CNDH respalda derechos de las audiencias; "libertad de expresión no es el derecho a decir mentiras", dice

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestionó a quienes califican de “censura” los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al afirmar que algunos de sus críticos se han beneficiado de formas económica y política de difundir “mentiras, tergiversaciones y opiniones particulares o de grupo” como verdades absolutas.

“La libertad de expresión no es el derecho a decir mentiras”, dijo dicho organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra a través de un pronunciamiento al recordar su postura en la Acción de Inconstitucionalidad 76/2025 contra distintas disposiciones del Código Penal del Estado de Puebla.

Indicó que el bulo, la mentira y los discursos de odio y discriminación no pueden considerarse información ni quedar cobijados por las libertades de expresión.

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Agregó que la discusión pública fortalece el debate acerca del papel de los medios de comunicación en el ejercicio efectivo del derecho a la verdad y a la democracia.

Además, que la discusión no significa que se esté ante un intento de censura o represión y sostuvo que los lineamientos pueden contribuir a subsanar una deuda histórica con las audiencias, al reconocerlas como titulares del derecho a recibir información veraz, plural, claramente identificada y respetuosa de la dignidad humana.

Dijo que las disposiciones propuestas no facultan a la autoridad para imponer una verdad única, opiniones determinadas o castigar el periodismo crítico o de investigación.

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Indicó que tampoco implican que el gobierno se convierta en juez con el fin de determinar qué es verdad y qué es mentira en los medios, que intervenga en las decisiones editoriales o contenidos informativos, ni que se sancione a los concesionarios por lo que difunden.

Expresó que la finalidad es garantizar los derechos establecidos desde 2014 en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y cumplir con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado y que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna.

Recordó que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y un recurso limitado, por lo que debe administrarse privilegiando el máximo beneficio social y bajo los principios de eficiencia, equidad e interés público, con un enfoque de derechos humanos.

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Medios públicos y privados

Esta Comisión explicó que la radiodifusión es un servicio público de interés general fundamental para la construcción de ciudadanía y la consolidación de una identidad cultural. En ese contexto, sostuvo que los medios públicos de comunicación no deben actuar como meros voceros del poder y que los particulares y empresas concesionarias de radio y televisión mantienen una responsabilidad social que debe trascender la lógica mercantil y los intereses particulares.

Añadió que informar implica contribuir a la formación de una opinión pública crítica, participativa y consciente, capaz de deliberar libremente, exigir rendición de cuentas y ejercer y defender los derechos humanos.

Entre los mecanismos que la CNDH consideró necesario fortalecer están la Defensoría de las Audiencias, el derecho de réplica y canales institucionales independientes para que las personas puedan expresar inconformidades relacionadas con violaciones a sus derechos en transmisiones públicas y privadas.

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Mencionó que dichos instrumentos ya existen, pero necesitan claridad y especificidad para su ejercicio, y advirtió que actualmente no se cuenta con un procedimiento claro que asegure su funcionamiento y garantice una atención oportuna de la desinformación.

Asimismo, planteó la necesidad de diferenciar entre información noticiosa y opiniones personales, contar con contenidos que reflejen la diversidad social, cultural, étnica y lingüística del país y evitar que las preferencias políticas de los emisores determinen los contenidos.

Consideró necesario evitar la publicidad engañosa presentada como información periodística o noticiosa.

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Derechos de las audiencias y libertad de expresión, "complementarios"

Argumentó que los derechos de las audiencias y la libertad de expresión son complementarios y se fortalecen mutuamente. Y destacó que una sociedad democrática requiere que las personas puedan distinguir entre hechos y opiniones, identificar contenidos con fines comerciales o políticos, conocer el origen de los mensajes y contar con mecanismos eficaces para corregir información falsa o inexacta mediante instancias independientes.

Afirmó que las principales afectaciones a la libertad de expresión en la historia reciente de México no han derivado del reconocimiento de los derechos de las audiencias, más bien de prácticas como la censura y la manipulación de la información, las presiones políticas y económicas contra periodistas y medios de comunicación y la concentración de la propiedad de los medios.

Recordó que diversos sectores han cuestionado el empleo de medios públicos con la intención de imponer una sola verdad y la influencia desproporcionada de grandes concesionarios en la formación de la opinión pública y en el sostenimiento de estructuras de poder político y económico.

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Mercantilización de la información, "peligro al derecho a la verdad"

Resaltó que la concentración mediática, la mercantilización de la información y la subordinación del interés público a intereses políticos o comerciales representan riesgos para el derecho a la verdad y para la calidad de la democracia.

También hizo referencia a diversos episodios de la historia de México, desde la censura durante el Porfiriato y la promulgación de la Constitución de 1917, hasta el uso de medios de comunicación para privilegiar determinadas narrativas o minimizar otras voces.

Al citar su "Pronunciamiento sobre el deber de prevenir y erradicar las múltiples manifestaciones de violencia política en el contexto del ejercicio de los derechos político-electorales", la Comisión señaló que durante largos periodos se recurrió a mecanismos de invisibilización, estigmatización y descrédito contra movimientos sociales y actores políticos que representaban alternativas al orden establecido.

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Agregó que durante la Guerra Fría actores y organizaciones identificados con la izquierda fueron presentados como una “amenaza para el orden social”, mientras que después adquirieron mayor importancia mecanismos de manipulación mediática.

Dijo que el objetivo era limitar el ejercicio de libertades y derechos de determinados actores y evitar la competencia por el poder en condiciones de igualdad para mantener el orden establecido.

Por ello, consideró que la defensa de la libertad de expresión implica garantizar el pluralismo informativo, la variedad de voces y el derecho de las audiencias a acceder a información veraz, verificable y oportuna.

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Aseguró que la democracia requiere acceso universal a la información y a la verdad, así como dejar atrás cualquier tentación de dogmatismo o de imponer “verdades únicas”. Añadió que los medios deben contribuir a formar una opinión pública consciente, crítica y libre y fortalecer la deliberación pública.

En este contexto, la Comisión Nacional afirmó que la libertad de expresión protege al individuo no solamente en la manifestación de ideas, sino también frente a la desinformación, las ideas prejuiciadas o deliberadamente falseadas con un fin distinto al ejercicio de esa libertad.

Resaltó que el derecho a la verdad está intrínsecamente vinculado con el derecho a la democracia: “Sin verdad no existe deliberación democrática; sin información confiable, no puede formarse una ciudadanía consciente y participativa”.

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Reconoció que la consulta pública convocada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones representa una oportunidad para enriquecer y perfeccionar los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, así como para fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión y la democracia.

Expuso que una democracia auténtica requiere un periodismo libre e independiente, medios comprometidos con su responsabilidad social y audiencias bien informadas, para que la comunicación cumpla su función social al servicio de la verdad, la justicia, la dignidad humana y los derechos del pueblo de México.

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