México, país más violento con la prensa: Artículo 19
Documenta siete asesinatos, una desaparición y 451 agresiones en 2025; persiste hostilidad por la convergencia del abuso del poder público y el crimen, alerta
En 2025, México registró siete asesinatos, una desaparición y 451 agresiones contra periodistas, en un entorno donde “informar sigue implicando riesgos extremos para periodistas y medios”, señala Artículo 19.
El informe Estructuras del Silencio: censura, opacidad y vigilancia, elaborado por el organismo internacional, ubica a México como el país con mayor violencia letal contra la prensa en América Latina en 2025, con siete homicidios y un caso de desaparición.
En conjunto con Guatemala y Honduras, se registraron 12 asesinatos de periodistas en un año. “Detrás de cada caso hay un patrón reiterado de impunidad y un mensaje que hace las veces de ejemplo siniestro para el resto del gremio”.
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En total, la organización documentó 451 agresiones contra la prensa en México. De ellas, 199 corresponden a “ambiente hostil” (44.12%), 151 a abuso del poder público (33.48%) y 53 a violencia física y ataques directos (11.75%).
El documento advierte que “lejos de tratarse de hechos aislados, las agresiones contra la prensa responden a patrones sostenidos que demuestran un ambiente hostil contra el gremio”.
Las amenazas continúan como uno de los mecanismos más recurrentes. Durante 2025 se documentaron 112 casos. Es decir, “en México cada cuatro días una persona periodista es amenazada”.
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A esto se suman 65 casos de estigmatización, de los cuales 39 (60%) provinieron de autoridades o partidos políticos. Sobre este fenómeno, el informe sostiene que estos discursos “no constituyen expresiones neutrales de opinión” y que, en contextos de violencia e impunidad, “pueden funcionar como mecanismos de habilitación de la violencia”.
El informe ubica estas agresiones en una tendencia sostenida de violencia extrema.
Desde el año 2000 han sido asesinadas 176 personas periodistas por posible relación con su labor y 32 permanecen desaparecidas. En 2025, además, se documentaron ocho tentativas de asesinato.
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Tanto los homicidios como las desapariciones comparten “la impunidad estructural”, ya que “en la mayoría de los casos, las investigaciones carecen de un enfoque diligente y exhaustivo; se omite considerar la labor periodística como línea principal de investigación y persisten prácticas de revictimización”.
En este contexto, el documento advierte que “la violencia letal es una sombra constante en el país” y que las agresiones generan “un efecto inhibidor que limita la libertad de expresión”.
El uso del aparato estatal también aparece como un mecanismo central de presión. Durante 2025, 67 periodistas y medios enfrentaron procesos legales —29 electorales, 17 penales, 13 civiles y ocho administrativos.
“El objetivo no es necesariamente obtener una sentencia condenatoria, sino castigar el ejercicio periodístico mediante el proceso mismo”, señala el informe, y añade que en 49 casos (73.13%), las acciones fueron promovidas por funcionarios o actores políticos, lo que “convierte al sistema de justicia en una herramienta de censura”.
Sobre el contexto general, el documento sostiene que “México vive una persistente hostilidad contra la prensa, caracterizada por la convergencia entre el abuso del poder público para inhibir el ejercicio periodístico y las violencias criminales”.
En ese entorno, “informar sigue implicando riesgos extremos para periodistas y medios, afectando directamente el derecho de la sociedad a estar informada”.
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En el plano territorial, Ciudad de México, Puebla y Veracruz concentraron el mayor número de agresiones, con 84, 39 y 34 casos, respectivamente.
En contraste, en entidades con menor registro, como Sinaloa, el informe advierte que “puede considerarse autocensura cuando se divulga información”.
El documento también da cuenta de desplazamientos forzados internos. En 2025 se registraron al menos dos casos, ambos en Michoacán, lo que implica “la ruptura abrupta de la vida personal y profesional, pérdidas económicas, daños sicosociales y la interrupción de la cobertura informativa”.
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En materia de acceso a la información, Artículo 19 documentó “un patrón creciente de ‘incompetencias’ injustificadas, respuestas desactualizadas y pérdida de la trazabilidad documental”.
Además, reporta que 32% de las respuestas a solicitudes fueron incompletas, mientras que 60% de las personas encuestadas recibieron información incompleta, 53.3% obtuvo respuestas de inexistencia y 84% identificó prácticas reiteradas de este tipo.
El informe añade que el nuevo órgano Transparencia para el Pueblo desechó alrededor de 99.6% de los recursos de revisión en sus primeros meses: de 2 mil 253 recibidos, solamente 457 fueron resueltos y 455 se desecharon por “incumplimientos técnicos”, lo que refleja que “la prioridad se desplazó del análisis de fondo a la depuración administrativa”.
En paralelo, el documento señala que “la censura en línea también está presente en el país”. Durante 2025 se registraron 17 casos de eliminación o restricción de contenidos periodísticos.
“La censura digital opera con opacidad, fragmentación y baja trazabilidad”, lo que dificulta su identificación y limita el acceso a información de interés público.
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