Al menos 30 indígenas tzeltales son desplazados en el municipio de Chilón, Chiapas: Frayba; 3 personas fueron torturadas, denuncia
ONG explica que “el desplazamiento forzado interno" de las familias de pueblos originarios dejó diversas afectaciones en viviendas y vidas humanas
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Pobladores del ejido Jotolá del municipio de Chilón, respaldados por agentes de la Guardia Estatal, la Policía Municipal, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y del Tribunal Unitario Agrario, “agredieron” y desplazaron forzadamente a 30 tzeltales, que se agrupan en el Congreso Nacional Indígena (CNI), denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
En la acción fueron aprehendidos Francisco Moreno Hernández y María de Jesús Sánchez. Ésta última "fue torturada" cuando la trasladaba un agente de la Fiscalía Indígena y además la amenazó con que sería "desaparecida”.
La ONg explicó que “el desplazamiento forzado interno" de las ocho familias de pueblos originarios, dejó un saldo de cinco viviendas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, así como animales domésticos muertos y tres indígenas " torturados y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
El Frayba, detalló en un comunicado que los hechos fueron cometidos el pasado 12 de febrero cuando ese día, a las 8 de la mañana, fue capturado Moreno Hernández por elementos de la Policía Municipal de Chilón.
En el recuento, se estableció que entre los desplazados están 17 niños, una mujer embarazada, dos adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad.
Desplazamiento de lugareños
A las 11 de la mañana de ese día, precisó el organismo defensor, cerca de cien personas irrumpieron en el área de viviendas donde co habitaban las ocho familias agraviadas.
Fueron identificados como agresores, entre otros, la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del INPI y del Tribunal Unitario Agrario.
El caso, agregó el centro de Derechos Humanos, es que la violencia no terminó con el desplazamiento de esos lugareños sino que se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del Congreso Nacional Indígena.
Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición del Juzgado de Control de Yajalón, en el que se les señaló que estaban acusados del delito de despojo agravado”.
Posterior al desplazamiento, el 17 de febrero, continuó la audiencia en la que el Juez vinculó a proceso a los imputados.
La autoridad jurisdiccional impuso a Francisco prisión preventiva justificada, aun cuando la Fiscalía no argumentó que fuera necesaria tal medida.
El lugareños actualmente está privado de su libertad en el centro penitenciario Yajalón; a María de Jesús se le aplicó la medida cautelar de firma periódica semanal.
Según el Frayba, esas acciones son parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla.Y que la participación de esas autoridades y actores locales en esos actos violan los derechos humanos.
A esas detenciones, se agregan ocho órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, y aumentan así la vulnerabilidad de las familias que huyeron de sus viviendas y que hoy tienen en riesgo su libertad y seguridad.
Las consecuencias de esos actos, afectan los derechos a la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud y los derechos de la niñez y adolescentes a vivir en condiciones seguras y de bienestar.
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