En la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un potencial conflicto de interés documentado en los litigios de la Cooperativa Cruz Azul. Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la cementera, tiene a su hija trabajando dentro del máximo tribunal. Renata Yuliana Velázquez Reynoso está adscrita a la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, en la que se han impulsado asuntos clave relacionados con la cooperativa.
El directorio público de la Corte ubica a Renata Velázquez como técnica operativa en esa ponencia. Su declaración patrimonial de inicio de 2025 confirma el cargo, la adscripción y la fecha de ingreso. Antes de eso trabajó en el despacho Ramírez Ornelas Abogados, vinculado también a litigios de Cruz Azul.
Y no es sólo el vínculo laboral. En diciembre de 2024, la propia Loretta Ortiz publicó en su cuenta de X un encuentro con integrantes de la Cooperativa Cruz Azul y agradeció expresamente a Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración, “por hacer posible” la reunión. Meses después, asuntos relacionados con la cementera llegaron a la Corte y fueron impulsados desde el tribunal.
La ministra Loretta Ortiz promovió la atracción de seis asuntos relacionados con la cooperativa. El impedimento 48/2025 refiere las solicitudes 440/2025, 441/2025, 442/2025, 443/2025, 444/2025 y 445/2025, que fueron llevadas a su ponencia para su análisis. La Corte desechó el impedimento presentado para que la ministra se excusara, pero lo hizo por razones procesales, sin entrar al fondo del posible conflicto.
El caso no se limita a una sola ministra. En el amparo directo 46/2025, relacionado con la denuncia por defraudación fiscal contra Víctor Manuel Garcés Rojo, la solicitud de atracción fue promovida por la ministra Lenia Batres, luego de que la autoridad hacendaria no contaba con legitimación para pedir directamente la intervención de la Corte.
En dicho expediente se revisa una denuncia por defraudación fiscal contra Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de Cruz Azul y operador del grupo de Guillermo “Billy” Álvarez. El fallo puede definir si el caso prescribe o se reactiva, con impacto directo en la disputa interna por la cooperativa.
Cruz Azul arrastra una guerra legal y corporativa de varios años. “Billy” Álvarez, quien controló la organización durante más de tres décadas, enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta. Su grupo fue desplazado por el bloque encabezado por Velázquez, que hoy controla la administración, pero igualmente arrastra varios escándalos administrativos y judiciales.
El conflicto ha pasado por tribunales, fiscalías y operativos en plantas como la de Tula, donde hubo enfrentamientos, tomas de instalaciones e incluso muertos. La disputa sigue abierta y con expedientes activos en distintas instancias.
El caso Cruz Azul llegó a la Corte con litigios multimillonarios y disputas internas. Ahora se sabe que también incluye conflictos de interés acreditados en documentos públicos. La Corte tendrá que decidir si lo ignora o si fija un precedente sobre cómo se manejan estos casos dentro dentro del recién renovado máximo tribunal del país.
Posdata 1
Y hablando de conflictos de interés y de escándalos estrepitosos en la Corte, Lenia Batres lo volvió a hacer, pero ahora de forma mucho más grave y sin pudor. La ministra se aferró a impulsar un proyecto que incide directamente en un asunto donde su hermano, Martí Batres, actual director del ISSSTE, está involucrado por una deuda superior a 5 mil millones de pesos con el Gobierno de la Ciudad de México.
El agravante no es solo el fondo, sino la forma en que se operó el caso dentro del pleno. Hubo advertencias, llamados a la prudencia e intentos de aplazamiento, pero nada prosperó. Batres decidió avanzar en condiciones que le resultaban favorables, incluida la ausencia de otra integrante de la Corte que modificaba el equilibrio de votación. El asunto, pues, estuvo calculado.
La normativa obliga a los integrantes del máximo tribunal a declararse impedidos cuando existen vínculos familiares con alguna de las partes. No hacerlo es una posible causa de responsabilidad. Aun así, el asunto avanzó sin que se activaran mecanismos internos de contención o revisión.
El mensaje es delicado para la Corte. Cuando se normaliza que un ministro participe en decisiones con impacto directo en su círculo cercano o, en este caso, familiar, lo que se erosiona gravemente es la credibilidad del órgano completo. En un entorno de fricciones y de gran escrutinio sobre el Poder Judicial, este episodio refuerza la percepción de que los controles institucionales son insuficientes o simplemente no se aplican. Y también que la Corte no solo no parece dar certeza jurídica a los ciudadanos, sino que exhibe su imparcialidad, la falta de conocimiento de algunos de sus integrantes y los abundantes conflictos de interés.
Posdata 2
La Liga MX aprobó este jueves en Toluca una reconfiguración de fondo en su estructura. La Asamblea de Clubes dio luz verde al nuevo modelo de gobierno corporativo impulsado por el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, con el respaldo de los 18 equipos y la asesoría de despachos especializados. El cambio no es menor. Por primera vez se dota a la Liga de personalidad jurídica propia mediante la creación de una asociación civil bajo el paraguas de la Federación, que mantiene el rol regulador.
El rediseño toma referencias de ligas europeas y busca ordenar la toma de decisiones, transparentar procesos y profesionalizar la operación comercial. La apuesta es elevar la competitividad deportiva, pero también maximizar ingresos y mejorar la experiencia del aficionado. En un mercado donde los derechos de transmisión, el patrocinio y la expansión internacional marcan la diferencia, el paso llega con retraso, pero en un momento en el que la presión por resultados financieros es evidente.
De igual forma, la Asamblea confirmó movimientos relevantes en la estructura de los clubes. El Atlante tendrá lugar en la primera división a partir de julio y se formalizó la venta del Atlas a PRODI, de la familia García Bejos, operación que se adelantó en este espacio desde marzo. Con esta transacción, y las de Gallos y Mazatlán, el proceso para desmantelar la multipropiedad alcanza un avance de alrededor de 75% en el último año. El foco se mantiene en Grupo Pachuca, que aún debe definir el futuro del León.
La Liga busca institucionalizarse y dejar atrás prácticas que limitaron su crecimiento. La bienvenida al nuevo propietario del Atlante, Emilio Escalante, y la salida del representante de Mazatlán, Gustavo Guzmán, reflejan un cambio de ciclo.
Posdata 3
El Estado de México dio un paso relevante en materia de derechos animales con la aprobación de la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez. La norma actualiza el marco jurídico local e introduce un cambio de fondo al reconocer, por primera vez, a los animales como seres sintientes, alineándose con estándares internacionales y criterios ya adoptados en otras entidades.
Dicha ley convierte la tenencia de animales de compañía en una responsabilidad legal exigible, con obligaciones claras para garantizar alimentación, atención médica y condiciones dignas, además de incorporar disposiciones como el registro estatal. Se establecen también deberes específicos para autoridades y municipios, que deberán contar con centros de bienestar animal y mecanismos de coordinación para atender, investigar y sancionar casos de maltrato.
En el terreno de las sanciones está uno de los ejes centrales. El maltrato animal deja de ser una falta menor y pasa a un esquema que incluye amonestaciones, trabajo comunitario, multas y arrestos de hasta 24 horas. En casos vinculados a actividades profesionales con animales, las sanciones económicas pueden superar los 17 mil pesos, y si el responsable es un servidor público, las penalidades se incrementan. La ley prohíbe además el abandono, las peleas y cualquier acto de crueldad.
@MarioMal
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