Eunice Rendon | 28-08-26 | 03:25 |

La administración de Donald Trump prepara la que podría convertirse en la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos. De acuerdo con documentos obtenidos por Associated Press, el Departamento de Estado, en coordinación con el de Seguridad Nacional, pretende revocar hasta 200 mil visas B1 y B2 —de negocios y turismo— expedidas entre 2016 y 2026 a extranjeros que, después de ingresar como visitantes temporales, solicitaron asilo.

La medida aún no ha sido formalmente publicada y tampoco se ha confirmado el número de personas que podrían ser afectadas. Sin embargo, el argumento de la administración es que algunas personas habrían utilizado una visa temporal para entrar al país cuando su verdadera intención era permanecer mediante una solicitud de asilo.

El asunto es jurídicamente mucho más complejo. Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga al gobierno amplias facultades para revocar una visa; la misma legislación establece que cualquier extranjero físicamente presente en EU tiene el derecho a solicitar asilo, independientemente de su estatus migratorio. Haber ingresado como turista y posteriormente solicitar protección no demuestra, por sí solo, que existiera fraude.

Las circunstancias también pueden cambiar. Una persona puede haber viajado legítimamente por turismo o negocios y posteriormente enfrentar persecución, violencia o una modificación de las condiciones en su país que justifique solicitar protección. Por ello, uno de los principales debates será si el gobierno puede convertir la solicitud posterior de asilo en una presunción general de que existió engaño desde el origen, sin analizar individualmente cada caso.

Revocar una visa no significa automáticamente deportar a su titular. Para quienes ya están en Estados Unidos y tienen una solicitud de asilo pendiente, la cancelación de una B1/B2 afectaría principalmente futuros viajes o reingresos, mientras el proceso de asilo seguiría su curso.

La medida seguramente enfrentará impugnaciones. Aunque el Ejecutivo tiene amplias facultades para otorgar y revocar visas, existen límites legales. Apenas la semana pasada, una jueza federal anuló la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países al considerar que el Departamento de Estado había excedido sus facultades.

Desde el regreso de Trump, el Departamento de Estado ha revocado más de 175 mil visas por distintas causas. También se ha incrementado el escrutinio de redes sociales, establecido nuevas restricciones y condiciones para solicitantes y limitado la posibilidad de tramitar visas de no inmigrante fuera del país de nacionalidad o residencia.

El 6 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva contra el llamado turismo de nacimiento. La disposición permite adoptar medidas contra extranjeros que utilicen visas de no inmigrante con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense.

Esta misma semana el Departamento de Estado pausó temporalmente las citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo mientras capacita a sus funcionarios para aplicar criterios más estrictos para identificar a quienes podrían convertirse en “carga pública”.

Estamos ante una política migratoria que utiliza cada vez más las visas no sólo como documentos de viaje, sino como instrumentos de control y disuasión. Y precisamente por la amplitud con la que se están utilizando esas facultades, los tribunales estadounidenses tendrán nuevamente la tarea de determinar dónde termina la discrecionalidad del Ejecutivo y dónde comienzan los límites que establece la ley.

@EuniceRendon

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