Nepo babies de la política mexicana; apellidos, negocios y polémicas sobreviven a sexenios

Por décadas, los nepo babies de la política mexicana han sido sujetos de controversias y cuestionamientos por sus puestos, negocios, viajes e incluso encuentros con integrantes del crimen organizado. Una serie de casos recopilados por EL UNIVERSAL muestra que los vínculos entre familia y poder han atravesado distintos gobiernos y partidos.

Víctor Alarcón Olguín, doctor en Estudios Sociales y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) explica en entrevista con este diario que el apellido en la política puede ayudar a establecer redes y conexiones, pero advierte que el parentesco no siempre basta para explicar una carrera.

Los hijos del último presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se salvaron del escrutinio. José Ramón López Beltrán fue cuestionado en 2022, cuando Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus revelaron que él y su esposa vivieron en Houston en la llamada “Casa Gris”, propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex.

Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán han enfrentado cuestionamientos por los negocios de personas de su círculo cercano, entre ellas su amigo Amilcar Olán, cuyas empresas obtuvieron contratos en salud y obras del sexenio obradorista. Audios difundidos por los medios muestran a Olán hablando de negocios de balasto para el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, atribuyendo las intervenciones a los hijos del entonces presidente.

Tras el sexenio de su padre, Andy dio el salto formal a la política, en 2024 asumió la Secretaría de Organización de Morena, que dejó en mayo de 2026 para buscar una diputación federal por Tabasco. En agosto volvió a la polémica al anunciar que le fue retirada su visa estadounidense.

La defensa del hijo de López Obrador tiene un costo político para Morena, afirma Alarcón, debido al protagonismo que se espera que adquiera en los próximos años y las expectativas sobre sus futuras aspiraciones.

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Negocios, política y crimen

Los hijos del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya han sido señalados por negocios ligados al gobierno estatal, una investigación de MCCI documentó que empresarios asociados con José Jesús y Ricardo Rocha Ruiz recibieron cerca de 15 millones de pesos en contratos y pedidos del DIF Sinaloa, los Servicios de Salud estatales y el ayuntamiento de Culiacán.

Familia del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Foto: Instagram.

Entre los casos documentados están Verduras de El Dorado, vinculada con José Jesús a través de un socio comercial y que obtuvo contratos con el DIF estatal, dependencia a cargo de su hermana. Otro caso es el de Grupo Rofcar, empresa en la que José Jesús era accionista y a la que Salud Estatal realizó compras en 2022. En mayo de 2026, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa pidió investigar los señalamientos sobre los negocios de la familia del gobernador.

El hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, también fue señalado por la llegada de la empresa china Mainland Headwear a Agua Prieta. Latinus documentó la amistad de Alfonso Durazo Chávez con Alexander Ngan, directivo e hijo del fundador de la compañía, así como su participación al frente de un fideicomiso al que se incorporaron alrededor de 150 hectáreas vinculadas al proyecto. El gobernador negó algún beneficio personal, pero confirmó la participación de su hijo y aseguró que su amistad con la familia dueña de Mainland generó confianza para concretar la inversión.

Los lazos familiares llegaron hasta la Marina con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante y sobrinos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de López Obrador, quienes enfrentan acusaciones de liderar una red de huachicol fiscal. Manuel Roberto permanece preso y sujeto a proceso, mientras Fernando, detenido en Argentina y trasladado a México, fue vinculado a proceso el 27 de agosto.

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Los nepo… no tan babies

Una reunión, una cerveza y una plática…pero con el líder de los Caballeros Templarios, así fue captado en 2014 Rodrigo Vallejo Mora, “El Gerber”, hijo de Fausto Vallejo Figueroa, entonces gobernador de Michoacán. En 2014 un video confirmó su encuentro con Servando Gómez “La Tuta”, líder de los Caballeros Templarios. El encuentro derivó en un proceso por encubrimiento y una sentencia de siete meses; años después enfrentó una acusación por delincuencia organizada, de la que fue absuelto en 2023.

Fabián Granier Calles, hijo del exgobernador de Tabasco Andrés Granier, enfrentó acusaciones por defraudación fiscal, por las que fue detenido en dos ocasiones y absuelto en 2019. Años después llegó al Congreso estatal como diputado local del PRI.

Fabián Granier. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Los hijos de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox, también fueron sujetos de controversia. En 2005, la Cámara de Diputados creó una comisión para investigar un posible tráfico de influencias en los negocios de Manuel, Jorge y Fernando Bribiesca Sahagún relacionados con dependencias federales. Las indagatorias incluyeron testimonios que señalaban a Jorge Bribiesca y su tío Guillermo Sahagún por presuntas gestiones para obtener contratos con Pemex a cambio de comisiones y derivaron en solicitudes de investigaciones financieras y una denuncia penal ante la PGR.

El caso de la organización NXIVM, dirigida por Keith Raniere y envuelta en escándalos de abuso, violencia y tráfico sexual, alcanzó a dos familias presidenciales, aunque con vínculos distintos. Ana Cristina Fox, hija de Vicente Fox, tomó un curso de Executive Success Program (ESP), mientras Emiliano Salinas Occelli, hijo de Carlos Salinas de Gortari, estuvo durante alrededor de 15 años al frente de ESP en México.

La familia en la nómina y U2

Uno de los sexenios más cuestionados por las posiciones que obtuvieron familiares del presidente fue el de José López Portillo. Durante su administración, su hijo José Ramón se incorporó a la Secretaría de Programación y Presupuesto, mientras dos de sus hermanas y un primo ocuparon cargos en el gobierno.

Para Rogelio Hernández, este caso marcó un punto de quiebre en comparación a otras familias presidenciales: “aprovechó el talento, la inteligencia del hijo, lo mantuvo cerca de él y le dio puestos públicos y de relevancia sin que pasara por ningún principio de meritazgo dentro de la administración pública”, apunta.

“En los partidos que llegaron (luego de los sexenios priistas), hay que reconocer que los panistas fueron relativamente discretos, pero lo que ha pasado en los últimos tiempos es el colmo del aprovechamiento del espacio público para hacer para sacar adelante intereses privados”, reflexiona el especialista.

El parentesco no traslada automáticamente las responsabilidades, Víctor Alarcón señala que cada individuo debe responder por sus propios actos, salvo que se acredite algún tipo de colusión o participación del funcionario.

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No todas las polémicas llegaron a oficinas públicas, a algunas les bastó un escenario, como el caso de Ernesto, Emiliano y Carlos Zedillo, quienes en 1997 asistieron al concierto de la banda U2 en el entonces Foro Sol; antes de que terminara la presentación, integrantes del Estado Mayor Presidencial que los custodiaban intentaron sacarlos por una zona restringida, lo que derivó en un enfrentamiento con personal de producción y seguridad del grupo irlandés.

Ernesto Zedillo Velasco votando en las elecciones de 1997. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

“Cuando alguien presume el apellido y esa presunción se convierte en aprovechamiento de una oportunidad, claramente estamos ante un conflicto de interés”, puntualiza Rogelio Hernández, quien ha escrito sobre líderes y grupos políticos.

Familia de Ernesto Zedillo en 1994. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Ven avances contra el nepotismo

La presencia de familias en la política también alcanzó la discusión legislativa, puntualiza Alarcón, quien reconoce un avance con la reforma contra el nepotismo impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La propuesta, realizó una modificación constitucional que en términos generales, establece que una persona no podrá competir por determinado cargo de elección popular si, durante los tres años anteriores a la elección, tuvo determinados vínculos familiares con quien ocupa ese mismo cargo. Sin embargo, la aplicación de estos cambios a la ley entrarán en vigor hasta el año 2030.

PRI, PAN, Morena, en Los Pinos o Palacio Nacional, las polémicas cambian de protagonistas y abandonan las primeras planas, los apellidos, en cambio, sobreviven a los sexenios.

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