CNDH reconoce que mayoría de desapariciones son cometidas por particulares y crimen organizado; admite complicidad de agentes del Estado

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que actualmente la mayoría de las desapariciones es cometida por particulares y organizaciones criminales, aunque reconoció que en algunos casos existe apoyo, complicidad o encubrimiento de agentes del Estado de los ámbitos local y federal.

A través de un comunicado y en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el organismo informó que entre noviembre de 2019 y 2025 emitió 20 recomendaciones relacionadas con esta violación a derechos humanos, frente a únicamente nueve registradas durante los 29 años comprendidos entre 1990 y 2019.

De las 20 recomendaciones emitidas durante la gestión actual, 17 correspondieron a violaciones graves. Cinco de éstas, equivalentes a 29.4%, estuvieron relacionadas con hechos ocurridos durante el gobierno anterior, mientras que las restantes abordaron sucesos de años previos.

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“La desaparición forzada no es en la actualidad una violación cometida generalizadamente desde el Estado, pero no ha dejado de suceder”, señaló la CNDH.

El organismo que dirige Rosario Piedra puntualizó que no toda desaparición constituye una desaparición forzada ni puede atribuirse de manera general al Estado, pues esa clasificación exige analizar las circunstancias particulares y determinar la posible intervención, autorización o aquiescencia de agentes públicos.

Mencionó que las recomendaciones emitidas durante la actual gestión incluyeron seis puntos recomendatorios dirigidos a la Fiscalía General de la República; siete a la Secretaría de la Defensa Nacional; nueve a la Secretaría de Marina; tres a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y dos a la Guardia Nacional.

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Digo que también se emitieron puntos recomendatorios para la Comisión Nacional de Búsqueda, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La CNDH aclaró que una sola recomendación o expediente puede involucrar a varias instituciones de diferentes órdenes de gobierno.

El organismo contrastó esas cifras con las nueve recomendaciones relacionadas con desaparición forzada emitidas entre 1990 y 2019, periodo en el que, afirmó, estos hechos se registraban con mayor frecuencia.

Explicó que durante la administración actual fueron retomadas quejas que permanecían archivadas, las cuales se investigaron hasta concluir con la emisión de las recomendaciones correspondientes.

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Recordó que entre las décadas de 1950 y 1990 las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales formaron parte de prácticas represivas institucionalizadas por el Estado y vinculadas con la violencia política de aquella época.

Para investigar esos hechos, en 2020 creó la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente.

Los trabajos de esa oficina derivaron en la Recomendación General 46/2022 y la Recomendación 98VG/2023, relacionadas con casos que permanecieron durante décadas sin un reconocimiento suficiente.

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La Comisión Nacional manifestó que las desapariciones provocan daños a las víctimas, sus familias y comunidades, por lo que ninguna debe asumirse como un hecho ordinario ni reducirse a una cifra o un expediente.

“Detrás de cada persona desaparecida existe una historia, una familia y una comunidad que tiene el derecho a conocer su paradero y la verdad acerca de lo ocurrido, pero sobre todo a la reparación integral”, expresó.

Agregó que las características actuales del fenómeno y las limitaciones del sistema no jurisdiccional la llevaron a impulsar una reforma de las leyes que la regulan, con la finalidad de adecuar sus atribuciones y procedimientos a la realidad del país.

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Reconoció a las familias y colectivos que han mantenido la exigencia de verdad, justicia y memoria, particularmente a las mujeres que encabezan las labores de búsqueda de sus familiares.

Destacó que continuará acompañando a las víctimas y ejerciendo sus atribuciones para contribuir a que las autoridades cumplan con sus obligaciones de buscar, investigar y esclarecer las desapariciones.

“Verdad, justicia y memoria son derechos, no concesiones”, concluyó.

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