Senado aprueba reforma a ley en materia de Integridad de Candidaturas; busca evaluar nexos con actividades delictivas
Con 85 votos a favor, el Pleno avaló la creación de la Comisión que analizará perfiles de aspirantes a cargos de elección popular
El pleno del Senado aprobó esta madrugada la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en Materia de Integridad en Candidaturas.
La reforma, avalada en lo general con 85 votos a favor y 40 en contra, tiene por objeto establecer diversas disposiciones en materia de verificación de integridad de perfiles de candidaturas a cargos de elección popular.
Esta reforma secundaria crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que recibirá de los partidos políticos o de quienes aspiren a una candidatura independiente los listados de personas que se pretendan postular a dichos cargos, ya sea en el ámbito federal o local.
El procedimiento se realizará previo al registro ante la autoridad electoral para que, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles.
La entrega de la información podrá ser total o parcial y se realizará de manera voluntaria por parte de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente.
Los partidos políticos, con base en la información que les sea proporcionada por la Comisión, determinarán sobre la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatas por el instituto político.
La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas deberá estar integrada, instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027.
Las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera que, de manera enunciativa, serán la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que establecerán la metodología y los criterios aplicables para realizar sus evaluaciones de riesgo y con base en ello, determinar la existencia de un riesgo razonable a partir del análisis de la información indiciaria con la que cuenten para presumir que la persona evaluada está relacionada con actividades delictivas.
“Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo al presupuesto aprobado al Instituto Nacional Electoral, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos ni en los ejercicios fiscales subsecuentes”, establece el decreto, que fue remitido a la titular del Poder Ejecutivo Federal.
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