Procede el desafuero del senador Enrique Inzunza

El senador Enrique Inzunza sabe que mientras mantenga su cargo público goza de inmunidad procesal. Esto significa que ninguna autoridad puede ejercitar acción penal en su contra ante las autoridades judiciales, aun en el supuesto de que existan elementos de prueba que acrediten su probable intervención en la comisión de un delito. Por eso, después de más de cien días de ausencia, anunció su reincorporación al Senado el próximo 30 de agosto y se negó a solicitar una nueva licencia como varios de sus excompañeros militantes lo pidieron públicamente.

Para efectos legales, es irrelevante que haya renunciado a seguir formando parte de la bancada de Morena para constituirse en un senador independiente. En el fondo, todo indica que su objetivo es no quedar a disposición de las autoridades judiciales del gobierno de los Estados Unidos de América, que requirieron al Estado Mexicano su colaboración para que se le detenga desde el pasado 29 de abril.

Teóricamente los legisladores deben gozar de inmunidad para garantizar el libre ejercicio de su función legislativa. La razón por la que existe el fuero constitucional en México, al igual que en otras partes del mundo, es en favor del Poder Legislativo que actúa como asamblea, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República. No obstante, el fuero no es un privilegio en lo individual; su objetivo es proteger a los legisladores de cualquier acción legal que pueda afectar su función representativa. No es el caso de quien es acusado de tener vínculos con el crimen organizado, porque eso nada tiene que ver con las funciones legislativas del Senado de la República.

Es facultad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión decidir si ha lugar o no a desaforar al actual senador independiente. La interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que el juicio de procedencia no juzga si hay delito o responsabilidad penal. En su lugar, se valora si el servidor público debe enfrentar en ese momento el proceso penal o no, pues se trata de una ponderación política a cargo de un órgano político, que aunque es precedida por un antecedente penal, se erige como un acto de soberanía del mencionado órgano legislativo.

En este caso, el delito que se le imputa fue cometido presuntamente en contra de los Estados Unidos de América, por eso es requerido en extradición. Como lo señalábamos, públicamente sus propios compañeros de partido le han sugerido pedir licencia al cargo y no presentarse al periodo ordinario de sesiones, y el senador Inzunza tampoco ha escuchado la recomendación del Ejecutivo Federal. En nuestra opinión, esta circunstancia representa una oportunidad para que exista un acuerdo político con la oposición y se deje constancia de que el fuero constitucional no es, ni debe ser, un escudo de la clase política corrupta que pretenda la impunidad de los hechos delictivos que les atribuye la autoridad competente.

Hasta el momento de escribir esta reflexión, el senador independiente persiste en no solicitar licencia. Quizá en los próximos días sabremos si el rechazo mayoritario de sus compañeros de bancada se traduce en un juicio de procedencia, o si prevalece el abuso de la figura del fuero en favor de la impunidad que tanto lastima al pueblo de México.

Académico de la UNAM

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