Tras 15 años sin recibir sentencia condenatoria, un juez federal ordenó que el Subteniente de Infantería Jorge Alberto Tadeo Hernández, lleve dentro del Campo Militar 1-A su proceso penal por homicidio y tortura contra un integrante de Los Zetas, en 2011.
José Reynoso Castillo, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, autorizó al oficial salir de la prisión militar porque hasta el momento no se ha demostrado su responsabilidad en el caso registrado en el marco de las operaciones contra el narcotráfico en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Sin embargo, debe permanecer al interior de las instalaciones del Campo Militar 1-A, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ubicadas en la Ciudad de México, desde donde pide ser incorporado a actividades administrativas y de oficina pero ha sido ignorado por las autoridades militares.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, Tadeo Hernández afirma que salió de la prisión militar; pero se considera preso nuevamente al no poder salir de las instalaciones del Campo Militar 1-A, “General Álvaro Obregón”, de la alcaldía Miguel Hidalgo.
“El juez Cuarto me concedió la medida cautelar especial, sin que hasta el momento haya sido incorporado a actividades administrativas y pues sigo en prisión militar, pero en su área exterior”, señala.
Desde hace meses, asegura, recorre diariamente las instalaciones militares en busca de que se le tome en cuenta en actividades administrativas dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no lo ha conseguido por su proceso penal, algo que considera violatorio a sus derechos humanos.
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Desde abril de 2012, Tadeo Hernández lleva un proceso penal por homicidio y tortura contra Eduardo González, integrante de Los Zetas, que detuvo en posesión de drogas y armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en Nuevo León.
El militar se ha negado a ser sentenciado porque considera que en su caso no se ha tomado en cuenta la directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012 establecida por la Sedena en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en la que se exigía a todos los comandantes del Ejército actuar contra el “enemigo”.
“La directriz de combate al narcotráfico y su cuestionario inteligente están bajo resguardo en el juzgado y no han sido incorporados como pruebas en el expediente de la causa penal en mi contra, además de que no se ha tomado acción legal en contra del Ministerio Público Militar, adscrito a la Séptima Zona Militar en Escobedo, Nuevo León, que integró la carpeta de investigación en 2011, puesto que favoreció indebidamente a supuestos testigos también militares”, indica.
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