en condiciones de igualdad.

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El dictamen —que leyó el diputado Eduardo Van Wormer— establece que la futura ley general deberá incluir, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, con el fin de evitar disparidades entre entidades federativas en el tratamiento de estos casos.

Además, se plantea fortalecer la coordinación entre instituciones y orientar políticas públicas que atiendan de manera integral la violencia contra las mujeres.

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A partir de la entrada en vigor de la reforma, el Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días naturales para emitir la ley general en materia de feminicidio. Mientras tanto, en las entidades continuará vigente el marco legal actual.

Durante la discusión, legisladoras coincidieron en la importancia de avanzar en la homologación del delito; sin embargo, señalaron que la efectividad de la norma dependerá de su aplicación y de la asignación de recursos suficientes para las instituciones encargadas de procuración de justicia.

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JACL/bmc

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