México se anticipa en regular trabajo en plataformas digitales; convenio de la OIT incluye temas de reforma laboral del 2024

México se anticipó a la regulación del trabajo en plataformas digitales con la reforma laboral de 2024, que incorporó derechos y obligaciones que forman parte del Convenio 193 sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas, aprobado el pasado 12 de junio en Ginebra, Suiza, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Después de dos años de negociaciones entre gobiernos, empleadores y trabajadores, la Organización Internacional del Trabajo avaló el primer convenio de alcance mundial dedicado exclusivamente a quienes trabajan mediante aplicaciones digitales.

Este instrumento establece un piso mínimo de derechos para millones de personas repartidoras, conductoras y prestadoras de servicios en plataformas, sin importar la forma jurídica bajo la que hayan sido contratadas.

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El Convenio 193 incorpora temas que México ya llevó a su legislación: acceso a la seguridad social, reglas para determinar cuándo existe una relación laboral, obligaciones para las empresas de plataformas, transparencia en el uso de algoritmos, derecho a revisar las decisiones automatizadas y mecanismos de inspección para garantizar el cumplimiento de la ley.

La reforma mexicana también responde a uno de los debates que ha marcado la discusión internacional: cómo ampliar la protección laboral sin desaparecer la flexibilidad que caracteriza a este tipo de trabajo. Para ello se diseñó un esquema que permite el acceso pleno a la seguridad social cuando se alcanza un determinado nivel de ingresos, pero mantiene cobertura por riesgos de trabajo para quienes aún no llegan a ese umbral.

México anticipó el estándar internacional con la reforma del 24 de diciembre de 2024, que adicionó el Capítulo IX Bis a la Ley Federal del Trabajo para definir el trabajo en plataformas como una relación laboral subordinada flexible y discontinua. Además, aplicó una prueba piloto a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en julio del año pasado y que entró en operación obligatoria a partir del 1 de enero de 2026.

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A nivel internacional no existe un único modelo. España apostó por la presunción de la relación laboral; Chile creó un régimen especial para trabajadores dependientes e independientes; la Unión Europea aprobó una directiva que facilita el reconocimiento de la relación laboral cuando existe control empresarial; el Reino Unido conserva la figura intermedia de “worker”, y California mantiene un esquema mixto con beneficios limitados.

México, en lugar de crear una nueva categoría laboral optó por fortalecer la protección social, establecer obligaciones para las plataformas digitales y conservar un margen de flexibilidad para quienes prestan servicios a través de aplicaciones.

Esa experiencia fue incorporada por la OIT al Digital Labour Platform Policy Tracker, que reúne las principales reformas impulsadas por distintos países para regular este sector.

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Reforma beneficia a un millón 554 mil 053 personas

Los primeros resultados muestran el alcance de la reforma en México. Al cierre de mayo de 2026, un millón 554 mil 053 personas habían sido beneficiadas por el nuevo marco legal. De ellas, 197 mil 131 superaron el umbral de ingresos previsto en la ley y ya cuentan con acceso pleno a la seguridad social. El salario promedio diario de este sector es de 452.3 pesos.

Con la adopción del Convenio 193, los países miembros de la OIT tendrán ahora el reto de adaptar sus legislaciones a los nuevos estándares internacionales, pero buena parte de los principios que hoy conforman el primer acuerdo mundial sobre trabajo decente en plataformas ya forman parte del marco jurídico en México. Es decir, mientras muchos países debatían cómo regular el trabajo en plataformas digitales, México ya había dado pasos que hoy coinciden con el nuevo estándar internacional.

Para su ratificación en nuestro país, el Convenio 193 deberá ser sometido a un diagnóstico de viabilidad por parte de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Relaciones Exteriores (SRE). Después tendrá que ser avalado por el Senado de la República para que el Ejecutivo pueda proceder a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Una vez concluido este proceso, el Convenio empezará a surtir efecto con carácter vinculante en tribunales mexicanos 12 meses después.

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