Jubilados de CFE y Pemex niegan tener pensiones doradas; protestan por recortes

Bajo la sombra de un árbol, Jorge Salcedo mira al suelo sentado en una banqueta. A sus 71 años ha soportado una caminata de más de dos kilómetros bajo el sol. Podría estar en su casa, en Cuernavaca, con sus hijos y nietos. Pero elige estar aquí, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exigiendo que no recorten la pensión que recibe después de 31 años de trabajo.

Es la mañana de un jueves en la Ciudad de México. La temperatura se acerca a los 30 grados y el sol es inclemente, pero eso no detiene a cientos de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que bloquean el paso. “No robé, no mentí. No traicioné, solamente trabajé”, gritan a coro. En una ciudad donde cada día hay en promedio nueve protestas, que sean personas de la tercera edad quienes salen a las calles es inusual.

Todos rebasan los 60 años y han viajado desde diferentes puntos del país en autobuses que ellos mismos rentaron. Visten camisas blancas en las que no se asoma ni una arruga, tenis con logos de marcas fáciles de identificar y lentes oscuros. Sus suelas no tienen el desgaste de quien camina por estas calles todos los días. Algunos recuerdan que la última vez que salieron a protestar fue en 2022, cuando defendieron la autonomía del INE.

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En la Ciudad de México, esta es la quinta manifestación contra la reciente Reforma al artículo 127, pero se han registrado protestas en todo el país, desde Baja California a Yucatán y de Michoacán a Veracruz. Jorge quisiera gritar con sus compañeros pero no puede. Hace grandes esfuerzos para articular cada palabra.

—Tengo un problema de cáncer, es un tumor y no puedo hablar muy bien. Me dañó la lengua —se disculpa.

En la segunda quincena de abril pasado, Jorge revisó su cuenta bancaria y descubrió que el Estado mexicano le había reducido la pensión que recibe desde que se jubiló de la CFE en 2011, donde ocupaba una subgerencia. Fue la aplicación de la Reforma que pretendía acabar con las "pensiones doradas" de la burocracia, estableciendo que ningún funcionario puede recibir como pensión un monto mayor a la mitad de lo que gana quien ostente la Presidencia de la República. Claudia Sheinbaum percibe un salario neto mensual de 133 mil 332.97 pesos. La mitad de eso ronda los 70 mil pesos, un techo que parece inalcanzable para la inmensa mayoría de los mexicanos.

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La esposa de Jorge padece lupus y no puede estar aquí. Él participa en las protestas a nombre de ambos. "Yo no puedo dejar mi tratamiento, no es posible, y es una injusticia porque es un derecho adquirido", dice. El costo de su seguro médico, después del diagnóstico y numerosos tratamientos, asciende a 370 mil pesos al año que paga a crédito. Con el recorte, ya no podía cubrir el de su pareja. "Ya veremos qué hacer", dice, y no elabora más. Los hospitales públicos no son una opción que considere viable. Un viejo amigo suyo, también con cáncer, murió esperando una operación que tardó en programarse.

El 13 de marzo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó la lista de las personas jubiladas de siete instituciones públicas: Luz y Fuerza del Centro, Pemex, CFE, Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional de Comercio Exterior y Banco Nacional de Crédito Rural. No se aclaró si se había hecho una revisión exhaustiva de otras dependencias. “Se identificaron pensiones exorbitantes que superan el sueldo de la Presidenta de la República e incluso con percepción de más de un millón de pesos mensuales”, anunció en un comunicado.

De acuerdo con esas bases de datos, se trataba de 99 mil 557 pensionados que generaban un gasto de 7 mil 111 millones 716 mil 836 pesos al Estado cada mes. Según dijeron, se trataba de “pensiones millonarias” en un país donde la jubilación promedio es de 6 mil 240 pesos. Una semana después la Secretaría corrigió la información de seis exfuncionarios acusados de recibir cantidades exorbitantes, incluido quien inicialmente encabezaba la lista con una pensión de 1 millón 107 mil pesos. En realidad percibía 201 mil pesos mensuales. Con estos ajustes hechos, había sólo tres personas que cada mes recibían más de un millón de pesos. Los rostros de quienes tenían las pensiones más altas ocuparon las portadas de los medios mexicanos. Cuando la corrección llegó, ya era demasiado tarde.

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Concentrado de los montos de pensiones dadas a conocer por el gobierno mexicano.

El rostro de Jorge, con su mirada profunda, cabello completamente blanco y nariz ancha no se dio a conocer. Pero su nombre sí, junto con el de todos los que hoy protestan frente a la Corte.

A unos metros de donde Jorge descansa, María de los Ángeles España sostiene una sombrilla con la mano derecha y con la izquierda afirma su bastón contra la jardinera donde está sentada. Usa una visera y una blusa de manga corta; en su rostro se asoman pequeñas gotas de sudor. Se escabulló de casa para venir, pues sus hijos temían por su seguridad en medio del tumulto, y ahora está aquí, a sus 74 años, defendiendo lo que construyó en 25 años dentro de la CFE. Entró ganando 47 pesos con 31 centavos al mes, según recuerda. Salió como responsable de las comisiones de capacitación para los electricistas, después de haberse pagado ella misma una carrera y una especialización con los beneficios del contrato colectivo. Se jubiló en 2018. Y el gobierno recortó el 45% de esa pensión.

“Es una narrativa falsa, que somos privilegiados, que son pensiones doradas”, dice, “que había pensionados de un millón y tantos de pesos, pero ya revisaron y si las hubo eran de muy altos funcionarios. La mayoría de los trabajadores aquí hemos sido operativos, técnicos. Hemos dedicado nuestra vida al trabajo”.

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María de los Ángeles ha sido siempre independiente y, aunque estaba casada y tiene tres hijos, nunca necesitó ayuda financiera. Al contrario, desde hace 10 años ayuda a su hermana que vive con una enfermedad crónica, y ha asumido la mayor parte de sus gastos. “¿Qué va a pasar ahora?”, pregunta al aire, “el dinero no alcanza para las dos, ¿y si me enfermo yo también?”

La vida laboral de Reynaldo transcurrió entre turbinas y lodo. Recuerda el año 2007, cuando un cerro se desgajó sobre el río Grijalva, en Chiapas, amenazando con desbordar la presa de Malpaso e impidiendo la generación de energía. Pasó navidades y años nuevos en zonas de desastre, comiendo en mesas largas junto a campesinos, durmiendo a ratos sobre la tierra. “A todos los que obtuvieron de manera fraudulenta su jubilación, metanlos a la cárcel. Ellos ni siquiera el mínimo merecen, pero uno que trabajó toda la vida…no es justo”, dice el hombre de 72 años, excoordinador de mantenimiento de hidroeléctricas de CFE.

Él vive en la Ciudad de México y, después de dos matrimonios, tiene que asumir los gatos de un nieto y su hija de diez años. Su hipoteca estaba absorbiendo el 23% de sus ingresos. Afortunadamente, dice, no tiene problemas de salud ni necesita un médico privado, pero su estabilidad pende de un hilo. “Yo pago todo lo que necesite mi hija y mi nieto, ¿qué va a pasar después?, ¿cómo me aseguro que van a poder ir a la universidad, que van a seguir teniendo todo lo necesario?”

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En marzo, aún entre protestas de los jubilados, la Cámara de Diputados y la de Senadores aprobaron la reforma propuesta por la entonces consejera jurídica de la Presidencia. El documento no explicaba la razón detrás del cálculo del 50% de los ingresos presidenciales, quedaba en el aire si se basaría en la cifra del sueldo o de los ingresos totales y, además, atenta contra algo “sagrado” en el derecho mexicano: la no retroactividad.

La avalancha de amparos que esto desató no fue sorpresa para nadie. También por eso los jubilados están este jueves frente a la Corte.

—Se supone que ellos (los magistrados) son los protectores de la Constitución, no pueden permitir que esto pase— dice Jorge con esfuerzo.

—Seguro conocen las fallas de las Reforma, pero ¿cree que puedan hacer algo?— le pregunto. Jorge sólo suspira y niega con la cabeza.

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De acuerdo con la Alianza Nacional de Jubilados se han presentado al menos 6 mil juicios de amparo. Todos han sido rechazados en primera o en segunda instancia, es decir, cuando son revisados por un juez local o cuando llegan a un tribunal federal. La propuesta de ley fue diseñada para ser imbatible: al tratarse de una reforma constitucional, no puede atacarse con un amparo, esa figura legal que busca proteger a los ciudadanos de las decisiones del Estado que afecten sus derechos humanos.

Carlos de Buen es abogado titular del despacho laborista Bufete de Buen, fundado por su padre, el prestigioso jurista Néstor de Buen. Actualmente representa a un grupo de entre 80 y 90 jubilados afectados por la reforma a las pensiones. “Es una canallada bajar las pensiones de esta manera", dice en entrevista, "¿Por qué la mitad de las percepciones de la presidenta de la República?, ¿por qué se les ocurrió? Pudieron haber dicho la cuarta parte, el 10%... No hay ningún argumento, sólo se les ocurrió”.

El especialista señala que la mayor falta es su aplicación retroactiva en perjuicio de miles de personas, además de atentar contra la propiedad privada y la seguridad social, y dejar el cálculo a interpretación abierta porque los ingresos de la Presidenta, considerando las prestaciones que le otorga su puesto, son mucho mayores a 133 mil pesos. Reconoce también el callejón sin salida que significa una reforma constitucional y tiene pocas esperanzas de que los casos encuentren solución en la justicia mexicana.

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—Le tengo muy poca confianza a nuestro Poder Judicial actual y más a la Suprema Corte, que ha mostrado que no tiene independencia. Estas cosas no se van a resolver en México, tendremos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

—¿Por qué cree que se impulsó una reforma con tantos vicios?

—Es una medida populista. Se confronta a la sociedad, quienes no tienen acceso a una pensión de esta naturaleza, ahora ven a quienes sí las reciben como un enemigo a vencer y así ganan popularidad porque le están “pegando” a los que tienen dinero.

Las pensiones en México ya son una bomba de tiempo macroeconómica. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) lo pone en términos crudos: el gasto público en pensiones representará el 7.1% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2030, e incluso podría trepar al 7.8% si continúan las expansiones de beneficios. Gastar 7 puntos del PIB en pensiones ya tiene consecuencias devastadoras en la sostenibilidad financiera del país.

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En un año en que la deuda pública llega casi al 54% del PIB, el gobierno federal busca vías para recortar sus gastos. “Cuando oyes que los costos del huachicol son como 700 mil millones de pesos, ¿por qué no empiezan por ahí?” dice de Buen, “esas son cantidades mucho mayores a las que puede representar como ahorro limitar las pensiones”.

Por otro lado, según el abogado, si se tomó la decisión de acabar con las “pensiones millonarias” podían identificarse los casos específicos y “atacarlos incluso por la vía penal”, incluyendo a los funcionarios que trabajaron en las instituciones muy poco tiempo y obtuvieron una pensión vitalicia torciendo las normas.

Considerando que los litigios internacionales pueden tomar décadas, de Buen considera que sólo hay una salida posible:

—Uno no puede descartar que haya marcha atrás, pero tendría que venir desde Presidencia. Ya no está en manos del Poder Judicial.

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El pasado 29 de mayo la actual consejera jurídica, Luisa María Alcalde, se reunió con un grupo de jubilados inconformes. La promesa fue que revisarían a detalles sus quejas y armarían mesas detrabajo. El 10 de junio la Asociación de Jubilados de Confianza de Pemex informó que por disposición del gobierno se les pagaría como tope el salario de la presidenta. El 11 de junio, CFE publicó un comunicado que hace referencia a un criterio establecido por la propia Consejería para fijar como nuevo tope el sueldo de quien ostente el Poder Ejecutivo. Sin embargo, al no tratarse de un ajuste aprobado por el Congreso y publicado en el Diario Oficial de la Nación, continúa siendo un criterio que beneficia según el régimen de su jubilación. Las personas entrevistadas para este reportaje no han logrado recuperar los ingresos previos a la reforma, además de haber perdido otras prestaciones. Se buscó al gobierno federal para aclarar las inconsistencias pero no se concretó una entrevista al cierre de edición. El 4 de agosto, Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una nueva iniciativa para fijar constitucionalmente el tope en el 100% y evitar interpretaciones. Hasta el momento no ha sido presentada.

Durante 28 años de trabajo Reynaldo Rangel vio a funcionarios corruptos ir y venir. “Claro que había casos, no vamos a mentir”, pero dice que él, su jefe inmediato y el resto de sus compañeros encargados de garantizar el funcionamiento de 67 centrales hidroeléctricas se concentraban en la oportunidad que significa trabajar en CFE, tener estabilidad laboral y hacer un servicio público que consideraban importante. “La mayoría de los afectados éramos empleados muy especializados, con trabajos pesados y exigentes, pero lo hacías porque era algo que ayudaba a mucha gente, algo que le servía a muchos mexicanos”. Ahora, debido a la reducción a su jubilación, Reynaldo ha puesto su casa a la venta.

En una ciudad asfixiada por el tráfico y las altas temperaturas, decenas de jubilados siguen esperando afuera de la Corte a que termine la reunión de una comisión con los magistrados. Lo han logrado después de al menos cuatro horas de consignas. Al salir, los voceros admiten, decepcionados, que los recibió otro funcionario “muy menor”. Pero hoy, al menos hoy, se sintieron escuchados. María de los Ángeles no espera el resultado. Se prepara para el lento regreso hacia su departamento. “No puedo caminar bien por el bastón y tengo problemas de presión, o se me dispara o se me baja. Por eso mis hijos no saben que me vine solita”, confiesa bajando la voz. Despacio se aleja entre manifestantes, se despide de algunos a la distancia, hasta que se pierde entre la muchedumbre del Centro Histórico.

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