La celebración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos reunió en la nueva Embajada estadounidense en México a una parte relevante del poder político, militar y empresarial del país. Carlos Slim Helú, Benjamín Salinas, gobernadores, diplomáticos y al menos seis altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellos cuatro generales, así como almirantes de la Marina, acudieron a una ceremonia que, además del carácter conmemorativo, envió un mensaje político y de continuidad en la cooperación bilateral.
El tono del encuentro contrastó con la narrativa de confrontación que algunos de los sectores más radicales de Morena han buscado imprimir a la relación con Estados Unidos.
El embajador Ronald Johnson aprovechó la ceremonia para dejar claro que, detrás de los desacuerdos públicos, la coordinación entre ambos gobiernos se mantiene e incluso se ha fortalecido en áreas estratégicas. Habló de la reducción de las muertes por sobredosis en Estados Unidos, de los decomisos de fentanilo, del desmantelamiento de laboratorios clandestinos, de las extradiciones de integrantes del crimen organizado y del trabajo conjunto entre las agencias de seguridad de ambos países. También sostuvo que la revisión del T-MEC debe verse como una oportunidad para fortalecer la competitividad de Norteamérica y no como un factor de ruptura.
La presencia de la cúpula militar mexicana fue especialmente significativa en un contexto en el que Estados Unidos mantiene la presión para obtener mayores resultados en el combate a los cárteles y al tráfico de drogas. La asistencia de generales y almirantes confirmó que la interlocución entre las Fuerzas Armadas de ambos países sigue siendo uno de los pilares de la relación y una prioridad para ambos gobiernos.
En representación del gobierno mexicano, Roberto Velasco llevó un mensaje en el mismo sentido. Destacó el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo como los ejes que han permitido mantener una relación constructiva con Estados Unidos, pese a las diferencias que persisten en materia comercial, migratoria y de seguridad. El tono fue el de una diplomacia que privilegia los acuerdos sobre la confrontación y que busca preservar los canales de comunicación en la antesala de una compleja negociación del T-MEC.
Citó como muestra de esa coordinación los avances en seguridad, el combate al tráfico de drogas y armas, la estrategia conjunta contra el gusano barrenador y el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, al tiempo que subrayó que la protección de los mexicanos en Estados Unidos seguirá siendo una prioridad.
La presencia de empresarios tuvo su propia lectura. Carlos Slim volvió a asistir a un evento de la Embajada estadounidense, como ya lo había hecho durante la recepción de bienvenida de Ronald Johnson. Al concluir la ceremonia evitó hacer comentarios sobre la relación bilateral y se limitó a decir que el evento “se vio muy bien”. También estuvieron Benjamín Salinas, presidente de TV Azteca; Antonio del Valle Perochena, expresidente del Consejo Mexicano de Negocios; Francisco Cervantes, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, además de gobernadores, legisladores e integrantes del cuerpo diplomático.
La ceremonia realizada en la nueva sede diplomática estadounidense dejó una imagen que podría incomodar a los grupos más radicales de Morena, pues mientras en el debate público predominan las diferencias sobre temas comerciales, migración, seguridad y soberanía, en los hechos los principales canales de comunicación entre ambos países siguen fortaleciéndose. Las Fuerzas Armadas y empresarios siguen encontrando espacios de interlocución porque los intereses compartidos son demasiado relevantes como para quedar subordinados al discurso político de coyuntura.
La nueva Embajada de Estados Unidos sirvió para enviar un mensaje político junto con la celebración de su Independencia. Quiso mostrar que la relación con nuestro país sigue siendo una prioridad estratégica y el gobierno mexicano respondió con una representación política, militar y empresarial de alto nivel.
Posdata 1
La discusión sobre los derechos de las audiencias es, en realidad, una discusión sobre los límites del poder frente a la libertad de informar. Los lineamientos que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puso a consulta pública surgieron después de una sucesión de acciones de Morena, tanto del sexenio pasado como del actual, contra periodistas y medios críticos.
No hay que olvidar que en los últimos años, desde el gobierno se ha descalificado públicamente a periodistas y medios que han revelado asuntos de corrupción en los gobiernos de la 4T y críticas a funcionarios y políticos. También se crearon espacios oficiales como “Quién es Quién en las Mentiras”, el “Detector de Mentiras” y el programa “Derecho de Réplica”, así como llamados expresos para dejar de consumir determinados medios, como ocurrió recientemente con TV Azteca. Los nuevos lineamientos deben analizarse a la luz de esa estrategia sostenida de confrontación con la prensa crítica.
El proyecto gubernamental va más allá de proteger a las audiencias, porque introduce conceptos ambiguos como información “falsa”, “descontextualizada” o “histórica presentada como actual”, cuya interpretación quedaría en manos de la autoridad. Asimismo transforma los códigos de ética en instrumentos sujetos a supervisión oficial, limita la independencia de las personas defensoras de las audiencias y faculta a la Comisión para revisar sus resoluciones e iniciar procedimientos sancionadores. En los hechos, concentra atribuciones que modifican el modelo previsto por la ley.
El mayor riesgo para los medios no es una multa ni un procedimiento administrativo, sino la autocensura. En México, donde la violencia, la corrupción y la impunidad siguen siendo problemas estructurales, reducir el margen para el periodismo crítico implica reducir también el derecho de las audiencias a contar con información suficiente para formar su propio criterio.
Y por si fuera poco, la preocupación va más allá de la radio y la televisión. Desde Palacio Nacional ya se anunció la intención de extender este tipo de regulación a la prensa escrita y a las redes sociales. Los expertos en libertad de expresión coinciden en que el derecho de las audiencias es elegir qué medio consumir, qué periodista escuchar y en quién confiar. Por ello, esa decisión debe seguir perteneciendo a los ciudadanos y nunca al Estado.
Posdata 2
La fotografía de las finanzas públicas del primer semestre se puede leer de dos formas: la de la Secretaría de Hacienda que destacó un crecimiento económico de 1.5% en el segundo trimestre, un incremento de 10.2% real en los ingresos presupuestarios de junio y una deuda equivalente al 51% del PIB, que considera manejable; y la de los analistas, que observan una economía que sigue creciendo por debajo de su potencial, ingresos públicos que en el acumulado apenas avanzan 0.1% real respecto de 2025 y una inversión pública que continúa rezagada.
Las cifras dejan ver que el gobierno está privilegiando la consolidación fiscal por encima del impulso al crecimiento. Los ingresos quedaron 141 mil millones de pesos por debajo de lo programado y el gasto registra un subejercicio cercano a los 500 mil millones de pesos, mientras la inversión física acumula una caída real de 7.9%. Es decir, el ajuste de las finanzas públicas se está logrando, en buena medida, gastando menos de lo previsto y aplazando proyectos de inversión, una estrategia que ayuda a contener el déficit en el corto plazo, pero que también limita la capacidad de la economía para acelerar su ritmo de crecimiento.
Ese será el principal desafío del gobierno de Claudia Sheinbaum durante la segunda mitad del año. La disciplina fiscal ha sido bien recibida por los mercados, pero mantenerla en un entorno de menor dinamismo económico exigirá algo más que un manejo prudente de las cuentas públicas. Se necesitará demostrar que puede aumentar la recaudación, reactivar la inversión y sostener el crecimiento sin recurrir a un mayor endeudamiento.
Posdata 3
A propósito de la economía mexicana, Guillermo Ortiz, uno de los economistas con mayor peso técnico y político del país, cuestionó la narrativa económica del gobierno de Sheinbaum al acusar que los principales logros presentados por la Presidenta parten de comparaciones incompletas y de una selección favorable de indicadores. El exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México sostuvo que, si bien las cifras son técnicamente correctas, su interpretación resulta engañosa porque omite las debilidades estructurales de la economía mexicana y ofrece una imagen más optimista de la realidad.
Ortiz puso como ejemplo la inversión extranjera directa, donde la mayor parte de los flujos corresponde a reinversión de utilidades y no a nuevos proyectos; también cuestionó el uso de comparaciones con países de la OCDE en lugar de economías emergentes comparables, y advirtió que el aumento histórico del salario mínimo no ha estado acompañado por un crecimiento de la productividad. A ello sumó el bajo desempeño del PIB desde 2019, el debilitamiento de la actividad industrial y el llamado “efecto base”, que puede exagerar la percepción de recuperación económica cuando se compara con periodos particularmente débiles.
Más allá del debate estadístico, el exgobernador de Banxico y exsecretario de Hacienda sostuvo que los principales obstáculos para el crecimiento siguen siendo la inseguridad, la corrupción, la debilidad del Estado de derecho y la incertidumbre institucional. En su opinión, esos factores pesan mucho más sobre las decisiones de inversión que cualquier presentación de indicadores favorables. También advirtió que tanto los mercados como las agencias calificadoras evaluarán al gobierno por su capacidad para resolver esos problemas estructurales y no por la narrativa que construya alrededor de las cifras económicas.
@MarioMal
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